En una rueda de prensa junto al rector de la UCA para hablar de cooperación cultural, el presidente de la Diputación ha “suspendido” al gobierno andaluz en cuanto a su implicación en el proyecto de transformación de Valcárcel en Facultad. Avisa de que en este 2023 “se agota el plazo para iniciar los trabajos planteados”.
El presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha vuelto a lanzar un ultimátum sobre el proyecto de Valcárcel, en la capital, donde todas las administraciones implicadas (la propia Diputación, Ayuntamiento, Universidad y Junta) acordaban meses atrás, tras años de dimes y diretes, impulsar de forma decidida la conversión de este edificio histórico en sede de la Facultad de Ciencias de la Educación.
A decir del socialista Ruiz Boix, en el presente año 2023 se agota el plazo para iniciar los trabajos planteados. Si este proceso no se hace efectivo, “buscaremos nuevas soluciones desde la Diputación”, propietaria del inmueble (valorado en 31 millones) que cede gratis a la UCA para este propósito.
El también líder del PSOE provincial ha recordado que ese acuerdo de cesión de Valcárcel a favor de la UCA expiró en diciembre de 2022 y, desde entonces “hay una prórroga tácita”, a la espera de que se materialice el principio de acuerdo logrado en octubre de 2022 entre las cuatro partes implicadas.
Y ha utilizado un símil estudiantil para ilustrar la situación en la que se encuentra el proceso: a su parecer, el Gobierno andaluz del PP ha suspendido “la asignatura de Valcárcel” en todas las convocatorias ordinarias y ahora encara “una de gracia” que caducará en el presente 2023. Y vuelve a sospechar el presidente de la Diputación que los 2 millones de euros que la Junta ha consignado en sus presupuestos en vigor para iniciar este proyecto “no se ejecutarán. Ojalá me equivoque”.
“QUISIÉRAMOS QUE FUERA UN PROCESO MÁS ÁGIL”
A su vez, el rector de la UCA, Francisco Piniella, ha apuntado que previsiblemente en junio se conocerá “con precisión” el proyecto básico y de ejecución “estimado en 39,6 millones de euros”, así como el de urbanización, “que comporta otros 4 millones de euros”; este último proyecto compete al Ayuntamiento y a la empresa Zaragoza Urbana (que planteaba un hotel en la parcela anexa), según ha matizado.
No obstante, Piniella ha echado en falta “más diligencia” en esta iniciativa: “quisiéramos que fuera un proceso más ágil”, y de hecho considera que “el texto del convenio ya podría estar en el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía” para ganar tiempo, a falta de anotar la cifra definitiva. “Desgraciadamente han pasado muchos meses”, si bien el rector todavía es “optimista”, pese a que para la Universidad de Cádiz “no existe plan B” si se frustra esta operación.
La UCA, a mediados de noviembre de 2022, concretó un borrador de convenio tras el principio de acuerdo alcanzado un mes antes en Sevilla. La Diputación y el Ayuntamiento presentaron sus enmiendas semanas después, mientras la Junta sólo ha ido planteando pegas.
Así, en ese momento procesal la administración autonómica incorporó “escollos” que han dilatado todo, al retrasar la firma de un convenio que es determinante para licitar las obras: en primera instancia la reclamación de enajenación o cesión definitiva del bien, “cuestión que es inviable legalmente”, y ahora “la cifra”, ha desvelado Ruiz Boix. Considerando las circunstancias “estaríamos incluso a favor de que las obras se contrataran mediante un procedimiento de emergencia”, ha apostillado.
A finales de abril, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, en una visita a Cádiz, aseveraba que la primera piedra de las obras de rehabilitación del histórico edificio de cara a su conversión en Facultad se podrá este año; pero además, culpaba a la Diputación de “mentir, crispar y embarrar la situación”.
