Más de un centenar de personas se concentraba en la tarde del pasado viernes en la plaza de la Reina, en pleno barrio de la Viña de Cádiz, para reclamar la necesidad de regular en la ciudad las viviendas con fines turísticos (VFT) y apartamentos turísticos; bajo los lemas de “no queremos que se nos expulse de nuestros barrios” y “por un turismo sostenible que respete el derecho de los gaditanos a una vivienda digna a precios asequibles”.
Se llama a todos los partidos en el Ayuntamiento (no solo a Adelante y PSOE) a que se sienten a hablar y negociar “para lograr un consenso y sacar adelante la modificación de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la moratoria de las licencias”.
“La proliferación de dichas viviendas sin ninguna norma de regulación y control está produciendo efectos perniciosos en amplias capas de la población, especialmente las familias residentes en el casco histórico”, reiteran los convocantes de la protesta, entre ellos la Asociación Pro Derechos Humanos (Apdha).
Ecologistas en Acción, Marea Blanca Gaditana, Agaden, Amigas al Sur, Asociación Intercultural Amazonas, CGT, Ustea, SAT, la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz, el Ateneo Libertario Fermín Salvochea, Cepa, Facua, Mujeres de Acero, el Comité de Solidaridad Oscar Romero y la AVV La Viña, junto a la Apdha, subrayan en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que “no estamos en contra del turismo. Queremos un turismo sostenible, de calidad y no solo estacional pero que sea compatible con el derecho de los gaditanos a la ciudad”.
Y es que dichas viviendas destinadas al turismo “sin ninguna norma de regulación y control”, como denuncian reiteradamente también desde Calle Viva, están teniendo como consecuencias: la reducción de la oferta para viviendas en alquiler y por consiguiente el aumento desaforado de los precios; la expulsión de residentes de los barrios del centro reemplazados por visitantes transeúntes; y la desnaturalización o pérdida de la idiosincrasia de dichos barrios.
Para afrontar este problema, el equipo de Gobierno convocó un pleno extraordinario en julio planteando la aprobación de una modificación puntual del Plan General y de una moratoria en la aprobación de licencias, pero la oposición en bloque tumbó la iniciativa. Y durante los meses previos y posteriores a dicho pleno, “promotores, incluso fondos de inversión especuladores, han orquestado una campaña en medios de comunicación con falsedades sobre las posturas que mantenemos”, se señala.
Así, los convocantes defienden que “la moratoria no es la prohibición de las viviendas turísticas sino una medida temporal para poner freno a este movimiento especulativo en tanto no se apruebe la modificación del PGOU y se cuente con una ordenanza que regule las VFT y los apartamentos turísticos”.
Además, quienes están detrás de este negocio sostienen que los ayuntamientos no tienen competencia en la regulación de las viviendas y apartamentos turísticos, lo que para la Apdha y el resto de colectivos “es radicalmente falso”. “Los ayuntamientos son la única administración que pueden aprobar los PGOU, así como revisarlos o modificarlos para adecuar la planificación de la ciudad a las nuevas necesidades sobrevenidas. Esa planificación incluye la determinación del uso de los suelos de la ciudad (industrial, docente, turístico, residencial etc.), de su ubicación y cuantificación”, se subraya.
“Incluso arguyen –se añade- que la ralentización de la construcción de las viviendas y apartamentos turísticos en Cádiz se debe al intento de regularizarlas, cuando es obvio que se debe al coronavirus que ha paralizado la circulación de turistas extranjeros y nacionales. Por esa misma razón están cerrando algunos hoteles, a los que no les afectan las medidas regularizadoras”.
EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA VA MÁS ALLÁ DE LAS VFT
Con todo, estos colectivos y asociaciones reconocen que el problema de la vivienda en la capital no se circunscribe a las viviendas turísticas: “es preciso que se ejecuten las viviendas del Matadero y las fases finales del Cerro del Moro, que se actúe sobre los solares y edificios abandonados propiedad del Ayuntamiento y de la Junta dedicándolos a familias que no pueden acceder al mercado de la vivienda. Es preciso que se amplíen las ayudas al alquiler por parte de ambas administraciones y que se continúe con la transformación de infraviviendas que inició la AVRA la pasada legislatura, pero sobre todo es preciso que el plan de viviendas de la Junta llamado Plan Vive 2020-2030 incremente sensiblemente las ridículas consignaciones anuales para que se pueda hacer todo lo anterior”.
No obstante, se precisa, “Cádiz, con escaso suelo edificable y sin espacio para crecer padece el problema de la regularización de las viviendas turísticas con una trascendencia mucho mayor que en otras ciudades, por lo que es perentorio solucionarlo para que el daño no llegue a ser irreversible”.
Por todo lo anterior, con esta protesta se ha querido instar públicamente y presionar a todos los grupos municipales a que se sienten a hablar y negociar para lograr un consenso y sacar adelante la modificación de PGOU y la moratoria. “En la negociación podrían entrar otras medidas que piden otros partidos como la aprobación y puesta en marcha de la ordenanza de solares y fincas ruinosas y otras siempre que no dilaten la aprobación de la modificación y la moratoria”, se afirma.
