El Ayuntamiento de Cádiz dice estar trabajando para limitar el número de Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la ciudad, de manera que haya un tope de un 4% con respecto al parque residencial. En la actualidad, y atendiendo al registro oficial de la Junta de Andalucía, ese porcentaje ya se superaría, estaría en el 4,23%. Aunque, evidentemente, no tiene en cuenta los pisos turísticos ilegales.
Este anuncio lo ha hecho el alcalde Bruno García en la inauguración de las IV Jornadas de Turismo Residencial, organizado en la capital por la Federación de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (Faec) y la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Cádiz (Asprica).
Y en un contexto en el que movimientos como la plataforma Cádiz Resiste ya ha promovido en los últimos meses dos concurridas manifestaciones frente “al modelo turístico y especulativo que está expulsando a muchos vecinos de sus hogares”, poniendo el foco principalmente en esa proliferación de viviendas turísticas que está teniendo un evidente efecto en la cada vez más limitada oferta de pisos para alquiler residencial, y en el auge de precios.
“MIENTRAS SE SUPERE ESE 4%, LA JUNTA NO DARÁ MÁS ALTAS”
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz se destaca que el primer edil del PP ha querido dejar claro que una cosa son las viviendas turísticas y otra las de turismo residencial, “ya que en estas, las personas quieren establecer su residencia en Cádiz”.
A partir de ahí, ha explicado en estas jornadas, celebradas en el Hotel Cádiz Bahía, que los parámetros indican que ese 4% “es el índice de equilibrio de presión turística”, por lo que la decisión del su equipo de Gobierno del PP “va a ser alcanzar este porcentaje”.
Según Bruno García, en la actualidad las 2.396 viviendas turísticas legales que hay en la capital gaditana “representan el 4,23% del global, que está en unas 56.500 viviendas”. La consecuencia de esta medida es que mientras que se supere ese porcentaje, “la Junta de Andalucía no podrá dar de alta en el registro a nuevas viviendas turísticas”.
Mientras tanto, el alcalde afirma que desde el Ayuntamiento “se van a seguir poniendo en marcha medidas con el objetivo de que pueda seguir dándose de baja a viviendas turísticas” y, de esa manera, alcanzar el porcentaje máximo del 4%.
“Mantenemos nuestro compromiso para la limitación de las viviendas turísticas y, a la vez, generar más viviendas para que haya más oportunidades para los gaditanos. Por eso queremos limitarlas al 4% porque más de esa cifra provocan problemas”, ha incidido.
Estas medidas se unen a las que ya se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento, donde se está realizando “un control estricto” de las viviendas con usos turísticos aplicando la normativa urbanística que ya dejó aprobada el anterior equipo de Gobierno izquierdista (con el rechazo entonces del PP en la oposición, y que ahora asegura estar asumiendo).
“POR PRIMERA VEZ LA CIFRA TOTAL DE PISOS TURÍSTICOS HA BAJADO”
En este sentido, Bruno García ha recordado que, “de la mano de la Junta”, se han dado de baja en este casi año y medio 406 VUT que no cumplían con la normativa vigente (la misma prohíbe estos alojamientos en todo el casco histórico salvo en fincas de protección 0 y 1, y en el caso de extramuros sólo las permite en bajos, primera y segunda planta). Esto ha hecho “que por primera vez esa cifra total de pisos turísticos haya bajado en Cádiz, con respecto al mes de junio de 2023”, asevera.
No obstante, el actual Ejecutivo de derechas asegura que ha querido ir más allá de la normativa promovida por Adelante Cádiz, y ha iniciado una campaña de sanciones para aquellas viviendas turísticas que la incumplen: “hasta el momento, ya se han iniciado expedientes sancionadores de 10.000 euros a 19 viviendas que se encontraban en esa situación”.
Para realizar este trabajo, se han reforzado las labores de inspección y se ha puesto abierto un correo electrónico para recibir denuncias por parte de la ciudadanía, “para que puedan poner en conocimiento del Ayuntamiento posibles viviendas turísticas irregulares”.
Finalmente, García ha avanzado que “en breve” se va a proceder a firmar un convenio con la Junta “para reforzar la labor de control y coordinación” en torno a las viviendas turísticas, “para formalizar de algún modo el seguimiento y las actuaciones que ya se están realizando entre las dos administraciones”.
Sobre ello, el PSOE ha lamentado estos días que ese convenio se haya firmado ya con los ayuntamientos de Sevilla y de Málaga, mientras la capital gaditana sigue esperando, tras aprobar esta medida en pleno hace cinco meses. Los socialistas acusan a colación al alcalde popular de “indeciso y timorato, incapaz de plantear decisiones que realmente pongan el acento en el problema que supone para la ciudad el aumento de los pisos turísticos, un asunto que parece que sigue sin tomarse en serio”.
“SE ESTÁ UTILIZANDO LA VIVIENDA TURÍSTICA COMO UNA CORTINA DE HUMO”
Ajeno a estas jornadas, la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia (GICA–MLS Cádiz) ha mantenido una reunión con el concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, centrada en las normativas que afectan a las VUT, y la necesidad de “soluciones para el acceso a la vivienda”.
En contra de los colectivos frente a la turistificación (o de partidos como PSOE y Adelante Izquierda Gaditana), estos representantes de inmobiliarias opinan que el problema de la vivienda en la capital “no radica en el uso turístico de los inmuebles, sino en la falta de oferta de vivienda accesible y protegida”. “Se está utilizando la vivienda turística como una cortina de humo para ocultar los verdaderos desafíos del mercado inmobiliario en la ciudad”, se reitera.
GICA sostiene su argumentación en datos referidos a la venta de viviendas entre los años 2021 a 2024. Las casas compradas con fines de inversión en Cádiz “alcanzaron su pico en 2023 con solo un 7,3% (del total de vendidas), aunque en 2024 han retrocedido al 4%, una cifra similar a la de 2021”. Este comportamiento “demuestra que las compras para inversiones como viviendas de uso turístico muestran una tendencia más volátil y minoritaria del mercado”. Además, se añade que este porcentaje de viviendas “en inversión” se reparte entre viviendas en alquiler anual, vacacional y por habitaciones.
Durante este encuentro con Cossi, las inmobiliarias han subrayado la necesidad de un cambio en la Ley estatal de Vivienda (que apenas se está aplicando en Andalucía, ante las trabas de la Junta del PP) que “fomente el alquiler asequible”, así como de medidas por parte de las administraciones públicas para incrementar el parque de viviendas protegidas.
Por otro lado, desde GICA se ha reclamado al Consistorio una clarificación sobre las transmisiones de licencias de vivienda turística mediante el cambio de titularidad, y es que entiende que “una subrogación no altera la validez de la licencia por la que fue otorgado el uso turístico, que sigue cumpliendo el PGOU aunque varíe la titularidad del mismo”.
