Faitel Andalucía exige la revisión de la propuesta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de obligar a Telefónica a compartir red de fibra óptica con otros operadores para evitar la paralización de las inversiones de la operadora de 2.500 millones de euros en la región hasta 2020. Se alerta de que peligran en la provincia de Cádiz más de 1.260 empleos relacionados.
La Asociación Andaluza de Empresas Integradoras de Telecomunicaciones y Servicios TICC (Faitel Andalucía) exige la revisión de la propuesta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) de obligar a Telefónica a compartir red de fibra óptica con otros operadores para evitar la paralización de las inversiones de la operadora de 2.500 millones de euros en Andalucía en los próximos años.
La decisión de la operadora, que aún no está tomada, obedece a la reciente proposición de la CNMC para que dicha empresa de telefonía comparta las nuevas redes privadas de banda ancha con otros operadores salvo en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Alcalá de Henares, Barcelona, Coslada y Móstoles.
“Este frenazo en seco de las inversiones supondría un varapalo de enormes dimensiones para el sector en la provincia de Cádiz”, alerta su director, José Manuel Muñiz. Al respecto, Faitel esstima que la falta de trabajo para las subcontratas provocada por esa falta de inversión va a suponer hasta 2020 la pérdida de al menos 1.261 puestos de trabajo en la provincia, 257 de nueva creación y 1.004 empleos menos en el capítulo de profesionales del sector con formación refrendata hacia el despliegue de fibra.
“Las empresas gaditanas han invertido mucho en hacer acopio de las herramientas necesarias para afrontar la difícil tarea de dotar a Cádiz de una nueva red de banda ancha ultrarrápida”, añade Muñiz. Además han invertido en la formación de sus trabajadores. Una formación específica para abordar trabajos técnicos. “Eso no se puede deshacer. Han invertido en función de las expectativas del mercado en la provincia para ser competitivas. Y ahora podría darse el caso de que una de las principales operadoras no diera trabajo. Eso sería su ruina y se verían abocados a la desaparición”.
Los instaladores de Andalucía consideran en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que al menos ocho empresas se verán abocadas al cierre en Cádiz si no obtienen el retorno esperado a la obtención de recursos tanto técnicos como de conocimiento adquiridos “expresamente” para el despliegue de fibra óptica.
La proposición de la CNMC, ahora en periodo de alegaciones, recoge que Telefónica desplegará la fibra óptica y estará obligada a ofrecer a sus competidores acceso directo a dicha red privada en todos los municipios españoles salvo en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Alcalá de Henares, Barcelona, Coslada y Móstoles (donde ya hay un mínimo de dos redes de nueva generación desplegadas). Para el resto de las localidades, la tarifa que Telefónica cobrará por el alquiler de la infraestructura estará sujeta al precio mayorista regulado basado en los criterios de la Comisión Europea sobre costes y rentabilidad económica, denominado VULA (Virtual Unbundled Local Access), en español Desagregador Virtual de Acceso Local.
Dejar sin trabajo a tantas personas por una decisión del Gobierno así no me parece lógico. Inveritir en desarrollo es necesario.