El Hospital Puerta del Mar de Cádiz ha tardado casi tres meses en responder a una reclamación de una paciente derivada con carácter preferente que lleva esperando más de dos años para ser atendida para una consulta de Traumatología. Y para colmo, en esa respuesta se limita a alegar la elevada demanda asistencial sin explicar las causas de este retraso.
En este sentido, representando a esta mujer, Facua ha solicitado a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que declare insuficientemente motivada dicha respuesta del hospital gaditano y ordene la emisión de una nueva resolución “que responda de forma individualizada” a todas las cuestiones planteadas en su reclamación.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, esta asociación de consumidores denuncia que la paciente fue derivada con carácter preferente al servicio de Traumatología hace aproximadamente 18 meses, cuando presentó su primera reclamación, sin que hubiera recibido cita alguna pese a que el Decreto 96/2004 establece un plazo máximo de 30 días para este tipo de primeras consultas especializadas.
Ante esta situación, Facua presentó una reclamación a finales del pasado marzo solicitando que se concertara de forma inmediata la consulta y denunciando el grave perjuicio que la demora estaba ocasionando a la afectada, al impedir el avance del tratamiento quirúrgico indicado y mantenerla en una situación continuada de dolor y limitación funcional.
Sin embargo, la respuesta del Puerta del Mar no llegó hasta el 18 de junio, casi tres meses después de la presentación de la reclamación, limitándose a comunicar que la paciente había sido citada para el 26 de noviembre de 2026 y atribuyendo el retraso al elevado volumen de pacientes y a la organización de las unidades asistenciales.
“SE DIFICULTA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA DE LA PACIENTE”
Con esta contestación en la mano, Facua Cádiz considera “especialmente grave” que, además del retraso en atender a la reclamación, el SAS haya eludido responder a las cuestiones fundamentales planteadas. En concreto, “la respuesta no reconoce si se ha incumplido el plazo máximo legal de atención, no explica las causas concretas por las que una derivación preferente termina demorándose más de dos años, no identifica las medidas adoptadas para reparar la vulneración del derecho de la usuaria ni ofrece fundamentación jurídica alguna que justifique el incumplimiento de la normativa vigente”.
“Esta contestación constituye una respuesta meramente formal que impide conocer las verdaderas razones de la actuación administrativa y dificulta el ejercicio del derecho de defensa de la usuaria, al limitarse a utilizar fórmulas genéricas sobre la presión asistencial sin analizar las circunstancias concretas de este caso”, insisten desde la asociación demandante.
Al respecto, Facua termina recordando que las administraciones públicas tienen la obligación legal de resolver “de forma expresa y motivada” las reclamaciones que presentan los ciudadanos, especialmente cuando afectan al ejercicio del derecho a la protección de la salud y al cumplimiento de garantías legalmente reconocidas.
