El Ayuntamiento de San Fernando celebraba el viernes su primer pleno ordinario del presente mandato, ya con el PSOE en solitario en el Gobierno local, con mayoría absoluta. Mayoría que le ha bastado para (como en los últimos años junto al que fuera su socio, Ciudadanos), sin contar ni negociar nada con la oposición, sacar adelante el presupuesto municipal para 2023, que llega ocho meses tarde.
Las cuentas se presentaban, extrañamente, pocos días antes de las elecciones municipales de mayo y eran aprobadas de forma inicial (por socialistas y naranjas), y tachadas por la oposición en bloque de “electoralistas”. Y ahora, descartando las únicas alegaciones presentadas por la ultraderecha, el documento ha quedado aprobado de forma definitiva con el rechazo de PP, Vox y AxSí.
El presupuesto asciende a 83,4 millones de euros, de los que 80,5 millones corresponden a ingresos corrientes y 2,9 millones a financiación a través de préstamos. Y según el Ejecutivo liderado por Patricia Cavada, “servirá para consolidar el nuevo modelo de ciudad”.
“Cada partida ha sido minuciosamente estudiada y pensada para seguir sumando al proceso de transformación de San Fernando con un doble objetivo: tener unos servicios públicos eficientes que mejoren el día a día de la gente y generar una mayor actividad económica”, ha repetido estos días el concejala de de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez; avanzando que “esta volverá a ser la columna vertebral de los presupuestos de 2024, en los que ya se están trabajando con la idea de sacarlos adelante este mismo año”; cumpliendo la ley.
En este documento económico destaca que se reservan 600.000 euros a la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); crecen las partidas para mantenimiento urbano, mantenimiento de edificios municipales “alcanzando la cifra récord de 2,7 millones”, o de mantenimiento de colegios, hasta los 600.000 euros.
En paralelo, según se recoge en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se ha aumentado en la teoría un 8,5% el gasto de personal para cubrir la dotación de 115 plazas vacantes en el Ayuntamiento, aunque es poco probable que este nuevo personal entre a trabajar este mismo año. Igualmente, desde el Gobierno local se presume que los presupuestos de 2023 consignan 5,3 millones para gasto social; y por otro lado, hasta 550.000 para festejos y eventos. Asimismo, se destinan más de 9 millones de euros a la contrata de limpieza y recogida de basuras; y se destinan 2,8 millones al futuro contrato para el mantenimiento de parques y jardines.
En cuanto al capítulo de inversiones, llega a los 9 millones de euros, “ya que a los 4,3 millones del presupuesto de 2023 hay que sumar los 4,6 millones del remanente”. En el ámbito de infraestructuras viarias destacan 775.000 euros y 1,9 para dar cobertura total a los fondos europeos de la EDUSI (que hay que liquidar a final de 2023 o se perderán, salvo que haya prórroga). El proyecto de construcción de la nueva piscina municipal en la Ronda del Estero incorpora una partida de 550.000 euros, que se suma al millón de euros reflejado en anteriores ejercicios. Se destinan al soterramiento del cableado de La Almadraba 200.000 euros (a sumar a los 131.000 euros del remanente) y una cantidad similar a la tubería de impulsión que va por la Ronda del Estero.
SUBE LA FACTURA DEL AGUA
En este pleno ordinario también se ha sometido a votación la “actualización” de las tasas de alcantarillado y del agua. De nuevo, el Gobierno local ha visto como toda la oposición ha votado en contra, salvo Vox, que se ha abstenido.
El contrato con Hidralia (la antigua Aquagest), en vigor desde hace 29 años y “heredado y prorrogado en la ciudad” (la última prórroga negociada ya por el PSOE) establece una subida anual de tarifas del 3,25% en el caso del agua.
“Pese a ser de obligado cumplimiento, hemos conseguido frenar esta revisión al alza” en los años de la pandemia, ha tratado de defender Conrado Rodríguez. Aunque en enero de 2022 sí se aplicó la subida de una anualidad (arrastrando la de los dos ejercicios anteriores).
Junta a estas ordenanzas, se ha aprobado un paquete de “medidas solidarias” enmarcadas en el llamado Pacto Social por la Solidaridad, el Empleo y la Reconstrucción Verde, rubricado meses atrás por Hidralia y el Ayuntamiento, con las que “garantizar el acceso igualitario al agua”.
Entre esas tarifas sociales destacan la Garantía del Mínimo Vital, y bonificaciones para pensionistas, parados, familias numerosas, asociaciones de vecinos y entidades sociales, y hasta para nuevas empresas.
Superado este trámite legal, tanto las subidas como las nuevas tarifas sociales se harán efectivas en el último trimestre del año.
