Representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril (rebautizada como Vecinos de Cádiz) se reunían días atrás en el Ayuntamiento con la delegada territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez, junto al alcalde Bruno García y su concejala de Vivienda, Ana Sanjuán.
Los dirigentes vecinales querían conocer el criterio para la calificación del régimen de alquiler por el que se van a adjudicar las 60 viviendas de la segunda fase de Matadero, promoción que está ultimando, tras años de espera, la Junta. Y es que ha trascendido que muchas familias vulnerables que encabezan el Registro de Demandantes de Vivienda se están quedando fuera por no cumplir los requisitos económicos.
Tanto Carmen Sánchez como Bruno García, ambos del PP, han culpado básicamente al anterior gobierno local izquierdista. Así, según la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, han explicado a 5 de Abril que las propuestas que se están enviando a la administración autonómica parten del Registro de Demandantes “en función del cumplimiento de las condiciones que ya se acordaron entre la Junta y el anterior equipo de Gobierno”.
A decir del alcalde, el anterior Ejecutivo liderado por José María González ‘Kichi’ aprobó el 28 de junio de 2018 en Junta de Gobierno Local, a propuesta de Alcaldía, la calificación de estas 60 viviendas protegidas en régimen especial en alquiler, tras el informe favorable municipal ante la documentación presentada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
Y en ese punto se establecía que “la selección de las personas destinatarias de las viviendas se realizará respetando los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, recogidos en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre y de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo; y la Orden 1 de julio de 2009 de la consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos de Demandantes de Viviendas”, que, defiende Bruno García, “es lo que está haciendo actualmente la Junta”.
Posteriormente el anterior equipo de Gobierno de Adelante Cádiz “hizo una nueva aprobación en febrero de 2022 por el que esa promoción se acoge al Plan Vive, lo que supondrá la obligación de mantener el régimen de alquiler o cesión del uso”.
“Antes, en mayo de 2021 se hizo un acto público sobre la licitación de la obra en el que estuvieron concejales del anterior Gobierno y en el que se volvió a hablar del régimen de las viviendas y de las rentas que se pagarían por inquilino en función de los metros cuadrados de sus viviendas, que estarían entre los 321 y los 376 euros”, remarcan desde el actual Ejecutivo de derechas.
REPASO A OTRAS ACTUACIONES
Aprovechando esta reunión con representantes vecinales, se hizo un repaso de las acciones “que se están realizando y que se van a hacer en materia de vivienda” por el actual equipo de Gobierno del PP y las que están realizando otras administraciones.
De este modo, se detalló cómo se encuentran las distintas promociones municipales en las que se está trabajando, la mayoría heredadas del anterior gobierno de ‘Kichi’; y se remarcó que todos los proyectos que cuentan ya con financiación “serán destinados a alquiler social, salvo el de García de Sola, que será VPO en régimen de venta”.
El alcalde insistió en el encuentro en que la vivienda es uno de los ejes prioritarios sobre la que va a pivotar su acción de gobierno “bajo la premisa de una política diversa en la que también tienen que participar la Junta de Andalucía, el Gobierno de la nación y la iniciativa privada”.
