El PSOE roteño ha valorado la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a la alcaldesa Eva Corrales, a penas de prisión, multa e inhabilitación, por el caso ‘horas extras’. Se lamenta que el PP “haya permitido que por primera vez en la historia de nuestro pueblo, hayamos tenido que ver cómo es condenada una alcaldesa en el ejercicio de su cargo”. Además, se aclara que en la etapa en la que gobernó el PSOE en la Villa “jamás se abonaron esos trabajos camuflándolos como horas extraordinarias, sino que pagaban previa expedición de las correspondientes facturas, como marca la legalidad”.
El PSOE roteño ha valorado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a la alcaldesa, ahora en funciones, Eva Corrales, a penas de prisión, multa e inhabilitación, por el conocido como caso ‘horas extras’; aunque con “cautela” porque no dispone del texto del falle “ya que este caso ni fue denunciado por el PSOE, ni tampoco se personó en la causa, por lo que la única información de la que disponemos es aquella que ha trasladado bien la prensa, o bien los propios afectados”.
No obstante, no se ha querido dejar de abordar “una noticia de indudable trascendencia para la política local y que supone que se aparte de la vida pública a la persona que ha ejercido como alcaldesa durante los últimos cuatro años”. Y es que la conservadora Corrales ya ha avanzado que en el próximo pleno de investidura no tomará su acta de concejala.
Al respecto, el PSOE dice lamentar en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que Eva Corales y el PP “hayan permitido que por primera vez en la historia de nuestro pueblo, los roteños hayamos tenido que ver cómo es condenada una alcaldesa en el ejercicio de su cargo. Por responsabilidad, debería haber dimitido tan pronto se le abrió juicio oral en su contra”, se subraya.
Para los socialistas, “es sumamente preocupante la falta de respeto que tanto Corrales como Lorenzo Sánchez –que en este caso, ha sido absuelto-, tienen hacia el trabajo de la fiscalía y de la judicatura, haciendo afirmaciones veladas de que están al servicio electoralista de la oposición”; y recuerdan que “tanto la jueza instructora, como la fiscalía anticorrupción, como los tres magistrados que componen la sala que ha dictado la sentencia, han mantenido una posición unánime, que ha sido la de condenar a la alcaldesa no por un error administrativo, sino por la comisión de dos delitos como son la prevaricación y la falsedad documental”.
Con respecto a los funcionarios municipales que también han sido condenados por la Audiencia Provincial, el PSOE entiende que “estos empleados públicos han sido víctimas de la estrategia de defensa de la alcaldesa y de su socio de gobierno, que han ido a los juzgados a decir que ellos no sabían lo que hacían, que todo ha sido culpa de los funcionarios que no les han advertido de las ilegalidades que se estaban perpetrando”. “Intentar defenderse echándole la culpa de todo a los funcionarios, en vez de dar la cara y asumir cada uno su responsabilidad, es lo que ha traído como consecuencia esta situación”, se insiste.
En este sentido, y en contestación a las dudas planteadas por Corrales sobre la asunción de los gastos de defensa por parte del Ayuntamiento a estos trabajadores municipales a partir del nuevo mandato, ya con un nuevo Gobierno, desde el PSOE local se recuerda que “garantizar dichos costes es una obligación del Ayuntamiento, ya que así está recogido tanto en el convenio colectivo como en el acuerdo regulador, y que por supuesto, el nuevo equipo de Gobierno seguirá llevándolo a cabo porque se ajusta a la legalidad”, cosa que “no ocurre con el pago de la defensa de los cargos políticos”, cuestión que el propio Grupo Socialista tiene recurrida en el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo.
El PSOE mantiene que “una vez que el asunto ha llegado a manos de la Justicia, debemos ser respetuosos, estaremos a la espera de lo que resulte del recurso ante el Tribunal Supremo que se ha anunciado, y una vez que el Alto Tribunal se pronuncie, se aplicará la Ley como no puede ser de otra manera”.
EN LA ETAPA DE GOBIERNO DEL PSOE NO SE FACTURABA IGUAL
No obstante, se quiere dejar claro, que al contrario de lo expresado tanto por la todavía primera edil como por otros miembros de Partido Popular y Roteños Unidos, “en la etapa en la que gobernó el PSOE jamás se abonaron esos trabajos camuflándolos como horas extraordinarias, sino que pagaban previa expedición de las correspondientes facturas, como marca la legalidad”. En este sentido, se pide a Corrales “que deje de una vez el ventilador, y que haga pública la sentencia para que todos los ciudadanos puedan conocer claramente los hechos que han sido juzgados”.
Los socialistas distinguen entre “las responsabilidades penales, que depurarán los Tribunales de Justicia, de las responsabilidades políticas que todavía no se han asumido”. Y es que “la alcaldesa en funciones ha dicho públicamente que por responsabilidad no tomará posesión de su acta de concejal el próximo 13 de junio, pero sin embargo oculta que es la ley quien le impide tomar posesión de dicha acta al existir ya una sentencia condenatoria”.
Y por otro lado, se considera “muy llamativo” que Lorenzo Sánchez “guarde silencio y se escude en su absolución por falta de pruebas, para no asumir su responsabilidad, ya que él era el alcalde cuando se cometieron los hechos sentenciados y todo el mundo sabe que en el Ayuntamiento no se hacía nada, sin su beneplácito”.
EL PP ASUME EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
Mientras, desde el PP provincial se ha manifestado que se asume el cumplimiento de la ley en la incompatibilidad de cargo público tras la sentencia de Rota.
Los populares se hacen eco de las declaraciones de la dirigente roteña, “en las que asume el cumplimiento de la legislación y por tanto la incompatibilidad de ejercer un cargo público, como ya ha manifestado la propia Eva Corrales que no tomará posesión de su acta de concejal en la constitución de la nueva Corporación municipal”, afirman desde la derecha.
Asimismo, apuntan al derecho a la legítima defensa en el recurso ante el Supremo y muestran su “respeto y confianza” en la Justicia, puntualizando que, “como recoge la propia sentencia, los trabajos fueron realizados y, por tanto, no hubo menoscabo a las arcas públicas”.
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