El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha pasado por el Ayuntamiento de Cádiz para abordar, principalmente, asuntos relacionados con el sinhogarismo.
En la reunión, junto a los concejales de Urbanismo, Asuntos Sociales y Vivienda, José Manuel Cossi, Pablo Otero y Ana Sanjuán, el alcalde Bruno García ha expuesto a Maeztu las distintas medidas que se han puesto en marcha desde la vuelta del PP al gobierno local, a mediados de 2023, para aumentar los recursos destinados a los sintecho y mejorar en su atención.
“Nos encontramos con un albergue con 20 plazas en muy malas condiciones, un nuevo centro de día abierto, el Hogar Fermín Salvochea, una ayuda durante las campañas de frío y calor en pensiones durante cinco meses y un equipo de calle que atendía a estas personas en jornada de mañana”, según ha repasado el primer edil derechista.
Y tres años después (y un inicio de 2026 fatídico con la muerte de hasta cinco personas en situación de calle), el panorama que dibuja es: una inversión de más de 350.000 euros en la reforma del albergue, “que ya está en funcionamiento con 22 camas”; la ampliación del horario del Fermín Salvochea; las plazas reservadas en la pensión ahora son para todo el año.
También se han aumentado las subvenciones a las entidades que atienden a las personas sin hogar; se ha firmado recientemente un convenio con Cruz Roja para la atención socio sanitaria del colectivo; y se ha creado otro albergue en la promoción pública de la calle Setenil con 22 plazas, proyectada por el anterior ejecutivo izquierdista.
Además, gracias a 1,2 millones de euros de fondos europeos Next Generation está en plena construcción un centro de segunda acogida en la calle Soledad con otras 22 plazas, donde más allá de alojamiento se buscará la reinserción.
Al tiempo que el Ayuntamiento trabaja en un nuevo pliego que saldrá el próximo mes de noviembre “en el que incorporaremos nuevas medidas para mejorar la situación de estas personas, relacionadas con la formación y el empleo y con la salud mental, ya que para este equipo de Gobierno no hay nada más importante que las personas vulnerables”, ha remarcado Bruno García, para quien las personas sin hogar (hasta 192 en la capital gaditana, según el último censo), “no solo es un problema que nos preocupa sino que nos ocupa en tiempo, voluntad política y en presupuesto”.
Eso sí, la versión municipal ha obviado las denuncias al respecto de colectivos como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), que no en pocas ocasiones ha tachado de incoherente el discurso del actual alcalde, que por un lado se muestra sensible y por otro permite el “hostigamiento” del colectivo, con baldeos que obligan a estas personas a ir de un lado a otro buscándose un rincón de la ciudad donde “vivir”, o el llamado “protocolo de la vergüenza” revelado meses atrás por el colectivo de jardineros, obligados a una sistemática “limpieza de indigentes” en las zonas verdes.
“LA ATENCIÓN DE URGENCIA NO BASTA”
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones ha advertido de que Cádiz afronta una situación de emergencia habitacional especialmente grave en el caso de las personas sin hogar, y ha insistido en que el sinhogarismo “no puede abordarse solo desde la atención de urgencia”.
Tras escuchar a Bruno García, Maeztu ha valorado y reconocido el trabajo que se está desarrollando desde el Consistorio gaditano, si bien ha señalado que la gravedad de la situación “obliga a ir más allá”.
Con los datos recabados, la Oficina del Defensor cerrará una resolución sobre la realidad del sinhogarismo en la capital, con la voluntad de que pueda servir también como referencia para otros ayuntamientos andaluces.
Tras la reunión de trabajo en el Ayuntamiento, el alcalde y Maeztu han visitado el Hogar Fermín Salvochea, el remozado albergue municipal y el edificio de la calle Setenil, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz.
SOBRE LAS VIVIENDAS APUNTALADAS DE PUNTALES
Igualmente, en este encuentro también se ha tratado el problema de los vecinos de la calle Explanada y calle Dársena, en Puntales. Alrededor de 60 familias sufren un “grave problema de seguridad y habitabilidad”, conviviendo incluso entre puntales ante el riesgo de derrumbe.
Aunque actualmente la mayoría de estos pisos son de propiedad privada, el conjunto fue titularidad de la empresa municipal de vivienda, Procasa. En el año 2004, en tiempos de Teófila Martínez, el Ayuntamiento ofreció la opción de compra a los inquilinos, quienes adquirieron sus hogares “sin ser informados ni conocedores de los graves problemas que padecía la edificación”, ha repetido insistentemente el PSOE local, que lleva meses denunciando el caso.
Los representantes del Ejecutivo municipal han trasladado al Defensor del Pueblo Andaluz que desde el Ayuntamiento “se está trabajando y avanzando, en colaboración con la Junta de Andalucía”, para valorar las opciones de ayudas a las que podrían acceder los afectados.
Asimismo, se ha informado sobre los encuentros que ya se han mantenido con los representantes de los vecinos, para abordar la posibilidad de delimitar un área prioritaria de regeneración urbana en este barrio, lo que permitiría poder contar con ayudas de la Junta para la rehabilitación de viviendas privadas.
