Días atrás se presentaba públicamente el grupo promotor que pretende impulsar en Cádiz una consulta popular municipal con el objetivo de “revertir el proceso de turistificación” de la ciudad y reducir el número de viviendas de uso turístico (VUT).
La iniciativa bajo el lema ‘Cádi pa viví’, que sus impulsores califican de “pionera”, pretende que sea la ciudadanía la que se pronuncie sobre la adopción de medidas urbanísticas para retirar de la actividad aquellas VUT que incumplen el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El siguiente paso ha sido el registro ante el Ayuntamiento del requerimiento previo de colaboración institucional y determinación de los criterios formales aplicables a la iniciativa ciudadana para la promoción de dicha consulta popular local, se informa en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
El escrito pone formalmente en conocimiento del Consistorio gaditano que la recogida de firmas comenzará el próximo 15 de septiembre y solicita la colaboración necesaria para garantizar que el proceso se desarrolle con todas las garantías y seguridad jurídica.
En concreto, se reclama a la Secretaría General del Ayuntamiento que determine los criterios formales que deberán cumplir los pliegos destinados a la recogida de firmas, ante la ausencia de un modelo oficial o de instrucciones públicas conocidas que establezcan cuestiones como la identificación de las personas firmantes, la numeración de los pliegos o las diligencias necesarias para garantizar su validez.
“Esta petición responde a la voluntad de desarrollar la iniciativa con absoluta transparencia, buena fe y sometimiento al ordenamiento jurídico, evitando cualquier incertidumbre o incidencia posterior que pueda dificultar el ejercicio de un derecho de participación ciudadana reconocido legalmente”, exponen desde el grupo promotor, integrado por personas vinculadas a Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Justicia Social, Alternativa Republicana y Recortes Cero.
SE VUELVE A INSTAR AL ALCALDE A CONVOCAR MOTU PROPRIO
Dicho requerimiento plantea además una cuestión política de fondo, aseguran los impulsores: “el alcalde Bruno García todavía está a tiempo de asumir la iniciativa y promover la convocatoria de la consulta popular desde el propio Ayuntamiento”.
De este modo, el grupo promotor vuelve a ofrecer al primer edil del PP esta posibilidad antes del comienzo de la recogida de firmas, entendiendo que la convocatoria de una consulta que permita a la ciudadanía pronunciarse sobre una cuestión de especial relevancia “debería ser una oportunidad para avanzar en participación democrática y escuchar directamente a los vecinos”.
“Le damos al Ayuntamiento la oportunidad de facilitar el ejercicio de participación antes de que sean los propios vecinos quienes tengan que movilizarse para exigirlo con sus firmas”, se reitera.
Y si se sigue ignorando esta posibilidad, el grupo promotor está decidido a continuar con la campaña prevista para finales del verano, recogiendo apoyos por los barrios para activar formalmente el procedimiento de consulta popular, previsto en la legislación y en el Reglamento de Participación Ciudadana vigente.
UN MES PARA PREPARAR LA RECOGIDA DE FIRMAS
A la espera de la respuesta del Ayuntamiento y del alcalde, durante las próximas semanas se desarrollarán los trabajos necesarios para organizar la recogida de firmas (si al final es necesaria a partir del 15 de septiembre), establecer los puntos y mesas en las que se ubicarán los voluntarios, sumar apoyos sociales y preparar los materiales de la campaña.
“Cádiz tiene la oportunidad de decidir qué modelo de ciudad quiere. Ahora le corresponde al Ayuntamiento decidir si facilita que esa decisión la tome la ciudadanía o si será la ciudadanía quien tenga que salir a la calle para reclamar su derecho a decidir”, recalcan desde el grupo promotor; que calcula que se necesitan alrededor de 3.000 firmas de personas censadas.
Las distintas formaciones de izquierdas (entre las que no está Adelante Andalucía) detrás de esta iniciativa sentencian que el futuro de Cádiz “no puede decidirse únicamente desde un despacho ni desde la mayoría absoluta del pleno municipal (ahora en manos de la derecha), sino que debe contar con la voz de quienes viven y trabajan en la ciudad”.
Si se logra convocar la consulta perseguida, el Ayuntamiento tendría que debatir el resultado en un pleno extraordinario y adoptar un acuerdo teniendo en cuenta la voluntad expresada por la ciudadanía.
La consulta popular formularía la siguiente pregunta: “¿está de acuerdo con que el Ayuntamiento de Cádiz modifique las normas urbanísticas y someta a licencia urbanística municipal las viviendas de uso turístico, y por tanto, se deban retirar de la actividad aquellas que incumplen con el PGOU vigente?”.
Los promotores consideran insuficientes las limitaciones aprobadas hasta ahora por la administración local para limitar la proliferación de viviendas turísticas, al entender que mantienen un ‘status quo’ que está expulsando a muchos vecinos de su ciudad: “necesitamos evidenciar que hay un clamor en Cádiz, que las gaditanas y los gaditanos quieren recuperar sus barrios”.
