Autonomía Obrera va a denunciar a la Universidad de Cádiz ante la Fiscalía por “oscurantismo y falta de transparencia” en la gestión y ejecución de contratos públicos. En concreto, esta sección sindical asegura que lleva meses pidiéndole aclaraciones sobre aspectos del servicio de limpieza, que sigue privatizado y explotando la empresa ITELYMP SL por unos 8 millones de euros anuales tras la última licitación en 2021.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, dicha sección sindical asegura haber detectado desde la última adjudicación del servicio (que cubre todos los centros y facultades de los cuatro campus de la UCA en la provincia) que su ejecución “está perjudicando fundamentalmente al colectivo de trabajadores (la gran mayoría, mujeres) en sus condiciones laborales”, al margen de “una gestión y ejecución donde nos sorprende el nulo control, seguimiento y fiscalización que paradójicamente también perjudica a la misma Universidad”.
“Dicha ausencia de transparencia de la UCA parece querer esconder incumplimientos gravísimos del contrato”, se insiste; y se lamenta que la institución “no da respuestas y se niega a detallarnos el cumplimiento de las horas de servicio de limpieza que obliga el pliego de condiciones, afectando negativamente entre otras cuestiones a la plantilla en cuanto a nuevas contrataciones o ampliaciones de jornadas, perjudicando gravemente a las compañeras”.
Pero lo que más alarma a Autonomía Obrera es que “no sólo no se cumple el total de horas que solicita el pliego como servicio estructural de limpieza, sino que parece provocar una modificación de un contrato acogido a la nueva Ley de Contratos del Sector Público y que ha sido modificado irregularmente por la actual adjudicataria con la total permisividad por parte de la UCA”.
“SE HAN DEJADO DE CONTRATAR 10.800 HORAS ANUALES”
“Entendemos que no quieran aclarar nuestras solicitudes, pues irregularmente la empresa ha dejado de contratar otras 12.000 horas anuales de bolsa recogidas en el pliego y las ha convertido en sólo 1.200 horas. Por lo que el colectivo de limpieza ha dejado de obtener 10.800 horas anuales en nuevas contrataciones o aumentos de jornadas, causándoles un perjuicio intolerable; ¿cómo es posible que la UCA permita que se modifique un contrato reduciendo horas que estaban establecidas en la licitación?”, se pregunta el sindicato.
Este dato, añade, “lo corrobora y certifica la propia adjudicataria del servicio, firmando un acuerdo a todas luces ilegal y modificando irregularmente las condiciones de un contrato público con la total complicidad y pasividad de la UCA”.
Esa “falta de transparencia” se agrava “cuando no nos justifican desde la Universidad los descuentos de facturación que deberían haber realizado a la adjudicataria sobre esas horas de bolsa no realizadas, tal como marca el propio pliego de condiciones”. Esa posible falta de fiscalización y descuentos calcula AO que puede ascender “a más de 250.000 euros, pudiéndose incrementar dependiendo de cuando se dejaron de realizar esas bolsas de horas”.
“UN ASUNTO OSCURO EN EL QUE PIERDE LA PLANTILLA Y LA PROPIA UCA”
“No se puede entender cómo se permite a la actual adjudicataria que no se cumplan las horas estipuladas en el pliego, que se reduzcan irregularmente 10.800 horas anuales de bolsa, que no se les descuente de la facturación y en cambio se modifique el contrato con dos ampliaciones económicas en abril de 2022 y en mayo de 2023”.
A colación, el sindicato se pregunta: “¿por qué la misma UCA asume y permite modificaciones de la licitación en contra de sus propios intereses?”, y “¿por qué posteriormente a esa reducción de bolsas de horas propone a la adjudicataria dos modificaciones del servicio con aumentos de horas por ampliación de superficie, cuando ha permitido que se le dejen de dar más de 10.800 horas anuales?”.
Autonomía Obrera lo tiene claro: “todo parece indicar una irresponsable gestión de fondos públicos y una utilización interesada de la ley de contratos públicos que bajo ningún concepto permite ese tipo de mecanismos”. Y por ello, anuncia que va a presentar denuncia penal “para que la Fiscalía Provincial proceda, en su caso, a perseguir los delitos que hubieran podido haber sido cometidos”.
