“Se nos pedía aprobar unas cuentas que ni siquiera el auditor independiente ha podido certificar”. De este modo el PP en San Fernando justifica su rechazo a la aprobación de las cuentas anuales de la empresa municipal Hemsa (la antigua Esisa, que además de políticas locales de vivienda en los últimos años ha ganado competencias, principalmente asumiendo el servicio de ayuda a domicilio tras la lucha de las trabajadoras por su municipalización).
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el principal partido de la oposición sostiene que su voto contrario “no cuestiona el trabajo de los profesionales de Hemsa, sino la fiabilidad de unas cuentas que el propio auditor reconoce que no ha podido verificar”.
De hecho, el auditor contratado para revisarlas ha denegado emitir una opinión al no poder obtener evidencia suficiente que le permita determinar si reflejan la imagen fiel de la situación económica de la empresa municipal.
En este punto, la concejala popular Carmen Roa entiende que una denegación de opinión constituye una de las conclusiones más graves que puede emitir un auditor: “el informe no afirma que las cuentas estén bien ni que estén mal. Lo que dice es que no dispone de información suficiente para comprobar si reflejan la realidad económica de la empresa. Si el propio profesional contratado para revisarlas no puede avalarlas, el PP tampoco puede hacerlo.
SIGUEN LAS DUDAS TRAS LA REFORMULACIÓN DE LAS CUENTAS
El informe de auditoría identifica varias deficiencias “de especial relevancia”. Entre ellas, señala que Hemsa carece de un registro auxiliar completo de su patrimonio, lo que impide verificar la valoración de buena parte de sus activos; que no ha podido comprobar la correcta imputación de subvenciones públicas; que existen diferencias significativas entre la contabilidad de la empresa y la del Ayuntamiento, su único accionista; y que tampoco ha sido posible verificar la recuperabilidad de más de 5 millones de euros pendientes de cobro.
Además, el auditor advierte de que la situación financiera de esta sociedad pública depende en gran medida de la venta de existencias “cuya realización a corto plazo resulta incierta”, una circunstancia que introduce incertidumbre sobre algunos de los principales indicadores económicos de la empresa.
Roa remarca igualmente que estas cuentas ya tuvieron que ser reformuladas tras un primer informe de auditoría. Sin embargo, una vez realizadas esas modificaciones, el informe definitivo mantiene exactamente la misma conclusión: el auditor sigue sin poder emitir una opinión por falta de evidencia suficiente.
“SE DEBEN CORREGIR DE INMEDIATO LAS DEFICIENCIAS”
“Votar a favor habría supuesto asumir una responsabilidad que ningún concejal debería asumir cuando el propio informe técnico advierte que no puede verificar la información contable”, insiste la derecha isleña.
Así, se lamenta que una empresa íntegramente municipal, financiada con dinero público y a la que el Ayuntamiento continúa encomendando nuevos servicios, “presente unas deficiencias contables de esta magnitud”. Desde principios de 2026 tiene como gerente a Conrado Rodríguez, durante años uno de los hombres clave de los gobiernos de Patricia Cavada hasta su paso al lado en 2025.
“Los isleños tienen derecho a saber qué ocurre en una empresa pública que gestiona millones de euros y presta servicios esenciales. El Gobierno municipal del PSOE debe corregir de inmediato todas las deficiencias señaladas por el auditor y garantizar que una situación como esta no vuelva a repetirse”, apostilla Carmen Roa.
