Tras darle vueltas y vueltas y mantener diversas reuniones en las últimas semanas, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha decidido, por unanimidad, interponer recurso de casación al Tribunal Supremo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) conocida a principios de octubre que anula de pleno derecho el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), vigente desde 2012 (aprobado en tiempos de gobierno local de PP y PA).
Entre los motivos para tumbar el documento urbanístico (aunque al recurrirse, seguirá vigente hasta que hable el Supremo en unos años) está la inexistencia de la Evaluación Ambiental Estratégica. Y no es el primer PGOU que cae por dicha circunstancia (han seguido el mismo camino los de Marbella, Jaén…). De hecho, ecologistas llevan tiempo advirtiendo de que en la misma Bahía gaditana, el Plan General de Chiclana aprobado a finales de 2016 podría seguir el mismo camino. Tanto la legislación europea como estatal obligan desde el comienzo de la revisión del PGOU a someterlo a esta evaluación.
Esta decisión del Consistorio portuense, aceptada por todos los partidos (en el gobierno y en la oposición) se ha consensuado igualmente con la Junta de Andalucía, que también recurrirá a la vista del interés casacional existente y con la que se ha trabajado desde el primer instante en el que se conoció la sentencia del TSJA, de forma coordinada.
El abogado que planteará el recurso será José María Millán y lo hará antes del 18 de noviembre, último día para presentar el mismo. De hecho, el pleno de este mismo miércoles tenía previsto dar el ok a este contrato “que no superará los 15.000 euros”.
“EL PUERTO NO PODÍA VOLVER A 1992”
El alcalde, Germán Beardo, acompañado de concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso, el primer teniente de alcalde, Curro Martínez, y los portavoces municipales de todos los partidos, ha anunciado este esperable paso; y ha destacado que no presentar recurso supondría tener que acatar la sentencia, “que nos situaría tres décadas atrás, en el PGOU del año 1992”. Una situación que El Puerto “no podría afrontar, ya que se caerían las ARGs (áreas con viviendas ilegales), entre otros desarrollos urbanísticos”.
Tras estudiarse la sentencia por parte de los jurídicos se concluye que existen motivos de peso para poder recurrir: “hay interés casacional para pelearlo” lo que “ofrece una oportunidad real a la ciudad”, a decir del primer edil popular.
“Tenemos argumentos suficientes –ha incidido- para recurrir los tres motivos que recoge la sentencia: falta de integridad en el Plan General, falta de evaluación ambiental estratégica y falta de informe de sostenibilidad económica”.
Uno de los argumentos de mayor peso e importancia es que el Ayuntamiento portuense planteó al TSJA sobre el conflicto entre dos normas, la ley estatal que sigue la Directiva Europea que obliga a incluir el informe de evaluación ambiental estratégico (Ley 9/2006) y la de Ley 9/2007 andaluza que es la que estaba obligado a seguir el PGOU de la localidad al ser la ley autonómica; la Junta entendía que ya incluía la anterior. El Tribunal no se pronunció al respecto de la posible inconstitucionalidad de este conflicto de normas.
“Toledo hizo un recurso similar y lo ha ganado, ya que el Tribunal Superior de Justicia no es el órgano competente para dirimir un conflicto entre normas”, apunta Beardo, sino más bien es una cuestión del Tribunal Constitucional.
Y MIENTRAS, SE TRABAJA EN UN NUEVO PLAN GENERAL
Igualmente, según se apunta en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, esta no es la única decisión tomada en la Junta de Portavoces de este miércoles, ya que el Consistorio, desde el Área de Urbanismo, bajo la supervisión del Jefe de Planeamiento, Ildefonso Benítez, trabaja sobre un nuevo PGOU, “acorde al crecimiento real, a las nuevas normativas y respetando un modelo de ciudad coherente con estas premisas, consensuado, a través de la participación, con todos los agentes implicados, vecinos, propietarios, promotores, inversores, colectivos… y que recoja los planeamientos que están desarrollados o en desarrollo en el PGOU actual, con el objetivo de dar seguridad jurídica y confianza”.
De este modo, el primer edil se ha comprometido a “redactar un nuevo documento en el que el modelo de ciudad será participativo y consensuado con todos los agentes implicados, sin dejar a nadie atrás para máxima tranquilidad de vecinos e inversores”.
Beardo ha agradecido a los portavoces de todos los partidos, a la Junta, al equipo de Gobierno y a los vecinos su “apoyo y colaboración máxima” para dar un “mensaje único de ciudad” en un tema tan importante como es el desarrollo y crecimiento de El Puerto.
“Sería lesivo regresar al PGOU del 92, pero con el recurso y con el nuevo PGOU sobre el que se trabajará en paralelo, cubriremos cualquier riesgo de frenar el progreso de la ciudad”, sentencia. En definitiva, lo que se viene barajando desde que llegó la sentencia del TSJA.
Ahora los plazos dependen de los escenarios que se puedan dar, es decir, si la presentación del recurso no es admitida finalmente a trámite habría entre seis meses a un año para que la sentencia fuera firme y en ese momento el PGOU caería y entraría a tener vigencia el de los años 90 del siglo pasado. Si por el contrario el recurso es admitido a trámite, entonces hasta que el Tribunal Supremo resuelva pasarían entre dos a cuatro años.
“Simultáneamente estaríamos redactando un nuevo Plan General que se encontraría muy avanzado o aprobado. Si no fuera así, si no diera tiempo a su aprobación definitiva, siempre podríamos plantear modificaciones puntuales del 92”, ha comentado Beardo, que ha sentenciado que “no paralizar ningún desarrollo urbanístico y por tanto no paralizar la ciudad es la máxima prioridad de esta Corporación”.
