La Casa de Iberoamérica de Cádiz acogía días atrás un taller dirigido a las comunidades de inquilinos de viviendas del parque público gestionadas por la empresa municipal Procasa (unas 2.000) para recabar sus propuestas e incorporarlas al borrador de la guía ‘Contigo Vivo’ en la que se viene trabajando para “fomentar una adecuada convivencia basada en la cooperación, el respeto, la responsabilidad individual y la colaboración de las personas inquilinas de Procasa”; aunque se espera alcanzar a toda la ciudadanía en una fase posterior.
La concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha abundando en que el objetivo de esta guía es “mejorar la convivencia entre los inquilinos de las viviendas municipales, asegurar el buen funcionamiento de la comunidad, el mantenimiento del edificio y crear un clima amable”. Asimismo, el manual persigue velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de arrendamiento.
El pasado mes de diciembre dicha empresa municipal distribuyó carteles y dípticos en las comunidades de vecinos para informar de esta iniciativa, presentarles el borrador de ‘Contigo Vivo’ y establecer canales para la recepción de sugerencias, como paso previo a una ronda de sesiones informativas y reuniones sectoriales que se ha venido manteniendo con los representantes de las comunidades y también con los propios vecinos con idea de incorporar propuestas de todas las partes.
Esta último taller, según se remarca en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, ha servido para que los representantes de distintas comunidades presentaran formalmente las aportaciones de sus vecinos, las cuales se estudiarán para su incorporación a este futuro documento que establece una serie de consejos encaminados a una buena convivencia vecinal, así como cuestiones como el mantenimiento de edificios, ahorro energético y sostenibilidad ambiental, además de para la formación de personas mediadoras para la solución de conflictos vecinales, entre otros.
La elaboración de esta guía desarrolla uno de los objetivos específicos del vigente Plan Municipal de Vivienda de Cádiz y servirá como preámbulo para trabajar en otra guía de buena convivencia dirigida a toda la ciudad, más allá de las viviendas de gestión municipal. Para ello, se establecerá una nueva ronda de talleres y contactos con asociaciones de vecinos, con colectivos y órganos vinculados a la vivienda para que también participen activamente.
SE EXIGE A LA JUNTA QUE “CUMPLA CON LOS VECINOS DEL CERRO DEL MORO”
Sin dejar el apartado de la vivienda, el alcalde José María González ‘Kichi’ ha exigido estos días a la Junta de Andalucía que “deje de tratar como a ciudadanos de segunda a los vecinos del Cerro del Moro que llevan soportando décadas de promesas incumplidas” y que, por ello, se han visto “arrastrados a vivir en unas condiciones que rozan los umbrales de la falta de dignidad que deberían avergonzar al Gobierno andaluz”.
En este sentido, urge al ahora Gobierno andaluz de derechas a “desbloquear de una vez por todas” la séptima y octava fase de la remodelación del Cerro del Moro y a encontrar “de manera inmediata una solución para los 70 vecinos que ha tenido décadas olvidados”.
Recientemente, el PSOE también ha avanzado que exigirá en el Parlamento andaluz el cumplimiento del convenio de 2018 para culminar el desarrollo urbanístico del Cerro del Moro; y la réplica del PP la esperable, apelando a la herencia recibida: “los socialistas no tienen credibilidad, no dejaron ni dinero ni proyecto ni acuerdo”.
El primer edil de Adelante Cádiz ha criticado “la auténtica desidia con unos vecinos que llevan décadas esperando a que se materialicen unas promesas que la Junta nunca cumple”, aludiendo a las “imágenes de jaramagos, hierbas, suciedad y humedades que dan muestra del incontestable y vergonzante abandono al que la administración andaluza tiene sometidos a los vecinos de este barrio, primero con el PSOE y ahora con el PP”, partido este último al que, “independientemente en la administración en la que esté, atribuye “un maltrato sistemático a esta zona”.
Al respecto, el último paso que se dio, tras la correspondiente declaración de ruina de tres edificios de esta zona, fue su demolición en 2020 para construir allí las viviendas que tienen que realojar a estas 70 familias. Sin embargo, la Junta ha dejado todo el proceso “nuevamente paralizado, quedando estas familias literalmente atrapadas, ya que no las pueden vender y tampoco pueden salir porque no tienen vivienda en la que realojarse hasta que la Junta construya el nuevo edificio”, ha apostillado Tubío. Por ello, se suma a la exigencia de que el Ejecutivo de Moreno Bonilla “cumpla con urgencia sus responsabilidades y construya la nueva edificación prevista para estas familias”.
