El Ayuntamiento de Chiclana ha ofrecido su versión sobre el reciente derribo decretado por la Justicia de una vivienda en el extrarradio; un chalet construido de forma ilegal en el Camino de la Gamuza, en el que residía un matrimonio y sus dos hijos de 16 y 23 años de edad.
De partida, el Consistorio asegura que se le ha ofrecido a la familia afectada un hostal céntrico para que pudiera hospedarse, mientras tanto resuelve el contrato de alquiler de la vivienda familiar ubicada en el casco urbano.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se remarca que dicha vivienda se construyó en el año 2005 sin la correspondiente licencia de obra. Además, se localizaba en Suelo No Urbanizable de Especial Protección, concretamente en zona inundable de la cuenca del arroyo Carrajolilla, tal y como delimita el estudio de inundabilidad de La Janda de la propia Junta de Andalucía, “independientemente de la existencia de Plan General de Ordenación Urbana o no (que, no obstante actualmente está en vigor)”.
Como consecuencia de ello, técnicos de la concejalía de Urbanismo iniciaron en su momento el procedimiento administrativo correspondiente por la construcción sin licencia, “cuestión que finalmente caducó”, sin que se llevara a cabo sanción administrativa alguna al propietario del inmueble ilegal.
Sin embargo, al tratarse de un Suelo de Especial Protección (inundable), también se abrió un procedimiento en el Juzgado de los Penal número 2 de Cádiz, que sí continuó y cuyo desenlace ha sido el derribo el pasado día 5.
Un procedimiento que, el actual Gobierno de PSOE, IU y Ganemos, deja claro que “se inició tras remitirse dicho expediente a Fiscalía en el año 2008 por parte del entonces Gobierno cuatripartito, liderado por el PP, y que forma parte de los más de 1.700 expedientes llevados a Fiscalía en noviembre de dicho año”.
De esta forma, se abre diligencias en las que el Ayuntamiento “no solicitó el derribo del inmueble”, y en el año 2015 se dictaba sentencia y se condena con multa de 2.160 euros al propietario, inhabilitación de 6 meses, prisión de 6 meses y orden de derribo del inmueble construido sin licencia. “Sentencia a la que prestó conformidad el propietario, sin que se presentara recurso alguno”, se subraya.
Sin embargo, tras requerir el juez al propietario para que procediese al derribo de la casa ilegal (como tantas en Chiclana) hasta en dos ocasiones y éste no llevar a cabo la demolición por su cuenta, en el año 2017 el juez requería al Consistorio para que procediera a la ejecución del derribo de forma subsidiaria, “cuestión que se ha requerido en tres ocasiones, la última el 20 de julio del presente año”.
Así, pese a la suspensión solicitada por el propietario y “por el propio Ayuntamiento” en la jornada del martes día 3 a raíz de dos encuentros con la familia afectada en los últimos días, dicha solicitud fue denegada el pasado miércoles 4 de noviembre por el juez, que ordenó a la administración local a que actuase el jueves 5. Y esa mañana se procedió al derribo de la construcción.
