El Ayuntamiento de Cádiz, diecinueve meses después, ha vuelto este septiembre a sus plenos en formato presencial, aunque con precauciones (distancia interpersonal entre concejales, descansos para airear el salón, mascarillas…). Y con la subida de la luz como uno de los asuntos protagonistas de dicha sesión ordinaria.
En este sentido, salía adelante una moción instando al Gobierno de España a intervenir el mercado eléctrico; al tiempo que no prosperaba otra demandando que la empresa municipal Eléctrica de Cádiz emplee los beneficios que le correspondan al Ayuntamiento a compensar la anunciada subida de tarifas a sus clientes.
Entre otras cuestiones sobre la mesa: la educación pública, el pabellón Portillo, el infructuoso hotel de la tribuna del estadio municipal, los aparcamientos, la abolición de la prostitución o los interinos. Además, se aprobaba por asentimiento una declaración institucional con motivo del aumento de las agresiones LGTBIfóbicas en España ligadas a discursos de odio, acordando ratificar el compromiso firme del Consistorio “con la igualdad, los derechos de las personas LGTBI y la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia este colectivo”. En dicho texto, se hace una condena expresa a la manifestación nazi permitida días atrás en el madrileño barrio de Chueca.
SUBIDA DE LA LUZ
La propuesta elevada por el equipo de Gobierno relativa a instar al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos a intervenir el mercado eléctrico, estableciendo un precio máximo a la energía, además de posibilitar que todas las comercializadoras puedan facilitar el bono social, y prohibir las puertas giratorias de políticos y altos funcionarios a las grandes empresas energéticas sobre las que regulan o tienen incidencia, era aprobada con la abstención de toda la oposición.
La moción de Adelante Cádiz también incluye impulsar la generación eléctrica basada en fuentes renovables de titularidad social y pública, fomentando especialmente la generación distribuida para el autoconsumo. E igualmente contempla la creación de una empresa pública estatal de energía antes de que finalice el año 2021 y estudiar en perspectiva de la nacionalización del sector energético durante la presente legislatura.
En su turno, el concejal de Hacienda y presidente de Eléctrica de Cádiz, José Ramón Páez, defendía que “el suministro eléctrico es un derecho fundamental, no se trata de un bien de consumo, ni de un lujo, sino de una necesidad. Por tanto, debe ser accesible para toda la ciudadanía y no someterse a leyes especulativas que la hagan imposible. Nadie debería poner con miedo la calefacción en una ola de frío, ni el ventilador en una de calor, nadie debería de comer frío por no encender la vitrocerámica”.
Tras las intervenciones de los partidos de la oposición, el mismo alcalde, José María González ‘Kichi, tomaba la palabra para criticar el elevado precio de la electricidad: “lo que está pasando este año es inmoral, y el comportamiento de las grandes compañías eléctricas es bochornoso”. Del mismo modo, respondía a PP, PSOE y Cs: “lo que me queda claro tras escuchar a la oposición es que la mayoría quiere cargarse a Eléctrica de Cádiz o abrir la mano para que otras empresas del oligopolio se hagan con ella y se llenen los bolsillos. Y que quede claro que los beneficios de Eléctrica de Cádiz se reinvierten en Cádiz, y los beneficios de Endesa se reinvierten en Endesa”.
Durante este pleno ordinario, el PP elevaba a su vez otra propuesta instando a la empresa mixta Eléctrica de Cádiz (participada mayoritariamente por el Ayuntamiento, pero también por Endesa y Unicaja) acuerde emplear los beneficios que le correspondan al propio Consistorio en “compensar la anunciada subida de la luz a los gaditanos, de manera que las familias, los autónomos, pequeños empresarios y todos los clientes de la compañía no tengan que asumir en sus bolsillos el encarecimiento de la energía que el actual Gobierno de la Nación es incapaz de controlar”. La moción decaía con los votos en contra el Gobierno local y la abstención de PSOE, Cs y el edil no adscrito, Domingo Villero.
Páez como presidente de la compañía explicaba que esta medida es “ilegal”: “lo que proponen es ilegal, por la ley del sector eléctrico no se puede pasar los beneficios de la distribuidora a la comercializadora. Es una moción que es ilegal. Otra cosa es que al PP le importe a estas alturas la legalidad. Pero lo que piden no se puede llevar a cabo”.
Un rato antes, el primer edil ya había repetido que “a pesar de que Eléctrica de Cádiz no ha subido los precios en 2021, y lleva todo el año asumiendo que va a haber pérdidas, finalmente, va a tener que subir los precios a partir de octubre. Si compra la electricidad el doble o el triple de caro, tarde o temprano tiene que subir el precio porque si no, se arruina. Eso o echamos la baraja de Eléctrica de Cádiz”. “El PP sabe que la comercializadora eléctrica es independiente económicamente de la distribuidora. Que tienen cuentas separadas y que, por ley, la comercializadora no puede utilizar los fondos de la distribuidora. La ley del sector eléctrico lo prohíbe expresamente”, remarcaba.
A colación de esta propuesta del principal partido de la oposición, Facua, que insiste en considerar “ilegal” la subida de tarifas planteada por Eléctrica de Cádiz (“nuestro equipo jurídico continúa estudiando las acciones legales a emprender”), le ha recordado al PP local que fue el Gobierno de Aznar “el que diseñó la estructura del mercado energético actualmente vigente que viene provocando, desde su puesta en marcha en el año 2003, un encarecimiento de este suministro básico que se ha incrementado de forma totalmente desorbitada desde el pasado 1 de junio, coincidiendo con la modificación de la estructura tarifaria acordada por el actual Gobierno, ante la que también han mostrado su desacuerdo las grandes empresas del sector”.
EDUCACIÓN PÚBLICA, PROSTITUCIÓN E INTERINOS
La sesión plenaria presencial, por otro lado, según el relato remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, debatía conjuntamente una moción del equipo de Gobierno y otra del PSOE relativa al apoyo y refuerzo a la educación pública, aprobándose ambas, las dos con la abstención de la franquicia naranja (curiosamente, la consejería de Educación de la Junta está en manos de un político de Cs).
El aumento del personal de refuerzo Covid; que se cubra todo el personal de apoyo necesario para el alumnado con necesidades educativas especiales; el aumento del personal del aula matinal y del comedor; el cumplimiento del plan de bioclimatización; la bajada de ratio; el mantenimiento de líneas en los centros educativos públicos; o la puesta en marcha de mecanismos de financiación extraordinarios para costear la desinfección de los colegios por la pandemia, son algunas de las exigencias.
Los socialistas, además, presentaban una propuesta instando al Ayuntamiento a adherirse a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños para su prostitución; iniciativa que decaía en favor de la enmienda de sustitución presentada por Adelante Cádiz con los votos del equipo de Gobierno, la abstención de Cs y los votos en contra del PSOE y PP. “Es necesario tener en cuenta las voces de las mujeres que ejercen la prostitución, de ahí que hayamos incluido cambios en la enmienda para encontrar consenso en la defensa de los derechos humanos de estas mujeres”, anotaba la concejala de Feminismos, Lorena Garrón; que ha invitado a los grupos municipales a reunirse con prostitutas y asociaciones que trabajan con ellas “para escuchar de primera manos las necesidades”.
Y por la vía de urgencias, el PSOE también presentaba una moción de apoyo al personal interino del Ayuntamiento ante la situación generada por la aplicación del Real Decreto Ley 14/2021, un apoyo que según ha explicado el concejal de Personal, Demetrio Quirós, “ya se está mostrando tras mantener diversas reuniones con el colectivo y paralizar todos los procesos selectivos a la espera del decreto del Gobierno central”. La propuesta se aprobaba pese a la abstención del PP y el voto en contra de Villero.
Sobre este punto, la portavoz municipal, Lorena Garrón, ha pedido al PSOE “que haga su trabajo donde corresponde y pida a los miembros de su partido en el Gobierno central que resuelva esta situación que afecta a todos los interinos, independientemente de la administración, porque por nuestra parte está todo hecho y tienen todo nuestro apoyo”.
SOBRE APARCAMIENTOS Y BAJEMOS A LA CALLE
En cuanto al resto de mociones del PP, lograba el visto bueno, por unanimidad, a que se elabore de manera urgente, y se dote con el presupuesto suficiente la prestación del programa Bajemos a la Calle (que busca acompañar a personas mayores y con problemas de movilidad a salir de casa, con todas las medidas de seguridad posibles, y que gestionaba inicialmente Cruz Roja), y que mientras no se resuelva dicha licitación se implemente las medidas de urgencia necesarias para que se preste con recursos propios.
Pero quedaba en nada su otra moción, relativa a transformar las bolsas de aparcamiento de carretera industrial y plaza de Sevilla en gratuitas; recuperar la bolsa de aparcamiento gratuita creada en la Zona Franca la pasada campaña de Navidad; reordenar las zonas de paradas y reubicar los autobuses interurbanos fuera del entorno de la plaza de España para no perjudicar el tráfico en la zona con las próximas obras de peatonalización de dicha plaza; y recuperar el tráfico rodado por la calle Veedor. La oposición cotaba a favor y el equipo de Gobierno, en contra, y el voto del alcalde desempataba en esta ocasión.
PABELLÓN PORTILLO Y HOTEL DEL NUEVO MIRANDILLA
Desde el grupo Ciudadanos se traía a este pleno de septiembre una moción instando al equipo de Gobierno a incluir en la partida de inversiones de los presupuestos municipales para 2022 la dotación suficiente para la reconstrucción de pabellón Portillo; y la propuesta de creación de rutas gastronómicas sin gluten, sin alimentos implicados en determinadas alergias o intolerancias alimentarias y rutas veganas-vegetarianas-flexiveganas. Todos los grupos han votado a favor de igual manera que lo han hecho con la enmienda de adición presentada por el PP para un turismo accesible.
Y finalmente, el concejal no adscrito ha planteado la realización de un estudio de viabilidad técnica y económica sobre un posible cambio de uso compatible con el principal para la tribuna del estadio municipal Nuevo Mirandilla. El punto ha salido adelante con los votos del equipo de Gobierno, del PSOE y de Villero, y la abstención de las dos derechas. En la iniciativa se evidencia que desde 2012 ha habido seis tentativas para enajenar el equipamiento de 17.000 metros cuadrados, destinando principalmente a hotel, pidiéndose por este unos 10 millones de euros, “y en todas las ocasiones el mercado las ha rechazado”. “No se puede seguir haciendo lo mismo, pues el resultado seguirá siendo el mismo”, considera el ex de Ciudadanos, que propone que sean expertos quienes ponderen la cuestión aportando soluciones a la justificación técnica y económica.
