El Ayuntamiento de San Fernando ha destinado más de 12,4 millones de euros de su remanente de tesorería a cancelar anticipadamente dos préstamos contratados apenas tres meses antes (destinados a inversiones), justo cuando la nueva normativa estatal abre a las administraciones locales la posibilidad de esquivar la Ley Montoro (y no verse obligadas a priorizar a los bancos), y a utilizar estos recursos sobrantes para vivienda pública.
“Si en abril necesitas pedir prestados 12,7 millones de euros a diez años y en julio tienes dinero suficiente para devolver prácticamente todo el préstamo, ¿era realmente necesario pedirlo?”, pregunta al aire el principal partido de la oposición.
Estos dos créditos fueron formalizados con una entidad bancaria el 8 de abril, por un importe conjunto de más de 12,7 millones y con vencimiento previsto para el 8 de julio de 2036. Sin embargo, el 6 de julio, “solo 89 días después”, el Consistorio isleño inició el procedimiento para su amortización anticipada. En ese momento quedaban pendientes 12,4 millones, que se cancelan con cargo a un remanente de tesorería cifrado en casi 16,2 millones.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la concejala del PP Inmaculada Marín interpreta que “no estamos hablando simplemente de una operación contable. Estamos hablando de pedir casi 13 millones de euros prestados, pagar intereses por ellos y, menos de tres meses después, utilizar los ahorros municipales para devolverlos”.
“Si el dinero se pide para diez años y 89 días después decides devolverlo porque dispones de recursos suficientes, el Gobierno de Cavada tiene que explicar por qué fue necesario endeudarse y cuánto dinero público nos ha costado una operación de tan corta duración”, incide Marín; quien también aclaración sobre el mecanismo financiero empleado ya que “los remanentes municipales no constituyen una bolsa de dinero de libre disposición para financiar cualquier gasto”.
UNA OPERACIÓN DE “CASI 100.000 EUROS” EN INTERESES
Desde la derecha local se insiste en que “aunque la amortización tenga encaje presupuestario, esta forma de actuar desvirtúa la finalidad de unas reglas que limitan el uso de los remanentes. Se crea una deuda que dura apenas unos meses, se financian con ella determinadas actuaciones y después se consume el remanente para volver a dejar la deuda a cero”.
“Por eso la pregunta sigue siendo la misma -a decir de esta concejala-: ¿para qué pedir 12,7 millones a diez años y asumir un coste cercano a los 100.000 euros en intereses si 89 días después se decide devolver prácticamente todo porque había recursos suficientes? Eso es lo que Cavada tiene que explicar”. En este punto, el PP precisa que esa cifra de intereses es una estimación y por ello reclama la liquidación definitiva de la operación para conocer su coste exacto.
“CAVADA HABLA DE VIVIENDA PERO PRIORIZA A LOS BANCOS”
Por otro lado, el principal partido de la oposición reitera que los millones empleados en amortizar los préstamos representaban una oportunidad extraordinaria para analizar nuevas promociones de vivienda pública, adquisición de suelo, rehabilitación u otras actuaciones que, dentro de las posibilidades legales, permitieran aumentar la oferta residencial asequible. Teniendo en cuenta que desde junio el Gobierno de España permite, bajo determinadas condiciones, que los ayuntamientos utilicen superávit y remanentes para inversiones en vivienda.
Sin embargo, “Patricia Cavada ha preferido cancelar una deuda que ella misma acababa de crear antes que explorar hasta dónde podía llegar San Fernando aprovechando esos recursos para afrontar uno de nuestros principales problemas”. Una alcaldesa que “habla de vivienda. Pero las prioridades de un gobierno no se conocen por sus discursos, sino cuando tiene que decidir dónde pone el dinero”.
Marín reclamó al ejecutivo del PSOE que aclare por qué fue necesario contratar los préstamos, cuánto se ha pagado exactamente en intereses y qué alternativas de inversión se estudiaron antes de emplear 12,47 millones del remanente en su amortización.
“No cuestionamos la legalidad de amortizar deuda. Cuestionamos la lógica de pedir casi 13 millones a diez años para devolverlos 89 días después, después de haber generado un gasto financiero evitable. Y, sobre todo, cuestionamos la prioridad. Mientras San Fernando necesita vivienda asequible para que sus jóvenes y sus familias puedan quedarse aquí, 12 millones se han destinado a cancelar una deuda que apenas tenía tres meses de vida”, se quejan los populares.
Por ello, la concejala Inmaculada Marín demanda al equipo de Gobierno del PSOE que aclare por qué fue necesario contratar los préstamos, cuánto se ha pagado exactamente en intereses y qué alternativas de inversión se estudiaron antes de emplear esos 12,4 millones del remanente en su amortización anticipada.
