El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz acordó el pasado febrero seguir adelante con el caso del asesor ‘sin cargo’ o asesor ‘fantasma’ en el Ayuntamiento de Cádiz durante varios meses de la Alcaldía de José María González ‘Kichi’.
Este proceso por presunta prevaricación administrativa a raíz de una denuncia de CCOO, a la que luego se sumaría el PP, señala directamente a González Santos y a otras cinco personas: el propio asesor Fernando García Acuña, David Navarro y Laura Jiménez (concejales de Personal y de Turismo), José Ramón Páez (entonces asesor de Alcaldía) y José Vicente Barcia (en ese periodo jefe de Gabinete de Alcaldía). Todos pasaron ya por los Juzgados de San José para declarar como investigados en junio de 2024.
En concreto, se indaga el papel que desempeñó en el Consistorio García Acuña, un cargo de confianza del grupo municipal Por Cádiz Sí Se Puede entre abril de 2018 y abril de 2019.
El juez en su último auto ya reflejó que esta persona “no tenía la condición de funcionario público, ni personal laboral ni tampoco personal eventual”, y sin embargo “tenía acceso a los expedientes de contratación y daba indicaciones, que eran de obligado cumplimiento, a los funcionarios de carrera, los que tenían que acatar las órdenes del mismo en los expedientes en los que intervenía, ante el respaldo público del que gozaba por parte de los investigados”.
“La designación como asesor municipal y la atribución de funciones fue realizada sin sujeción a la legalidad y con la finalidad de conferir facultades no previstas en el ordenamiento jurídico, orillando las legítimas funciones de los funcionarios municipales”, consideró el juez.
LA FISCALÍA VE “PREVARICACIÓN Y REVELACIÓN DE SECRETOS”
Y ahora se acaba de conocer que la Fiscalía Provincial ha solicitado la apertura de juicio oral; y que pide hasta 18 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público para el exalcalde izquierdista (desde mediados de 2023 alejado de la primera línea política tras regresar a su plaza de profesor), y una multa de 10.800 euros, acusado de “prevaricación y revelación de secretos”.
La misma pena se les imputa al resto de compañeros de aquel primer gobierno local post-Teófila Martínez. Mientras para García Acuña serían nueve años de inhabilitación como “cooperador necesario”, quedando exculpado del cargo de revelación de secretos.
El escrito de la Fiscalía sospecha que como el Ayuntamiento ya tenía cubierto en abril de 2018 el número máximo de empleados eventuales, los acusados “urdieron un plan” para la contratación de este asesor jurídico a través del grupo municipal que entonces lideraba ‘Kichi’ cuando todavía era parte de Podemos.
Desde ese puesto y con un despacho en San Juan de Dios, “sin tener la condición de empleado público”, durante un año accedió a información de carácter reservado relacionada principalmente con el área de Contratación; e intervino con indicaciones a los funcionarios en la preparación de algunos de los pliegos de contratación y expedientes, detalla la Fiscalía, según la información publicada por Diario de Cádiz, recogida por DIARIO Bahía de Cádiz
“NADIE SE HA LLEVADO DINERO NI SE HA ENRIQUECIDO”
Tras declarar en el juzgado hace más de dos años, José María González ya defendió que “todo lo que se hizo, se hizo por el bien de la ciudad y con un estricto cumplimiento de la legalidad”.
Al respecto, aclaró que esta persona que trabajaba para el partido y costeaba el partido (entonces Por Cádiz Sí Se Puede), no el Ayuntamiento, que ayudaba al alcalde y sus concejales en materia de Contratación, “no dio ninguna orden a ningún funcionario público; si la hubiese dado, no me cabe pero ninguna duda de que se hubieran quejado, y no existen esas quejas”.
Por su parte, desde el partido en el que milita ahora, Adelante Andalucía, se incidía en que la contratación externa de este asesor experto estuvo motivada por un acto de responsabilidad con el Ayuntamiento de Cádiz y con sus vecinos: “hacer las cosas bien y más fáciles en la ciudad, ese es el supuesto delito”.
“Estamos tranquilos porque nadie se ha llevado dinero público ni se ha enriquecido con esta contratación. Lo que se está dirimiendo es si las funciones desarrolladas por el asesor técnico excedieron los límites legales de un asesoramiento político y administrativo”, reiteran ahora desde Adelante en declaraciones recogidas por Viva Cádiz; que recuerda por enésima vez que durante los dos mandatos de ‘Kichi’ se presentaron una veintena de denuncias y procedimientos contra el alcalde y su ejecutivo buscando judicializar su imagen, “sin que ninguno haya terminado en condena”.
