“El PP ha llegado a hablar de ‘pacto por la pasta’. Más bien habría que decir que el Andrés Núñez pelea por su pasta”. Con esta dureza ha replicado el equipo de Gobierno chiclanero, conformado por PSOE, IU y Ganemos, la denuncia del principal partido de la oposición ante el pleno de organización. Según este partido de derechas, que ha presentado enmiendas a la propuesta sin consensuar lanzada por el Ejecutivo de José María Román, el tripartito va a ser “el más caro de la historia y el que cuente con más asesores”, al tiempo que “se pretende denigrar a la oposición e impedir su normal funcionamiento”.
Ante ello, la portavoz del Gobierno municipal, Cándida Verdier, ha atacando con números, subrayando que el Gobierno local “más caro de la historia de Chiclana no es precisamente este, sino el del periodo 2011-2015”, del PP y PVRE. Este bipartito costaba al año unos 823.000 euros, teniendo 12 concejales liberados con dedicación exclusiva y un edil al 75%, “precisamente Núñez”.
Con los mismos salarios que entonces, “ya que están congelados desde esa época”, el nuevo tripartito recién conformado supondrá coste de alrededor de 717.000 euros anuales, “es decir, 106.000 euros menos que el Gobierno de PP-PVRE”.
Por otro lado, en relación a la posible ilegalidad por parte de la propia portavoz del Gobierno chiclanero en relación a “una supuesta doble nómina” como segunda teniente de alcalde y senadora, Verdier ha aclarado que “yo no voy a cometer ninguna ilegalidad, ya que no voy a cobrar de dos administraciones como pretende hacer confundir el señor Núñez”. En este sentido, ha mostrado la comunicación de baja ante la Tesorería General de la Seguridad Social con fecha 20 de mayo de 2019, es decir, un día antes de tomar posesión como senadora por el PSOE: “por tanto, desde el pasado 20 de mayo no estoy liberada en el Ayuntamiento y, por tanto, no estoy cobrando ningún sueldo como concejala”. “Es cierto que se ha creado la plaza de segunda teniente de alcalde y se le asigna una cantidad económica, pero hay que aclarar que dicha cantidad no se va a cubrir, es decir, no voy a cobrarla”, apostilla.
En cuanto a la contratación de personal eventual a dedo como cargo de confianza, esta representante del tripartito vuelve a mirar atrás para recordar que “en 2011 (con ese cogobierno de PP-PVRE con Marín de alcalde) se crearon 11 puestos y todos fueron cubiertos durante el mandato, lo que supuso un desembolso para las arcas municipales de 475.600 euros anuales”. En el caso del flamante Ejecutivo, este coste será al año de unos 375.000 euros, “o sea, 100.000 euros menos” que cuando la Alcaldía la ostentaban los conservadores.
LA OPOSICIÓN SEGUIRÁ CONTANDO CON SUS AUXILIARES
Respecto a las asignaciones previstas para los partidos de la oposición “y que para Núñez suponen un desprecio absoluto”, Cándida Verdier ha explicado que “a todos los grupos municipales, es decir, los del Gobierno y los de la oposición, se les ha dotado perfectamente, ya que cuentan con una oficina, material de oficina, ordenador, teléfono fijo y teléfono móvil para los portavoces”.
“La única diferencia respecto a años atrás es que la contratación de los auxiliares administrativos de cada grupo municipal no será directamente por parte del alcalde, sino que se dotará a cada grupo de partida presupuestaria para la contratación de dicho personal; no tiene lógica que el alcalde contrate como cargo de confianza a personas que no son de su confianza, tal y como sucedió con el actual portavoz de Podemos, que acudió a un debate con el alcalde siendo personal contratado por el propio regidor para ejercer de auxiliar administrativo del grupo Por Chiclana Sí Se Puede”, ha sostenido la socialista.
Esta medida supone que el desembolso para los grupos municipales pase de los 81.000 euros mensuales del anterior periodo corporativo a 253.000 euros para el actual, “con el objetivo de que puedan seguir llevándose a cabo las contrataciones de los auxiliares administrativos”.
Finalmente, en relación a las asignaciones a los concejales no liberados, Verdier ha indicado que “hay un informe reiterado de Intervención de 10 de diciembre de 2018, que decía que lo que hasta ahora se hacía no se ajustaba a la normativa vigente”. Por ello, se propone al pleno que las asignaciones sean atendiendo a la asistencia efectiva a los órganos colegiados. En este sentido, un concejal no liberado percibirá una asignación de 300 euros por asistencia a pleno ordinario, 150 euros por extraordinario, 150 euros por comisión informativa, 150 por comisión especial de cuentas y 150 por junta de portavoces.
“Lo que se ha hecho es distribuir el dinero que se cobraba de una sola vez, fuera o no al órgano colegiado, entre cada uno de dichos órganos”, se aclara.
“Las acusaciones vertidas por Andrés Núñez simplemente perjudican a la clase política que ejerce su labor dignamente, así como confunde a la ciudadanía”, sentencia la portavoz del tripartito.
