CCOO en Cádiz considera “imprescindible” que la delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía elabore un “plan urgente de revisión” de las instalaciones educativas de la provincia.
Y es que este sindicato teme que puedan existir problemas estructurales en numerosos edificios que acogen a colegios e institutos, como se ha puesto de manifiesto estos días con el caso del CEIP San Ignacio en San Fernando, levantado en los años 70 del siglo pasado, y que “presenta en parte de sus instalaciones situación de ruina técnica”.
“No es sólo ya la eliminación del amianto existente en numerosos centros educativos de la provincia, es que lo que está en peligro es la seguridad de las personas”, afirma con preocupación el secretario general del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Cádiz, Sebastián Alcón; quien expone otros ejemplos de edificios en malas condiciones, como el colegio Maestra Caridad Ruiz de Sanlúcar y el colegio Parque del Estrecho de Algeciras.
A colación, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, este dirigente sindical entiende una “falta de responsabilidad” que el Comité de Seguridad y Salud Laboral de esta delegación territorial, del que forman parte los delegados de prevención de las organizaciones sindicales representativas del profesorado gaditano, no se reúna desde febrero de 2022, “cuando debe hacerlo al menos tres veces por curso escolar”, una demanda que ya se le ha solicitado a la administración autonómica “en reiteradas ocasiones”, las últimas por CCOO el pasado abril y por la Junta de Personal docente no universitario de Cádiz en mayo.
Además, CCOO acusa a la delegación territorial competente de “falta de transparencia” y de “oscurantismo” al no facilitar a los representantes del profesorado “los informes técnicos que nos consta que ya se han elaborado de diferentes centros educativos de la provincia que presentan problemas en sus instalaciones”; al tiempo que exige que todas las edificaciones escolares que tengan una antigüedad mayor de 45 años cuenten con el correspondiente informe de Inspección Técnica de Edificios (ITE) tal como exige la normativa.
“Tanto la consejería de Educación (ahora renombrada) como su delegación territorial de Cádiz, deben potenciar un servicio educativo público de calidad porque son los poderes públicos los que tienen la obligación de velar por la educación pública, el mejor garante de la igualdad de oportunidades”, sentencia Sebastián Alcón.
