El Tribunal de Instancia de Cádiz ha estimado íntegramente el recurso contencioso-administrativo presentado por Autonomía Obrera contra el acuerdo de 2024 del Ayuntamiento gaditano relativo al sistema de trabajo y al controvertido complemento de productividad de la Policía Local durante la temporada de playas, que preveía un gasto de más de 221.000 euros cada verano.

“Queda claro que el equipo de Gobierno del PP ha jugado con el dinero público, cometiendo la irregularidad de abonar cantidades y conceptos fuera de toda normativa y por servicios que no son extraordinarios”, sostiene la sección sindical mayoritaria en el Consistorio, ahora con esta sentencia en mano, que considera que la vigilancia de las playas es una función ordinaria y no justifica por sí sola el pago de un complemento. 

En este punto, AO exige responsabilidades al alcalde Bruno García (que defendió esta productividad llegando a afirmar que “cobran lo que cobran los trabajadores públicos”) y al concejal competente, Juan José Ortiz, por sacar adelante esta medida pese a sus advertencias, y que les ha garantizado un mandato sin muchas tensiones con su Policía (a diferencia de los años precedentes con José María González ‘Kichi’ en la Alcaldía).

La resolución judicial, fechada el 22 de octubre, anula el acuerdo aprobado por el pleno en septiembre de 2024. El fallo establece que “la vigilancia de las playas constituye una función propia y habitual de la Policía Local de Cádiz”. Apunta que son espacios públicos municipales y que su vigilancia es una actividad previsible y recurrente, integrada en las competencias ordinarias del cuerpo. Por tanto, no cabe justificar una retribución adicional por el mero hecho de prestar este servicio habitual.

Y para tranquilidad de los funcionarios policiales que se han beneficiado estos veranos del complemento, establece que esta anulación no afecta a las cantidades percibidas ni a los actos firmes de asignación individual.

ENTRE 320 Y 350 EUROS POR JORNADA PLAYERA

El sistema aprobado contemplaba abonar más de 35 euros por hora patrullando por la arena, lo que suponía 317,65 euros por cada servicio de nueve horas y 352,94 euros por uno de diez horas. El propio Consistorio calculó que el coste de esta fórmula rondaría los 222.000 euros adicionales en la temporada de 2024.

AO ya había denunciado la medida en julio de aquel año, al considerar que se buscaba pagar mediante el complemento de productividad unos servicios que inicialmente se habían intentado remunerar con horas extraordinarias incrementadas. Según el sindicato, el cambio de fórmula no alteraba la naturaleza ordinaria de las tareas.

Cuestionó también que se habilitara este gasto extra para el Ayuntamiento mientras seguían pendientes compromisos económicos con el resto de la plantilla municipal derivados del Acuerdo Regulador. En su denuncia, contrapuso los recursos destinados a esta productividad a las reclamaciones de otros empleados públicos por el cumplimiento de sus derechos económicos.

ADVERTENCIAS SINDICALES IGNORADAS

En la nota recogida por DIARIO Bahía de Cádiz, Autonomía Obrera insiste en que el actual Gobierno municipal de derechas conocía sus objeciones antes de aprobar el acuerdo con la Policía. 

Presentó informes jurídicos y sindicales, rechazó expresamente la propuesta en la Mesa de Negociación y trasladó sus advertencias a la Secretaría General y a la Intervención municipal. De hecho, UGT, CCOO y la propia AO votaron en contra de la medida en esa mesa.

Esta organización sindical volvió a cuestionar el sistema en junio de 2026, después de la incorporación de más de treinta agentes a la Policía Local. Remarcando que el aumento de efectivos hacía todavía menos defendible mantener automáticamente una fórmula que se había justificado por la supuesta insuficiencia de personal. Por ello, reclama revisar las necesidades reales del servicio, distribuir mejor los recursos humanos y planificar adecuadamente los turnos.

“DESPRECIARON, CON ORGULLO Y A SABIENDAS, LA LEGALIDAD VIGENTE”

Ahora, tras esta sentencia (susceptible de apelación), AO insiste en pedir responsabilidades políticas por una decisión contraria a la normativa retributiva y perjudicial para las arcas municipales. También reclama al Gobierno local que revise las consecuencias organizativas y económicas del acuerdo anulado.

“Les corresponde explicar por qué desoyó nuestras advertencias y por qué fue necesario acudir a los tribunales para corregir una decisión que nunca debió aprobarse en esos términos. Lo peor es que lo hicieron con orgullo -se lamenta-, haciéndose fotos mientras estrechaban la mano a policías en la playa y despreciando, a sabiendas, la legalidad vigente”.

En definitiva, el Ayuntamiento “no puede convertir una obligación ordinaria en una actividad extraordinaria mediante un cambio de nombre para justificar una retribución adicional”, se recalca, y “el equipo de Gobierno no puede alegar desconocimiento de las objeciones planteadas”.

“Esta victoria judicial -se sentencia- no va dirigida contra los funcionarios de la Policía Local ni contra las retribuciones que legalmente les correspondan. Ha estado dirigida contra una decisión política y administrativa que considerábamos injustificada, discriminatoria respecto al resto de la plantilla y contraria a la normativa reguladora de las retribuciones públicas”.