Representantes de distintas formaciones de izquierdas (en la que no está Adelante Andalucía) han formalizado un grupo promotor con el objetivo de “desbordar la mayoría absoluta del PP y su política especulativa, de modo que sea la ciudadanía quien marque el camino a seguir para recuperar el derecho a vivir aquí”.
En otras palabras, impulsará una consulta popular municipal con el objetivo de “revertir el proceso de turistificación” de la ciudad y reducir el número de viviendas de uso turístico (VUT). La iniciativa, que sus impulsores califican de “pionera”, pretende que sea la ciudadanía la que se pronuncie sobre la adopción de medidas urbanísticas para retirar de la actividad aquellas VUT que incumplen el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El grupo está integrado por personas vinculadas a Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Justicia Social, Alternativa Republicana y Recortes Cero, que evidencian (como lo llevan haciendo en los últimos tiempos el Sindicato de Inquilinas o la plataforma Cádiz Resiste) que la capital gaditana atraviesa una “situación de emergencia” en materia de vivienda debido principalmente a la especulación turística, obligando a miles de gaditanos a marcharse más allá de Cortadura y favoreciendo, al mismo tiempo, la pérdida de identidad de sus barrios. No hay que olvidar que la ciudad lleva ya unas décadas desangrándose poblacionalmente hablando.
Los promotores consideran insuficientes las limitaciones aprobadas hasta ahora por la administración local, al entender que mantienen un ‘status quo’ que impide a muchos vecinos residir en su propio barrio. En este sentido, en zonas del casco histórico la presión ejercida únicamente por estas problemáticas viviendas turísticas supera el 10% del parque residencial; al tiempo que se denuncia el impacto de los alquileres de temporada sobre el acceso a un hogar asequible.
En la presentación de la iniciativa, el representante del grupo promotor, Pedro Jiménez, avanzaba que el próximo 15 de septiembre comenzará una campaña de recogida de firmas para activar este mecanismo de participación ciudadana.
“Necesitamos utilizar esta herramienta para evidenciar que hay un clamor en Cádiz, que las gaditanas y los gaditanos quieren recuperar sus barrios, que tienen el derecho de habitar esta tierra y que van a ejecutar ese derecho”, sentenciaba.
“NO ESTAMOS PREGUNTANDO SI QUEREMOS MÁS O MENOS TURISMO”
La consulta que propone este grupo promotor formularía a la ciudadanía la siguiente pregunta: “¿está de acuerdo con que el Ayuntamiento de Cádiz modifique las normas urbanísticas y someta a licencia urbanística municipal las viviendas de uso turístico, y por tanto, se deban retirar de la actividad aquellas que incumplen con el PGOU vigente?”.
Además, se recuerda que no se trata de una medida inédita, pues existen precedentes en Galicia (en concreto, en Santiago de Compostela) y Catalunya, respaldados por la jurisprudencia, que demostrarían que es posible revertir procesos de turistificación (retirando licencias, no solo limitándolas) y recuperar barrios que han ido perdiendo población residente.
A su vez, la coportavoz del grupo promotor y portavoz de Podemos Cádiz, Marina Liberato, recalcaba que la iniciativa no pretende cuestionar el turismo como actividad económica: “no estamos preguntando a la ciudadanía si quiere más o menos turismo. Lo que queremos es preguntarle si quiere que el Ayuntamiento tenga herramientas eficaces para hacer cumplir el planeamiento urbanístico y, de esa manera, proteger el derecho a la vivienda”. “Creemos que esa decisión merece ser tomada por los propios gaditanos, así de simple”, apostillaba.
LOS ANTECEDENTES, MUY LIMITADOS
El grupo promotor repasa que en 2022, todavía con la izquierda en el gobierno local, el Ayuntamiento aprobó una modificación del PGOU para limitar las viviendas de uso turístico, “aunque durante su tramitación se registraron numerosas VUT para eludir las futuras restricciones”, generando “una situación que no responde a la intención del planeamiento vigente”, se anota.
Asimismo, en 2025, ya con el PP en San Juan de Dios, se dio luz verde de forma inicial a una nueva modificación del PGOU con mayores limitaciones y una moratoria de tres años, “pero meses después no se conocen avances en su tramitación”, se lamenta en la información trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz.
PRIMER RETO: LOGRAR 3.000 FIRMAS
Esta consulta popular municipal está prevista tanto en el Reglamento de Participación Ciudadana como en la legislación andaluza. Para solicitar formalmente su convocatoria será necesario reunir alrededor de 3.000 firmas de personas censadas en Cádiz.
Si se logra ese objetivo y se convoca la consulta perseguida, el Ayuntamiento tendría que debatir el resultado en un pleno extraordinario y adoptar un acuerdo teniendo en cuenta la voluntad expresada por la ciudadanía.
Con todo, el grupo promotor constituido formalmente el 31 de julio ha “lanzado el guante” al alcalde, Bruno García, para que asuma la celebración de esta consulta dentro de sus competencias municipales, sin verse obligado a ello. En caso contrario, seguirán adelante con “esta herramienta democrática de participación ciudadana” recogiendo apoyos a partir de septiembre, para ejercer el derecho reconocido en el Reglamento de Participación.
