El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz tenía previsto llevar, otra vez, la adjudicación definitiva del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos al pleno ordinario de diciembre. Sin embargo, este eternizado proceso queda otra vez a expensas de una nueva resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación.
Con los votos de Adelante Cádiz, PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP y del concejal no adscrito Domingo Villero, salía adelante en el pleno de octubre la clasificación de ofertas, o lo que es lo mismo, adjudicar a Acciona el suculento contrato del servicio de basuras, caducado desde 2016 y funcionando con prórrogas forzosas desde entonces; y a su vez, rechazar la oferta de la empresa Cointer, inicialmente la más valorada pero finalmente, tras recursos y numerosa documentación, considerada inviable (“temeraria” venían denunciando desde hace meses sindicatos y partidos de la oposición: superior a los 153 millones de euros por diez años, 15 por debajo del precio de licitación).
Entonces la que impugnó el concurso fue Acciona, y ahora, como era esperable, es Cointer (que asume actualmente el servicio junto a Sufi) la que ha paralizado todo otra vez presentando un recurso contra lo acordado en ese último pleno; pero también se ha metido en la ‘pelea’ Valoriza, la tercera empresa aspirante, y la peor puntuada.
EL GOBIERNO LOCAL PIDE “AGILIDAD”
Ante este enésimo escollo, el Ejecutivo liderado por José María González ‘Kichi’ ha pedido “agilidad” al Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación a la hora de resolver los dos recursos presentados. Al respecto, se defiende que el expediente “es correcto” y la clasificación “está bien hecha”, e incluso se confía en que la institución provincial “cumplirá los plazos para que la adjudicación definitiva a Acciona pueda llevarse al pleno de diciembre, tal y como estaba previsto”.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz se reitera que el equipo de Gobierno tenía previsto llevar la propuesta de adjudicación definitiva al próximo pleno a celebrarse a mediados de mes, pero al haberse presentado esos recursos, el Tribunal de Recursos Contractuales ha considerado que hay que parar el proceso y resolverlos. “Dichos recursos en principio no suponían la paralización del proceso, por lo que se entiende que la Diputación ha querido aplicar un principio de prudencia”, se anota.
Desde el Consistorio se vuelve a defender la “pulcritud” de un expediente “tan complejo” como este, aseverando que “la clasificación está bien hecha” y que, por tanto, “los recursos no deberían llevar a término”. Por ello, se insiste en pedir a la Diputación que “resuelva lo antes posible, y desde luego con más prontitud que la vez anterior”, cuando se tardó unos cinco meses.
Al hilo de ello, se punta que la Diputación “ha tardado 10 días en trasladarnos los dos recursos que, además, se presentaron en el último día posible”.
“Se trata del contrato más importante no solo del Ayuntamiento de Cádiz, sino de cualquier ciudad”, por lo que “es comprensible que las empresas que no han resultado beneficiadas hagan lo posible por conseguirlo”, pero, al mismo tiempo, “es necesario que la Diputación agilice la resolución y pueda adjudicarse definitivamente ese contrato antes de finalizar el año”, sentencian desde el Gobierno gaditano.
DOS AÑOS SIN CONVENIO COLECTIVO
Y entre tanto, UGT (sindicato mayoritario en el comité de empresa de la UTE Sufi Cointer) denunciaba hace unos días la “posición inamovible en la negociación colectiva” desde hace más de dos años por parte de dicha unión temporal de empresas que quiere seguir al frente de este servicio municipal privatizado.
“Desde finales de 2019 no se actualizan las tablas salariales, y, por tanto, se acrecienta día a día la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla”, se subraya.
Esa sección sindical lamenta que las numerosas reuniones mantenidas por la plataforma de convenio “han sido totalmente infructuosas, ante la sinrazón de la empresa. No queremos llegar a pensar que las dos empresas que forman esta UTE y ante la posibilidad de no renovar con el Ayuntamiento el servicio que prestan, les dé absolutamente igual el futuro laboral de la plantilla”.
En este contexto, “se está dando un significativo deterioro en el servicio que se presta, dado que la empresa no está cubriendo ninguna de las bajas que se originan en la plantilla. Bajas por enfermedad, por asuntos propios o aquellas que se producen después del verano por disfrute de las vacaciones en meses distintos a los habituales. Además, por la obsolescencia de la maquinaria en general y la antigüedad y el deterioro de muchos de los equipos”, reiteran desde UGT.
Además, este sindicato dice tener conocimiento de que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social ha detectado contratos en fraude de Ley perteneciente al personal eventual y ha obligado a la actual contrata de basuras a que estos trabajadores pasen a ser fijos de plantilla; sin embargo, “dicha resolución está siendo prácticamente ignorada y solo en algunos casos (uno en realidad) ha sido acatada esta resolución”.
