Un auto del Juzgado de los Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla ha dado la razón al Consejo Audiovisual de Andalucía, que denunció la utilización en el Ayuntamiento de Cádiz de dinero público para financiar propaganda política del Gobierno local del PP en campañas de autobombo en la televisión municipal durante el Carnaval de 2013. El CAA pidió la retirada de estos anuncios, pero el equipo de Gobierno se negó y recurrió la resolución. “Rogamos a la alcaldesa que comience a comportarse de forma responsable”, señalan desde el PSOE.
Un auto del Juzgado de los Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla ha dado la razón al Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), que denunció la utilización en el Ayuntamiento de Cádiz de dinero público para financiar propaganda política del Gobierno local del PP y de la alcaldesa Teófila Martínez.
“Este auto judicial evidencia lo que desde el PSOE hemos denunciado permanentemente, y es que para la alcaldesa, el interés partidista es mas importante que el interés de los ciudadanos y de ahí que malgaste recursos públicos para sus campañas de publicidad y autobombo con las que persigue esconder su nefasta gestión”.
Este autos que ahora se conoce se refiere a anuncios publicitarios que se emitieron en la televisión municipal Onda Cádiz durante el Carnaval del pasado 2013, una campaña que fue prohibida por el Consejo Audiovisual de Andalucía. Martínez, “con su habitual soberbia y acostumbrada a manejar a su antojo a este medio de comunicación”, advierten los socialistas, lejos de retirar la campaña recurrió la resolución solicitando medidas cautelares, “para continuar con la dilapidación de los recursos públicos para sus fines propagandísticos”.
“En su momento desoyó al órgano audiovisual autonómico, así que esperamos que ahora actúe con mayor responsabilidad y acatando el auto, cumpla con las medidas indicadas por el Consejo Audiovisual Andaluz y retire las campañas de autobombo municipal”, solicita el portavoz del principal partido de la oposición, Fran González.
Este fallo viene a sumarse a otro conocido esta misma semana relacionado con la situación de irregularidad laboral en la que el Consistorio ha mantenido trabajando a un fotógrafo durante años. La Inspección de Trabajo ha obligado a incorporarlo a la plantilla.
A decir de González en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, “de nuevo, no sólo vuelve a perder una denuncia por sus malas prácticas, sino que somos los gaditanos los que tenemos que pagar las costas de procesos que son consecuencia de su nefasta gestión”.
“Rogamos a la alcaldesa que comience a comportarse de forma responsable, que actúe consecuentemente y piense en los ciudadanos a los que representa porque, bastante endeudada tiene ya a la ciudad como para también tener que pagar los gastos de los procesos judiciales en los que inmiscuye al Ayuntamiento a sabiendas de que no tiene razón”, denuncia el PSOE.
LA LEY ESTATAL PROHÍBE CAMPAÑAS DE AUTOBOMBO CON DINERO PÚBLICO
En sus alegaciones, Onda Cádiz, esgrimió un artículo de la Ley andaluza de 6/2005 que regula la actividad publicitaria de las administraciones públicas, que en el apartado i) señala que este tipo de publicidad está destinada, entre otras cuestiones, a informar, con carácter general, sobre los proyectos y resultados en la gestión pública.
Sin embargo, el Consejo recordó en su momento al operador público que el artículo 4.1.a de la Ley estatal 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional prohíbe expresamente promover o contratar campañas institucionales de publicidad o comunicación que tengan como finalidad destacar los logros de gestión y los objetivos alcanzados por las administraciones públicas –estos anuncios eran aquellos con la coletilla “a pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad”-. Al tratarse de una ley básica, esta disposición prevalece sobre lo previsto en la legislación andaluza.
Esta prohibición persigue que la publicidad institucional, financiada con dinero público, “no se utilice como instrumento de propaganda de quien gobierna, sino que solo se utilice para informar a los ciudadanos de los servicios públicos que prestan y de todo aquello necesario para que ejerzan sus derechos y cumplan sus deberes”.
En este caso, el CAA considera que no se cumple esta premisa sino que, por el contrario, tiene como finalidad única destacar la gestión desarrollada por el Ayuntamiento, “mejorando con ello su imagen institucional”. Por ello, se insistió a Onda Cádiz que la emisión de este tipo de publicidad constituye una infracción grave de la Ley, sancionable con multas de entre 100.001 y 500.000 euros.
Y no era la primera vez que el Consejo se pronuncia sobre la emisión de este tipo de publicidad por parte de la televisión del Ayuntamiento gaditano. En 2007, y con motivo de una campaña similar que usaba el mismo lema, el CAA comunicó al operador público que lo estipulado en la Ley básica prevalece sobre la autonómica.
