El Gobierno local del PP en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María asegura que tiene preparada la organización necesaria para “garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos” ante el varapalo conocido semanas atrás: un auto judicial que suspende de forma cautelar las 35 comisiones de servicio aprobadas en el verano de 2025, junto a los diferentes nombramientos, ante la falta de criterios claros para la designación de estos puestos.
“Un juzgado ha tenido que parar los pies al Gobierno de Beardo que (con el pretexto de la designación como municipio de Gran Población) repartió decenas de puestos de responsabilidad sin publicar bases, sin baremos objetivos y sin respetar los criterios de mérito y capacidad”, aclaraba días atrás IU, lamentando “una práctica propia de quien confunde la gestión pública con el reparto de favores”.
Ante ello, el concejal de Organización Municipal y Función Pública, Javier Bello, responde que “Beardo no va a permitir que intereses sindicales o estrategias políticas vuelvan a bloquear la administración ni que El Puerto regrese a modelos del pasado marcados por la inmovilidad y la inacción”.
Y detalla en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que durante este agosto, el Ejecutivo local ha analizado las necesidades de los distintos servicios y ha preparado las medidas organizativas necesarias para que esta suspensión judicial “no tenga impacto en la atención a los portuenses ni en el funcionamiento ordinario de la administración municipal”.
En este sentido, a partir del 1 de septiembre entrará en vigor un nuevo régimen basado en atribuciones temporales de funciones, “que permitirá garantizar la continuidad de los servicios municipales”.
SE RECURRIRÁ LA MEDIDA CAUTELAR
Paralelamente, el Gobierno derechista de Beardo ha preparado un recurso contra la suspensión cautelar de esas comisiones de servicio.
A colación, Bello subraya que se respetan las decisiones judiciales, “al tiempo que ejerce el derecho a defender la organización municipal y las medidas adoptadas para mejorar el funcionamiento de la administración, para que sea más eficaz y pueda prestar el mejor servicio a los portuenses”.
Argumenta además que este discutido proceso de reorganización forma parte del compromiso adquirido por el PP “para avanzar hacia un Ayuntamiento más ágil, moderno y eficiente”. “La nueva estructura municipal y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se han impulsado mediante los procedimientos establecidos y con el objetivo de adaptar los recursos humanos a las necesidades reales de los servicios”, se insiste.
Esta reorganización, añade, “pretende favorecer la movilidad y el desarrollo profesional de los empleados públicos, facilitando que los recursos humanos puedan situarse allí donde resulten más necesarios y contribuyendo a mejorar la prestación de los servicios”.
Así, el concejal de Función Pública repite que “nuestro objetivo es seguir avanzando hacia una administración más dinámica, eficaz y preparada para responder a las necesidades de El Puerto, garantizando al mismo tiempo los derechos de los empleados públicos y la continuidad de los servicios”.
IU: “EL PROBLEMA NO ESTÁ EN QUIEN FISCALIZA, SINO EN QUIEN TOMÓ LA DECISIÓN”
Por su lado, Izquierda Unida ya ha avanzado que elevará una moción al próximo pleno para exigir al Gobierno del PP el cumplimiento íntegro de la resolución judicial que suspende cautelarmente 35 comisiones de servicio.
“Nos hablan de una administración ágil y eficaz, pero la realidad es que utilizan esa excusa para buscar atajos, cubrir puestos de manera provisional y después son los tribunales quienes tienen que poner límites. La agilidad nunca puede estar por encima de la legalidad”, reitera el portavoz municipal izquierdista, José Luis Bueno.
En este sentido, entiende “especialmente preocupante” que, ante la suspensión judicial, Beardo pretenda recurrir a fórmulas como la atribución temporal de funciones para mantener una situación que ha sido cuestionada por los tribunales: “no puede cambiarle el nombre al procedimiento para mantener por otra vía aquello que un juez ha suspendido. Si hay puestos que cubrir, que se haga mediante procedimientos públicos, transparentes y respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
Bueno critica además los ataques del Ejecutivo popular a las organizaciones sindicales por haber recurrido las comisiones de servicio. “Ya está bien de culpar a los sindicatos por hacer su trabajo. Los sindicatos están para defender a los trabajadores y fiscalizar que las decisiones del Ayuntamiento se ajusten a la legislación. Si señalan una actuación y después un tribunal acuerda su suspensión, el problema no está en quien fiscaliza, sino en quien tomó la decisión”, sostiene.
Por último, este partido de la oposición recuerda que la nueva estructura municipal generó alrededor de un centenar de puestos vacantes y acusa al Gobierno local de “llevar años parcheando un problema de planificación que debería haber resuelto mediante procedimientos ordinarios de provisión”.
“Los tribunales no bloquean la administración y los sindicatos tampoco. Lo que la bloquea es hacer las cosas mal y tener que corregirlas después. Si Beardo quiere una administración ágil y eficaz, que empiece por cumplir la ley”, concluye José Luis Bueno.
