Mientras el actual alcalde de Cádiz, el popular Bruno García, pide explicaciones a quienes le precedieron en San Juan de Dios ya que “hablamos de un tema complejo y grave, para qué se puso a un privado, a un comisario, a tratar temas de contratación”, el exalcalde José María González ‘Kichi’ ha respondido a esa petición de la Fiscalía de 18 años de inhabilitación para él por el denominado caso del asesor ‘fantasma’ reivindicando que aquella persona, Fernando García Acuña, “era un asesor que asesoraba” y negando que interviniera en las decisiones técnicas del Ayuntamiento.
En un escrito en redes sociales recogido por DIARIO Bahía de Cádiz, vuelve a defender la actuación de su primer gobierno y a negar cualquier perjuicio económico para las arcas municipales. “Esta es la denuncia número 19 que me ponen. Y será la número 19 que archiven”, tiene claro González Santos, abundando en lo que considera una “persecución” contra su etapa en la Alcaldía.
Esta reacción llega un día después de conocerse que la Fiscalía Provincial solicita la apertura de juicio oral y pide para él (y otros cuatro compañeros del que era entonces su equipo de Gobierno) 18 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público y una multa de 10.800 euros por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos.
La acusación se refiere a la actuación de un asesor vinculado al entonces grupo municipal Por Cádiz Sí Se Puede entre abril de 2018 y abril de 2019, quien sin ser funcionario público, ni personal laboral ni tampoco personal eventual, “tenía acceso a los expedientes de contratación y daba indicaciones a los funcionarios”.
“NADIE TIENE QUE AGACHAR LA CABEZA”
Kichi aclara una vez más que, ante la entrada en vigor de una nueva legislación de contratos, se recurrió a un asesor vinculado al grupo municipal que lideraba para que ayudara a los concejales a incorporar cláusulas sociales a los procedimientos de contratación.
“Contratamos desde el partido a un asesor para que ayudara y explicara exclusivamente a los concejales cómo incluir cláusulas sociales y hacer del Ayuntamiento de Cádiz una administración más humana”, afirma. Y añade al aire: ¿la respuesta del PP, con CCOO como cómplice incomprensible de la derecha? Denunciarnos”.
Frente a la tesis que sostiene la investigación, que apunta a que el asesor habría intervenido en expedientes y dado indicaciones a funcionarios pese a no tener la condición de empleado público, el exalcalde izquierdista niega que eso sucediera. “Investigan si ese asesor influyó en decisiones técnicas. Spoiler: no ocurrió”, sostiene.
Además, como recalca su actual partido Adelante Andalucía, insiste en diferenciar este caso de los supuestos de corrupción vinculados al enriquecimiento personal: “aquí nadie ha metido la mano en la caja, nadie ha mangado y nadie ha cometido una inmoralidad. Aquí nadie tiene que agachar la cabeza”.
En este sentido, cuestiona que el procedimiento haya adquirido la dimensión pública que está teniendo y acusa a sus adversarios de utilizar la vía judicial para tratar de desacreditar su gestión municipal. “Otra vez ruido. Otra vez noticias de juzgados. Otra vez titulares rimbombantes para que opaque y oculte el trasfondo y la verdad”, lamenta.
“NOS PODREMOS EQUIVOCAR, PERO NUNCA DE BANDO”
“Me denuncian por intentar hacer las cosas bien, por poner cláusulas sociales para evitar que los ‘cortijeros’ de siempre se lo lleven todo y por mejorar la vida de la gente”, defiende.
Al tiempo que carga contra lo que considera una “doble vara de medir” en la justicia y contrapone su situación con otros casos de supuesto uso irregular de recursos públicos: “a los que roban a manos llenas (legal o ilegalmente), a los de los sueldos desorbitados, las dietas sin justificar, el dinero público derrochado en mariscadas, las comisiones y los áticos de lujo… a esos, ni tocarlos”.
Finalmente, José María González, desde que desde que dejó la Alcaldía hace más de tres años está reincorporado a la docencia, asegura que este procedimiento contra sus compañeros y él mismo no le hará cambiar su posición política: “no nos van a meter miedo por mucho que usen toda su maquinaria. Nos podremos equivocar, pero nunca de bando. Y, lo más importante, jamás olvidamos para qué venimos y por qué estamos en las instituciones. No nos perdonan que no seamos como ellos”.
“UN CASO DE LAWFARE”, PARA ADELANTE ANDALUCÍA
En la misma mañana del martes, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido que “ni Kichi ni nadie de su equipo se ha llevado un solo euro”, y ha augurado que ese caso judicial contra el exalcalde fracasará “como lo han hecho las 20 denuncias previas” contra él.
Este jerezano ha tachado el asunto como “un caso de lawfare”, y ha repetido que aquel gobierno gaditano izquierdista, “en vez de coger y enchufar a cualquiera del partido, dedicó el dinero a contratar expertos que nada tenían que ver con nuestro partido”.
