Los alcaldes de Cádiz y Puerto Real han presentado la instrucción de inclusión de cláusulas sociales en los contratos de obras, servicios y suministros que aplicarán sus dos consistorios en próximas adjudicaciones. Se considera un primero paso en el camino para conseguir que las administraciones públicas “sean vehículos para la inserción laboral”.
El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, el expresidente de la European Network of Social Integration Enterprises, Ignacio Parody, y el director de coordinación de contratación administrativa del Ayuntamiento de Barcelona, Francisco Blanco, han presentado la instrucción de inclusión de cláusulas sociales en los contratos de obras, servicios y suministros que aplicarán estos dos consistorios gaditanos en la adjudicación de próximos contratos.
“Las cláusulas sociales constituyen una herramienta fundamental en la apuesta por el empleo de este equipo de Gobierno, suponiendo uno de los mayores instrumentos que, como administración local, podemos llevar a cabo a este respecto”, ha apuntado el primer edil capitalino.
González Santos ha aclarado que este documento “que próximamente se convertirá en decreto”, aspira a “ser un referente para las empresas a la hora de incluir cláusulas sociales y que reserven una cuota de mercado a aquellas personas más vulnerables como pueden ser parados de larga duración, personas con alguna discapacidad o que estén en situación de exclusión social”.
Asimismo, ha destacado que esta acción “se enmarca dentro de una dinámica global de diversas instituciones. Existe una directiva europea que el Gobierno central no ha sabido todavía como encaminar pero no por ello, como institución, podemos dejar de desarrollar este aspecto, más aún cuando va en beneficio de la sociedad”.
El documento, según ha definido el alcalde de Por Cádiz sí se puede, es “un primer paso fundamental para iniciar un itinerario de implantación de las cláusula sociales, así como de la vertiente de reserva de mercado, en la cual, a través de su protocolo de seguimiento de ejecución se articulara un órgano participativo de seguimiento y propuestas de mejora, integrado por los diferentes agentes sociales y de representación política”. Del mismo modo, ha subrayado que “esta orden de instrucción se enmarca dentro de una estrategia más amplia de fomento de la economía social y solidaria de la que esta es una herramienta más al igual que los microcréditos o las políticas de inclusión socio laboral”.
Por su lado, el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, ha insistido en que “tenemos que quitarnos los complejos como institución. La rentabilidad económica puede ir acompañada de la rentabilidad social”. Este representante de Sí se puede Puerto Real ha puesto como ejemplo la forma de actuar de la ciudadanía “que cuando va a comprar un producto no se fija solo en el precio, observa la calidad, el material, de dónde viene, puesto es lo que queremos hacer desde el Ayuntamiento”.
“HAY QUE DEJAR DE PROMOVER LAS OFERTAS TEMERARIAS”
Durante la presentación, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, el director de coordinación de contratación administrativa del Ayuntamiento de Barcelona, Francisco Blanco, ha advertido que “en las administraciones públicas se debe prescindir del economismo y de que las empresas luchen por presentar la oferta más barata. Las administraciones públicas deben ser motor de la economía social y dejar de promover las ofertas temerarias”.
Por su parte, el expresidente de la European Network of Social Integration Enterprises, Ignacio Parody ha apostillado que este documento contempla tres bloques de requisitos de cláusulas sociales entre las que se encuentran la equiparación del acceso al trabajo entre hombres y mujeres, el respeto al salario, las condiciones laborales y la aplicación del convenio y la seguridad y la salud laboral.
Parody ha afirmado que la crisis-estafa “ha disparado la desigualdad y los problemas” y este documento “no resolverá el paro que tiene Cádiz pero sí podrá ser un instrumento y un punto de partida para mejorar las condiciones y el acceso a un empleo de las personas más vulnerables”.
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