El Ayuntamiento de San Fernando se ha adherido a la llamada Declaración de Valladolid, un texto que recoge el compromiso de diferentes ciudades por la economía circular. El texto lo suscribía a finales de junio la propia alcaldesa, Patricia Cavada, en un acto en Pucela, con la participación de otra decena de alcaldes, contando con el anfitrión, Óscar Puente, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero. También estuvo presente e intervino el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
La primera edil isleña resalta que San Fernando “ha sido uno de los primeros firmantes de este documento, lo que consolida nuestro carácter pionero y reafirma la apuesta en todas nuestras políticas por el desarrollo local y urbano de la mano de la sostenibilidad y la defensa del medio ambiente, y siempre en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
“El papel de los gobiernos locales en este compromiso es fundamental, porque es desde el ámbito municipal desde el que se van a encauzar la mayor parte de los proyectos que van a consolidar el futuro gracias a los fondos europeos para la recuperación Next Generation”, interpreta Cavada, al tiempo que “ha valorado de forma positiva el trabajo conjunto y la cooperación entre los diferentes ayuntamientos y el propio Gobierno de España para trazar el camino, estar a la vanguardia en esta apuesta y tener éxito en nuestra actuación”.
Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, Patricia Cavada durante su estancia en Valladolid también participó en la jornada ‘Economía circular, reconstrucción y entidades locales’, que sirvió de preámbulo a la firma de la Declaración; una cita organizada por la FEMP, el Ayuntamiento pucelano y Ecoembes.
LLAMAMIENTO A LAS CIUDADES
Esta Declaración de Valladolid actualiza los contenidos, propuestas y compromisos de la Declaración de Sevilla, que se firmó en marzo de 2017 en respuesta al llamamiento a las “ciudades europeas en favor de una Economía Circular” realizado en París en septiembre de 2015.
“Una economía circular -dice la Declaración de Sevilla-, que transforme nuestros residuos en recursos ofreciendo una solución a la crisis ambiental que sufriremos con el modelo económico de desarrollo línea”.
Aquel compromiso de los gobiernos locales para impulsar, asentar y establecer la economía circular como uno de los caminos hacia la descarbonización y la implementación del Pacto Verde Europeo ha contado, hasta la fecha, con la adhesión de 231 entidades locales que representan a más de 20 millones de habitantes.
Ahora, la de Declaración de Valladolid actualiza aquella adaptándola a los cambios a los que obliga la pandemia del Covid-19 y encauzándola hacia el proceso de recuperación y transformación que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dotado con 140.000 millones de euros (los fondos europeos post-coronavirus). Se trata de “ajustar aquellos principios y compromisos al momento actual de crisis sanitaria y económica”.
En el documento firmado por La Isla se señala que “la situación de crisis provocada por el coronavirus ha puesto de manifiesto las deficiencias de nuestras ciudades, a la vez que ha provocado importantes cambios en el uso de los espacios públicos, del transporte, de los lugares de ocio, de las relaciones entre el medio urbano y rural”. Ello, dice el texto, “obliga al rediseño y regeneración de nuestras ciudades y pueblos”, apostando por un trabajo coordinado de las administraciones públicas, en colaboración con el sector privado y con la ciudadanía.
Las ciudades que se adhieran a partir de ahora a la Declaración de Valladolid, con la que “la FEMP reafirma el compromiso local con la economía circular”, adquieren en la teoría 16 compromisos: impulsar y apoyar tanto el llamamiento que realizó la ciudad de París por una economía circular como la Declaración de Sevilla, es el primero; el compromiso central es “convertir a la economía circular en una fuente de impulso de las nuevas tecnologías que contribuya al cambio del modelo económico y a la reducción de impactos ambientales”. Todo desde el reconocimiento al “importante papel que tienen los gobiernos locales en las acciones de fomento y desarrollo de un nuevo modelo basado en los principios de la economía circular por ser la administración más próxima, y la que por tanto puede prevenir los principales conflictos ambientales”.
PERO ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA CIRCULAR?
La economía circular se entiende como un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende.
En la práctica, implica reducir los residuos al mínimo, en un contexto de crisis climática. Cuando un producto llega al final de su vida, sus materiales se mantienen dentro de la economía siempre que sea posible. Estos pueden ser productivamente utilizados una y otra vez, creando así un valor adicional.
Contrasta con el modelo económico lineal tradicional, basado principalmente en el concepto “usar y tirar”, que requiere de grandes cantidades de materiales y energía baratos y de fácil acceso. La tan famosa obsolescencia programada contra la que el Parlamento Europeo pide medidas es también parte de este modelo.
