El Ayuntamiento de San Fernando anunciaba a finales de noviembre la firma de un contrato de emergencia (con una empresa legalizada con la calificación de núcleo zoológico) para la retirada “urgente” de sus perros y gatos de la conocida como perrera de la Mancomunidad (el Centro de Protección Animal Bahía de Cádiz, que hasta ahora daba servicio a La Isla, Cádiz, Chiclana y Puerto Real) ante los reiterados incumplimientos de la empresa concesionaria, Athisa, que se vienen conociendo y denunciando desde hace años.
En una nota, el Gobierno isleño, del PSOE, más allá de presumir de su “sensibilidad animal”, obviando de que era una medida tomada en el seno de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz, insistía en que daba este paso “ante las reiteradas denuncias sobre el mal estado de los animales, tal y como se ha constatado en diferentes inspecciones, a lo que se añade la incapacidad de la Mancomunidad para solventar la situación pese a los continuos requerimientos realizados desde San Fernando”.
Una afirmación que no ha sentado nada bien en el ente supramunicipal, ahora mismo presidido por el concejal portuense del PP Millán Alegre; a lo que se une que la alcaldesa isleña, la socialista Patricia Cavada, no es precisamente una defensora de la Mancomunidad.
“LA MANCOMUNIDAD NO INCUMPLE”
De este modo, en el comunicado trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, la Mancomunidad de Municipios deja claro que, en esta problemática de la perrera, “no incumple porque no tiene competencias para el control y vigilancia de la gestión del servicio. Las competencias directas son exclusivas de los distintos ayuntamientos adheridos al contrato centralizado en la Mancomunidad”, entre ellos el de San Fernando.
“La Mancomunidad actúa únicamente como órgano coordinación del servicio de recogida de animales abandonados, con el objetivo de facilitar la dirección técnica común que ejercen las delegaciones de Bienestar Animal de los cuatro municipios (beneficiarios), velando siempre porque dicho servicio se preste de manera eficiente y respetando los términos acordados en el contrato vigente”, se detalla.
Por tanto, insisten desde presidencia del ente mancomunado, “el incumplimiento debe ser atribuido a la empresa adjudicataria, que es la única responsable de cumplir con las condiciones del contrato, y no la Mancomunidad”.
En consecuencia, y como es conocido, la Junta de Gobierno de la Mancomunidad (compuesta por los alcaldes de los ayuntamientos adscritos) ya semanas atrás acordó (pese a que los incumplimientos de Athisa vienen de largo) el secuestro del servicio, así como el inicio del expediente de resolución del contrato.
Además, atendiendo al informe de la dirección técnica se determinó el desalojo de los animales de las precarias instalaciones de la perrera en suelo chiclanero, “poniendo como fecha límite el 20 de diciembre”.
Y aquí se entiende ese contrato urgente vendido desde el Ejecutivo isleño como una iniciativa propia mientras se busca una solución definitiva. De hecho, el Ayuntamiento de Cádiz acaba de anunciar igualmente la tramitación de otro contrato de emergencia para la retirada de sus animales (16 perros y un gato) y su traslado a un núcleo zoológico que cumpla con todos los requisitos.
