Casi un mes después, una orden judicial y la intervención policial ha acabado con la mediática protesta de Jesús y Manuel en lo alto de una grúa en la factoría de Navantia San Fernando, denunciando la existencia de listas negras en el metal de la Bahía de Cádiz, y su caso personal.
El martes 5 de mayo se cumplían veintiocho días de que, la situación desesperada que viven estos dos soldadores con cualificación y experiencia, les llevara a atrincherarse a 25 metros de altura en la antigua Bazán para exigir la intervención de las administraciones competentes, y lograr un contrato digno en su tierra (donde hoy no falta la faena en el sector e incluso se traen profesionales fuera), ante el veto que dicen sufrir en las empresas auxiliares que trabajan con los astilleros o Dragados, por su activismo sindical.
Y por la tarde, un inédito dispositivo de la Policía Nacional accediendo a la planta isleña ponía en alerta a los compañeros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) y familiares que, desde el inicio de la protesta, han arropado a Manuel Balber y Jesús Galván, a los que Navantia dejó sin teléfono con internet tras las primeras jornadas, para tratar de acallar la reivindicación.
Un rato después, tras el asesoramiento de su abogada, sin intervención de los agentes accedían a abandonar la grúa y salían escoltados del astillero por los furgones. Y eran recibidos como héroes por quienes les esperaban bajo las consignas de “no estáis solos, Jesús y Manolo; mañana subimos otra vez si hace falta; esto no acaba aquí, esto es solo un paso más”.
Ambos quedaron citados en la mañana de este miércoles a declarar en la Comisaría de San Fernando. Además, antes de este abrupto desenlace ya estaban convocadas para esta misma semana, el jueves día 7 a las 19 horas, protestas ante las sedes socialistas en Cádiz y otras provincias españolas.
Movilizaciones que se mantienen: “consideramos aún más importante si cabe la concentración en las sedes del PSOE, partido responsable del despliegue policial desproporcionado para acabar con la justa reivindicación de los compañeros”, remarcan desde la CTM en la información recogida por DIARIO Bahía de Cádiz.
“EN VEZ DE NEGOCIAR DECIDEN LLAMAR A LA POLICÍA”
En el recibimiento a ambos trabajadores no faltaron políticos de Adelante Andalucía y de AxSí. Igualmente, a través de redes sociales, nombres destacados de Podemos no han tardado en hacerse eco de este caso, en concreto tanto la eurodiputada Irene Montero y la diputada nacional Ione Belarra, que estos días han acudido a interesarse en persona por Manolo y Jesús hasta las puertas del astillero.
“Lo que faltaba ya es que el Gobierno mande a la policía para reprimir la acción sindical. La policía, para proteger a los trabajadores, no a quienes les impiden trabajar. Basta de listas negras y basta de represión. Manolo y Jesús, tenéis todo nuestro apoyo”, escribe la exministra de Igualdad. Por su lado, Belarra, que amparada por la presidencia del Congreso logró días atrás entrar en Navantia para acercarse a los huelguistas, apela directamente al presidente Pedro Sánchez y a su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska: “tenéis aquí dos trabajadores denunciando que no les dejan trabajar en su tierra por hacer sindicalismo y vuestra solución es mandarles a la policía a bajarles en una operación de altísimo riesgo. Vergüenza debería daros”.
Por su lado, desde Adelante Andalucía, su candidato a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, remarca que “Navantia en vez de negociar decide llamar a la policía. Se ponen del lado de la patronal. Lamentable”. Y su número tres por la provincia, David de la Cruz, presente en el recibimiento junto a Carlos Paradas, ha insistido en que “no estaban solos Jesús y Manuel. Porque no era por ellos su lucha, sino por el presente y futuro de la Bahía. Qué orgullo de ustedes, compañeros. Seguiremos acompañando una pelea que es justa y legítima”.
De la misma manera, el cabeza de lista por Cádiz al 17-M de la coalición Andalucistas (impulsada por AxSí), Alfredo Fernández, también a las puertas de la antigua Bazán, ha calificado la intervención policial como “un acto de crueldad y una muestra de la deriva represiva del actual Gobierno de España, del PSOE, hacia la clase obrera de la Bahía”.

“HACER SINDICALISMO NO ES DELITO”
Tras semanas de recogida de firmas, reuniones con partidos y representantes institucionales (entre ellos los alcaldes de Cádiz, del PP, y Puerto Real, izquierdista; la de San Fernando, la socialista Patricia Cavada, se negó a recibirlos), y varios días de acampada en el aparcamiento de los astilleros isleño, Manolo y Jesús, nadie sabe cómo, se colaron en Navantia y pasaron a atrincherarse en una grúa tras la pancarta ‘No a las listas negra’.
Desde entonces han celebrado asambleas (incluso desde lo alto de la grúa vigilada intensamente por la seguridad privada de Navantia, con los compañeros abajo), y han recibido apoyos de diferentes puntos del Estado. Igualmente una manifestación de aliento en la capital gaditana, recientemente, señalaba tanto a la patronal del metal (la Femca), a Navantia y al silencio de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT.
En otro sentido, han recibido el reproche del comité de empresa de Navantia San Fernando, cuestionando las formas de una protesta dirigida a las contratas, no a la propia tractora, que “está causando un perjuicio creciente a la plantilla y al astillero”. Mientras tanto Navantia como el PSOE han ido negado insistentemente la existencia de esas supuestas listas negras.
Jesús y Manolo, hoy en situación de exclusión social, son soldadores cualificados con formación, experiencia, certificaciones y habilidades técnicas, pero desde hace años entienden que están vetados en la industria auxiliar en Cádiz.
En el verano de 2020 fueron despedidos de una subcontrata de Navantia Puerto Real después de unas protestas en la que se reivindicaba carga de trabajo. Ambos acudieron a la justicia, y, dos años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consideró nulos esos despidos por tratarse de “una represalia por sus acciones sindicales”.
A pesar del “momento histórico” de carga de trabajo para las empresas tractoras de Bahía, que además se ven “obligadas” a buscar profesionales fuera, seis años después de haber sido despedidos y cuatro de haberles dado la razón los tribunales, no han vuelto a trabajar en ninguna factoría gaditana ni en ningún taller.
Y es verdad que en los primeros días de protesta en las alturas recibieron una oferta de trabajo de una empresa auxiliar, “pero según iba avanzando la negociación, entendimos que se trataba de una artimaña sin garantías para que bajarán de la grúa”, al pasar a ser un contrato abierto a todo el territorio nacional, reveló en su momento la CTM, sindicato que tiene claro que “esto no acaba aquí, esto es solo un paso más”.













