La Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave Sol y Mar) de El Puerto ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, instándole a que respalde la “necesaria, obligada y justificada” participación de los vecinos en la redacción de la ordenanza de terrazas que el Ayuntamiento “está cocinando en un ambiente de opacidad informativa, especialmente con organismos que no son afines al equipo de Gobierno del PP”.
Los representantes vecinales exponen que han estado trabajando en una serie de “precisiones y propuestas” de manera conjunta con la asociación de personas con diversidad funcional La Gaviota, entendiendo que la regulación del uso y ocupación del suelo público “no puede reducir los derechos de los ciudadanos, y especialmente de aquellos que tienen problemas de movilidad reducida”.
En este punto, la Flave asegura haber tenido conocimiento de que algunos organismos han sido citados por el Gobierno portuense para dar un paso más en la puesta en común de propuestas de cara a la futura norma, “mientras que nosotros seguimos esperando a ser convocados, temiendo que no sea así”, pese a que se trata de “un problema de vital importancia para la convivencia ciudadana”.
“CAOS ABSOLUTO Y AUSENCIA DE CONTROL”
En el escrito a Maetzu, según se detalla en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la Flave explica que “en los últimos años hemos venido sufriendo un crecimiento desmesurado e incontrolable de las zonas de terrazas que han proliferado y proliferan en un marco legal obsoleto y anticuado, que ha permitido y permite la instalación y ocupación aleatoria e incontrolada de zonas públicas, en detrimento y perjuicio de residentes y visitantes”.
Ante este hecho, se añade, el Ayuntamiento autoriza la instalación de dichas terrazas “en un proceso administrativo opaco y con criterios dudosos y aleatorios, que deriva en un caos de ocupación de espacios públicos sin orden ni concierto, abierto y permisivo con los abusos reiterados de muchos hosteleros que extienden sus terrazas anárquicamente y aumentan progresivamente el número de mesas, sillas y mobiliario, a capricho”. Lo que conlleva que la ciudad se convierta en un “caos absoluto” que “no deja espacio de paseo y libre circulación para los propios portuenses”.
En este sentido, se considera que lo sensato es que el equipo de Gobierno realice “un control exhaustivo y riguroso de las instalaciones autorizadas, cosa que en esta ciudad brilla por su ausencia y contribuye al abuso por parte de muchos de los concesionarios”.
Por todo ello, la federación vecinal insiste en que el Ayuntamiento debe “abrir un debate con todos los agentes sociales implicados, que conduzca a la elaboración consensuada de una nueva reglamentación de uso de los espacios públicos”. Y “defiende, demanda y reclama” su participación “en cualquier proceso que las autoridades locales competentes implementen para acometer esta necesaria regulación.
“SITUACIÓN DE MARGINACIÓN”
En este escrito, la Flave también hace constar que propio Defensor del Pueblo ya tiene conocimiento “de la ausencia de normativa y de la continuada dejación en El Puerto, que le ha llevado a hacer pública una opinión, recomendación o llamada de atención razonadamente crítica con el tratamiento que el Ayuntamiento da al problema”.
Por todo lo expuesto, los representantes de las asociaciones de vecinos de la localidad sentencian que “no se dan las garantías necesarias para la defensa de nuestros derechos como actor social representativo y legitimado, y ante la situación de marginación y ausencia en este proceso, nuestra valoración crítica y nuestra opinión es que el Ayuntamiento está aplicando la política de hechos consumados que ya ha demostrado con anterioridad, en otros temas”.
“Nos tememos que cuando volvamos a ser convocados, si lo somos, sería para hacernos entrega de una normativa ya plenamente desarrollada y redactada sin haber podido participar, defender ni aportar nuestras ideas y criterios”, se lamenta.
