El Parador de Cádiz ha servido de escenario de una reunión de la Mesa de Coordinación Operativa (MECO) del IV Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que va más allá y opera en toda la provincia gaditana, pero también en las de Huelva, Málaga, Granada, Almería y Sevilla.
Entre las conclusiones de dicho encuentro, las unidades de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) han apostado por “intensificar” la investigación y persecución de las estructuras de apoyo logístico a las organizaciones que se dedican al narcotráfico en el territorio afectado por este operativo.
El Ministerio del Interior, ya con Fernando Grande-Marlaska al frente, diseñó este plan especial en julio de 2018 para atajar el notable y progresivo deterioro de la seguridad ciudadana detectado entonces en la comarca del Campo de Gibraltar como consecuencia de la actuación de organizaciones delictivas dedicadas al contrabando y el narcotráfico. Dados sus “buenos resultados”, el plan fue prorrogado en 2020 y ampliado al conjunto de las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva, y de nuevo en 2022, extendido también a las provincias de Almería, Granada y Sevilla. Y a finales de 2023, se decidió una nueva prórroga hasta 2025, el IV plan vigente.
La MECO del plan reunida en la capital gaditana ha estado presidida por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, que antes de nada ha mostrado el “absoluto respeto, admiración y recuerdo” del Ministerio a los dos guardia civiles “asesinados” el pasado mes de febrero en aguas de Barbate arrollados por una narcolancha (trágico suceso que ha reavivado la petición de sindicatos policiales y partidos de derechas de que Cádiz sea declarada Zona de Especial Singularidad, aunque de momento Interior no lo ve una prioridad), y para los dos fallecidos este marzo en un control de carretera en la provincia de Sevilla.
De inicio, se ha hecho un balance de gestión de los dos primeros meses del IV Plan Especial, que los asistentes han calificado de “positivo”: en enero y febrero de este 2024 se han desarrollado 1.712 operaciones por narcotráfico y contrabando y 104 por blanqueo de capitales y otros delitos financieros en las seis provincias andaluzas ‘vigiladas’; hay 989 detenidos/investigados, y se han aprendido más de 27 toneladas de drogas, sobre todo hachís.
A continuación, todos han estado de acuerdo en intensificar la investigación y persecución de las estructuras de apoyo logístico que facilitan a los narcos el aprovisionamiento de combustible para sus vehículos terrestres y marítimos, el almacenaje y transporte de los alijos y las tareas de descarga y vigilancia de la droga.
Asimismo, se ha valorado como necesaria la continuidad y el refuerzo de la colaboración internacional, dado que la actividad policial intensificada en esta zona geográfica ha derivado en el desplazamiento de las rutas de entrada de drogas no sólo dentro de la península ibérica, sino también hacia otros países del Mediterráneo. Esta cooperación se va a intensificar con países vecinos como Portugal y Marruecos, con cuyas fuerzas de seguridad se pretende reforzar y consolidar el intercambio de información sobre la lucha contra el narcotráfico.
INTENSIFICAR LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Según se detalla en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, en esta reunión de la MECO han participado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores; el director general de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez; y el jefe de la División contra el Crimen Organizado del CITCO, el coronel de la Guardia Civil Jesús García.
Los jefes superiores de la Policía Nacional de Andalucía Occidental, comisario Andrés Martín, y de Andalucía Oriental, comisario Luis Jesús Esteban, han encabezado la representación del cuerpo asistente al encuentro, mientras que al frente de la de la Guardia Civil ha estado el jefe de la Zona de Andalucía, general Luis Ortega. La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera ha estado representada por sus responsables en Cádiz, Santiago Villalba, y en Algeciras, Lisardo Capote.
Y con el objetivo también de intensificar la coordinación institucional entre los actores implicados en la lucha contra el narcotráfico, en este encuentro han participado de la misma manera el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río; la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y la fiscal delegada Antidroga en Andalucía, Ana Villagómez; la coordinadora de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, Esperanza Pérez, y el subdirector general de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia, Javier Morales.
MÁXIMO HISTÓRICO DE AGENTES POLICIALES EN LAS PROVINCIAS BENEFICIADAS POR EL PLAN
En la actualidad, en las seis provincias andaluzas cubiertas por el IV Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar operan 25.356 policías y guardias civiles, máximo histórico tras ver incrementadas las plantillas de las unidades afectadas en 3.690 agentes desde que en junio de 2018 se puso en marcha este dispositivo, que cuenta demás con un refuerzo extraordinario de 1.181 policías y guardias civiles de media al mes.
Entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2023, Interior afirma que ha invertido 39,2 millones de euros en el refuerzo de las plantillas policiales que actúan en el territorio afectado, que en este capítulo cuenta con un presupuesto de 17,5 millones para 2024 que se ampliará en 2025 según las necesidades operativas.
Además de los incrementos de plantillas, desde 2018 se han invertido 40,1 millones de euros en medios materiales, tecnológicos y de apoyo a las actividades de investigación e inteligencia policial, que cuentan con un presupuesto de 19,4 millones de euros también para el año 2024, ampliables en 2025.
Desde 2018, este esfuerzo inversor ha permitido entregar a las Fuerzas de Seguridad en el territorio de despliegue del Plan Especial 17 embarcaciones, cinco de ellas patrulleras de altura; 492 vehículos todoterreno, berlinas y furgonetas; 68 motocicletas; 186 equipos de seguimiento y localización marítima y otros 302 terrestres; 590 ordenadores portátiles o 129 equipos de videovigilancia, entre otros medios materiales y tecnológicos.
