Tres semanas llevan ya Manuel Balber y Jesús Galván en lo alto de una grúa en la factoría de Navantia San Fernando denunciando la existencia de listas negras en el metal de la Bahía de Cádiz, y su caso personal. Y no tienen intención de bajar hasta firmar un contrato digno en su tierra. Denuncian que desde hace más de seis años, como represalia a su acción sindical, están vetados en las empresas auxiliares que trabajan con los astilleros o Dragados.
“Manolo y Jesús están más fuertes que nunca. A pesar de los obstáculos de Navantia no permitiéndoles recargar sus móviles para que olvidemos que continúan en la grúa, ellos siguen con las ideas muy claras”, remarcan desde la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) que en la tarde de este miércoles 29 ha promovido una marcha en la capital gaditana para alentar a sus compañeros.
La manifestación tras la pancarta ‘En apoyo al metal de la Bahía de Cádiz. No a las listas negras’, secundada por familiares, amigos y compañeros, y a nivel político por el candidato a la presidencia de la Junta de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha partido a la altura de la sede de la Federación de Empresas del Metal de Cádiz (Femca), para continuar por delante de Navantia Cádiz y acabar en la avenida principal ante el edificio de los Sindicatos.
Tres paradas significativas, según han señalado desde CTM, ya que desde la patronal del metal “no se les contrata”; desde los astilleros públicos como tractora, aunque no contrata directamente “están influyendo en que no sean contratados”; y finalmente ante la sede de CCOO y UGT ante su silencio en esta problemática.
“Jesús y Manolo -ha incidido estos días desde su sindicato- han sido los cabezas visibles de una lucha que ha dejado los despachos y ha recuperado la calle. Las listas negras no son una casualidad, son la consecuencia de hacer el sindicalismo que le duele a la patronal y a todos los que nos quieren callados”.
“LA MEJOR FORMA DE LUCHAR CONTRA LA DERECHA ES NO HACER COSAS DE DERECHA”
“Yo les quiero dar las gracias porque Jesús y Manuel están llevando a cabo una lucha que no es solo por ellos. Lo están haciendo por el futuro de la clase trabajadora de toda la Bahía de Cádiz y de toda Andalucía”, ha apuntado por su lado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, presente en la marcha.
Además, sin poner en duda la existencia de esas “listas negras” (que niega una y otra vez Navantia, y tampoco las ve el PSOE), este jerezano ha señalado a los responsables materiales y políticos y les ha instado a actuar conforme a la posición de izquierda que representan y por la que fueron votados: “los responsables son la dirección de Navantia, que es una empresa pública. Una empresa pública que depende del Gobierno del PSOE y Sumar. Y esto lo digo con mucha pena, porque hay mucha gente de izquierda que se ilusionó con ese gobierno”.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, García ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que se posicione públicamente al lado de la clase trabajadora del metal en Cádiz y le ha mandado un mensaje: “si verdaderamente quieren luchar contra la derecha, la mejor forma es no hacer cosas de derecha, es apoyar a Jesús y a Manuel. Que se acaben las listas negras. Y plantar y poner firme a la patronal del metal”.
“HACER SINDICALISMO NO ES DELITO”
Tras semanas de recogida de firmas, reuniones con partidos y representantes institucionales (entre ellos los alcaldes de Cádiz, del PP, y Puerto Real, izquierdista; la de San Fernando, la socialista Patricia Cavada, se negó a recibirlos: “solo oye a la parte que quieren oír y desprecia todo lo que no provenga de las instituciones que ellos mismos controla”, le ha reprochado la CTM tras su reciente intervención en un pleno mostrándose “preocupada” por la situación de estos dos soldadores), y varios días de acampada en el aparcamiento de los astilleros isleño, Manolo y Jesús pasaron a atrincherarse en esta grúa en la antigua Bazán, tras la pancarta ‘No a las listas negra’.
Desde entonces están celebrando asambleas (incluso desde lo alto de la grúa vigilada intensamente por la seguridad privada de Navantia, con los compañeros abajo), y han recibido apoyos de diferentes puntos del Estado, como la visita frustrada de la eurodiputada de Podemos Irene Montero, y de la diputada morada Ione Belarra, que al segundo intento logró acceder amparada por la presidenta del Congreso.
Además, en los primeros días de protesta en las alturas recibieron una oferta de trabajo de una empresa auxiliar, “pero según iba avanzando la negociación, entendimos que se trataba de una artimaña sin garantías para que bajarán de la grúa”, al pasar a ser un contrato abierto a todo el territorio nacional, ha revelado la CTM.
Y también se han encontrado con declaraciones controvertidas como las de la subdelegada del Gobierno de España, Blanca Flores, negando que “esté demostrada” la existencia de esas listas negra, y a la vez muy preocupada por conocer cómo estas dos personas se han colado en el recinto del astillero, más que por investigar esos presuntos vetos laborales.
Jesús y Manolo, hoy en situación de exclusión social, son soldadores cualificados con formación, experiencia, certificaciones y habilidades técnicas, pero desde hace años entienden que están vetados en la industria auxiliar en Cádiz.
En el verano de 2020 fueron despedidos de una subcontrata de Navantia Puerto Real después de unas protestas en la que se reivindicaba carga de trabajo. Ambos acudieron a la justicia, y, dos años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consideró nulos esos despidos por tratarse de “una represalia por sus acciones sindicales”.
A pesar del “momento histórico” de carga de trabajo para las empresas tractoras de Bahía, que además se ven “obligadas” a buscar profesionales fuera, seis años después de haber sido despedidos y cuatro de haberles dado la razón los tribunales, no han vuelto a trabajar en ninguna factoría gaditana ni en ningún taller.
Con esta acción desesperada, casi un grito de auxilio, solo buscan “una solución política y que se cumpla la Constitución”, cuando habla de derecho al trabajo digno. Y es que “hacer sindicalismo no es delito”, repiten una y otra vez.
