La Diputación de Cádiz cerró el presupuesto de 2017 con una liquidación positiva de 16,5 millones de euros. Los remanentes de tesorería para gastos generales se cifran en 30 millones. Los dos saldos citados son términos consolidados, es decir que corresponden a la actividad de la propia institución provincial y de los organismos y empresas públicas dependientes.
De este modo, sobre las previsiones presupuestarias del último ejercicio, se ha cumplido el 85% de los ingresos (230 millones en cifras absolutas) y el 80% de los gastos (213 millones). El endeudamiento se fijó en un 62% de los recursos liquidados, 40 puntos menos que hace tres años cuando el PP fue apeado del gobierno provincial y empezó la andadura del actual Ejecutivo del PSOE, apuntalado por una diputada del extintito PA, y 50 puntos menos del límite legal. El ahorro neto superó el 19%.
El responsable del área de Servicios Económicos de la Diputación, Jesús Solís, ha sido el encargado de esbozar estas cifras, para confirmar “el cumplimiento de todos los parámetros legales que acreditan la salud económica de una entidad pública”: estabilidad económica, regla de gasto y límite de endeudamiento.
Solís ha destacado, no obstante, que esos registros no responden a una visión austera del ejercicio político, sino todo lo contrario: “hemos llevado al límite el gasto imputable que nos autorizaba el Ministerio de Hacienda”. La Diputación gaditana, conforme a las exigencias de la normativa estatal, podía asumir un gasto máximo de 172 millones de euros, “y en una decisión casi de ingeniería contable hemos podido invertir 170 millones”.
Según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, el responsable de Servicios Económicos ha aprovechado esta rendición de cuentas para insistir en una reivindicación que las entidades locales reclaman ante Cristóbal Montoro: la opción de destinar todo superávit y remanente positivo en inversiones que necesite la ciudadanía, y no sólo a devolver dinero a los bancos.
Jesús Solís considera que el actual Gobierno de la Diputación se caracteriza por “ser expansivo” en las inversiones públicas. En tres años se han emprendido cuatro planes de cooperación local en pequeños municipios que han agrupado un saldo de 17 millones, así como dos planes Invierte, estos sí en todos los municipios y ELAs, que suman 24 millones. Ambos programas están sostenidos exclusivamente con superávit y remanentes de la propios institución, al objeto de propiciar contrataciones, servicios públicos de calidad para los municipios y faena para empresas locales de la construcción. Esos “beneficios sociales” podrían ampliarse si el Ministerio de Hacienda “abandonara los criterios austericidas y no penalizara a las entidades locales”, interpreta
EL PERIODO MEDIO DE PAGO, POR DEBAJO DE LOS 60 DÍAS
La liquidación del último presupuesto ha coincidido con la obtención del periodo medio de pago (PMP) del mes de abril y que se ha tasado en 59 días (el límite legal está en 30 días, pero casi ninguna administración pública lo cumple), según consta en un informe de la Tesorería de la Diputación que ya se ha remitido a la Junta de Andalucía en calidad de órgano de tutela.
Con este dato, entiende Solís, se disipa la amenaza que ha lanzado Hacienda en las últimas semanas de retención sobre los ingresos procedentes de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE). “Nuestro próximo objetivo, tras normalizar el periodo medio de pago, será bajar de 30 días tal como conseguimos en el primer semestre de 2017”, agrega.
El responsable de Servicios Económicos ha repetido que el PMP se desvió en septiembre de 2017, al tener que reconocer más de 350 facturas de proveedores “que no estaban conformadas” con un saldo de 1,5 millones de euros por servicios encomendados por el anterior gobierno de la Diputación, del PP. Facturas que al ser de años anteriores engrosaban sensiblemente el promedio de pago.
Esa circunstancia, según ha descrito este diputado provincial socialista, “se explicó públicamente a los medios de comunicación, a la oposición y al Ministerio de Hacienda, indicando que en abril normalizaríamos la situación, tal como se está cumpliendo”. Frente a esas aclaraciones, y mirando indirectamente al portavoz popular y expresidente, José Loaiza, ha lamentado que “sólo encontramos sectarismo y reiteradas peticiones de dimisión”.
PERO EL PP HABLA DE “AGUJERO NEGRO” EN LA HACIENDA PROVINCIAL
Pese a las explicaciones de Solís, en la misma jornada del martes el portavoz del PP en Diputación ha acusado a la presidenta, Irene Garcia, de convertir la hacienda provincial en un “agujero negro”, después de que, asegura, haber conocido la liquidación de facturas de 2017 por valor de 180.000 euros “que no han sido debidamente contabilizadas”. Con estas cantidades y en solo un mes, “han aflorado pagos por valor de medio millón de euros”.
Loaiza indica que, “por un lado, se ha aprobado ahora la justificación de gastos por valor de 83.300 euros para ocho municipios por subvenciones otorgadas a dedo el año pasado para ayudar económicamente a organizar fiestas locales, acreditando un sectarismo y un oscurantismo intolerables”. En todos estos casos, la Diputación asume que ha recibido la documentación justificativa dentro del ejercicio 2017, pero “no ha podido tramitar el reconocimiento de la obligación antes de finalizar el año”.
Por otro lado, la derecha habla de gastos por más de 100.000 euros para hacer frente a 87 facturas correspondientes a una veintena de contratos del ejercicio 2017 “que tampoco han sido imputadas a dicho ejercicio contable”. Las Diputación, ha remarcado, asume igualmente que el gasto correspondiente a dichas facturas habían llegado debidamente a la fase de disposición del gasto en el ejercicio correspondiente a su realización.
Estas cantidades “se suman a otros 330.000 euros de servicios facturados en 2017 pero que no fueron abonados hasta el ejercicio corriente porque la Diputación argumentaba errores informáticos en la contabilidad”.
“Las trampas y el caos contable de la institución provincial tienen que aclararse y conocer qué está haciendo con el dinero de todos los gaditanos”, ha señalado quien fuera presidente de la institución hasta mayo de 2015, y ha advertido de que “las cifras del desastre son peores porque hay facturas, como ha quedado demostrado, en el limbo”.
Y por último, ha repetido –pese a desmentirlo el Gobierno provincial, ya con fecha de abril- que “el periodo medio de pago de la Diputación se sitúa por encima de los 278 días al término del primer trimestre”; una situación que se daba heredada por la propia gestión popular, pero eso no lo pregona.
