Bajo la coordinación de la plataforma UAxlaPública (Universidades Andaluzas por la Educación Pública), compuesta por organizaciones sociales, sindicales, estudiantes, PDI y PTGAS, parte de la comunidad de la Universidad de Cádiz se ha movilizado este 29 de abril en defensa de la universidad pública, con concentraciones simultáneas a mediodía en sus cuatro campus de la provincia; y a la vez, en el resto de universidades públicas andaluzas.
“La infrafinanciación por parte de la Junta de Andalucía genera una degradación del servicio al alumnado y una precarización extrema de los trabajadores que, a la larga, sirve de justificación para el trasvase de estudiantes y recursos hacia el sector universitario privado”, advierte la plataforma convocante.
En el campus de la capital gaditana, el punto de encuentro ha estado en la puerta del Hospital Real, donde tras la pancarta ‘La universidad pública no es un gasto, la educación es inversión’ se han concentrado estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios.
La protesta se ha desarrollado de forma paralela en el resto de sedes de la UCA: en el campus de Puerto Real (ante la puerta principal del CASEM), en Jerez (en el patio del edificio Multiusos) y en Algeciras (en la puerta de Dirección de la ETSIA), según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz.
“EL PILAR SOBRE EL QUE SE ASIENTA UNA DEMOCRACIA REAL”
Durante las concentraciones se ha leído un manifiesto conjunto y se han exhibido pancartas reivindicativas en defensa de la universidad pública.
Frente a “la ofensiva mercantilista que pretende transformar el conocimiento en negocio y el estudio en un privilegio de clase”, para UAxlaPública la educación superior “es un derecho universal, el motor de nuestra igualdad y el pilar sobre el que se asienta una democracia real”.
Esta plataforma de organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales de Andalucía defiende tres principios: la equidad social y que el acceso a la educación, también la superior, sea “universal y equitativo, impidiendo que el nivel de renta o el origen social se conviertan en una barrera”; la soberanía científica de la universidad pública que garantiza que se puedan realizar investigaciones independientemente de los intereses del mercado; y el pensamiento crítico e independiente “frente a la rentabilidad y el pensamiento único”.
LAS EXIGENCIAS
Y a la vez, se exige a la Junta de Andalucía, a las puertas de la campaña electoral del 17-M, el blindaje del 1% del PIB para la financiación de las universidades públicas que establece la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU): “es el mínimo irrenunciable para garantizar la universidad pública que Andalucía merece. Además, no debe conformarse y debe incrementar esta financiación tanto como sea necesario para asegurar la calidad de nuestras instituciones educativas”.
Del mismo modo, se rechaza el modelo de mercantilización y el trasvase de fondos a la privada impulsados por la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA).
También se denuncia que se obligue a las universidades públicas a financiarse con recursos propios de, como mínimo, entre el 25% y el 30%, mientras las privadas proliferan con recursos públicos.
“Exigimos una financiación 100% pública y soberana y nos oponemos a la participación de universidades privadas en órganos como el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria”, se añade en el manifiesto.
Finalmente, también se demanda el fin de las trabas económicas que expulsan al estudiantado; y el blindaje de la bonificación del 99% y la gratuidad total (formación y examen) del B2 para la obtención del título: “el derecho a la educación no puede depender de la cuenta corriente de las familias”.
Esta plataforma UAxlaPública “por una universidad pública, democrática y de calidad” está decidida a tejer una red de resistencia en todos los campus andaluces “para actuar como un solo bloque coordinado frente a los recortes y la ofensiva privatizadora”; ejercer presión social e institucional sobre el Gobierno andaluz “hasta que cumpla”; y vigilar, denunciar y actuar “ante cualquier intento de privatización encubierta”.
