La consejería de Justicia de la Junta firmaba el pasado mes de abril el contrato de alquiler de la nueva sede que albergará los juzgados de San Fernando con la empresa propietaria del edificio. Entonces ya solicitaba licencia de obras al Ayuntamiento para poder ejecutar la adecuación previa al traslado, pero ahora el Gobierno local en funciones se niega a otorgar este permiso ya que las dependencias “no cumplen con la normativa de prevención de incendios”. Le insta a subsanar estas deficiencias para continuar con la tramitación.
La consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía firmaba el pasado mes de abril el contrato de alquiler de la nueva sede que albergará los juzgados de San Fernando con la empresa propietaria del edificio.
La Junta ha alquilado, tras el correspondiente concurso público –que se tuvo que repetir dos veces, al quedar desierto en su primer intento: entonces sólo hubo un interesado, y su oferta fue rechazada por superar el presupuesto propuesto- la planta baja de unas instalaciones situadas junto a la iglesia del Carmen y el Liceo, que cuenta con una superficie de 1.800 metros cuadrados y que permitirá concentrar en este espacio todas las dependencias judiciales de la ciudad.
Desde entonces, y con el correspondiente proyecto de adecuación, la administración regional está pendiente de que el Consistorio le conceda la correspondiente licencia de obras, para ejecutar estos trabajos y llevar a cabo al fin el traslado de los juzgados, y dejar las deficientes dependencias de la plaza San José.
Sin embargo, ahora el Gobierno local en funciones asegura que estas dependencias no cumplen con la normativa de prevención de incendios. Así lo ha constatado el informe elaborado por el Consorcio Provincial de Bomberos tras el requerimiento realizado por el Ayuntamiento como paso previo a la expedición de la licencia de obra mayor solicitada el 20 de abril por la Junta para la adecuación del citado local, ubicado en el número 229 de la calle Real.
El bipartito PP-PA argumenta en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que el proyecto que persigue ejecutar la Junta de cara a trasladar los Juzgados, “es complejo al tratarse de un equipamiento de uso público de gran concurrencia y efectuarse en dos niveles”. Además, el inmueble supera los 750 metros cuadrados de superficie “por lo que es obligatorio el informe del Consorcio de Bomberos que certifique la existencia o no de las medidas obligatorias de seguridad en el caso de que se produjese un incendio en el recinto”.
Ante ello el pasado 22 de mayo se remitió a la Junta el citado informe para su subsanación para cumplir la normativa en materia de prevención de incendios.
El plazo para el otorgamiento de las licencias de obras mayores es de tres meses. Dicho plazo se interrumpirá hasta que se realicen las adaptaciones precisas para cumplir con la normativa contraincendios.
De este modo, parece que se retrasa un poco más el trasladado de los juzgados isleños. El contrato del nuevo local –propiedad de la Fundación Octavio Comes- contempla el arrendamiento, durante un periodo de cuatro años, con un coste de 618.000 euros -el presupuesto base de licitación del primer concurso, hace alrededor de un año, rondaba los 400.000 euros-, lo que supone una renta de 12.879 euros al mes.
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