Podemos en San Fernando ha denunciado que el Ayuntamiento ha denegado reconocer la situación de exclusión social a la familia que lleva desde diciembre okupando una vivienda en la calle San Nicolás, “y ello a pesar de que todos sus miembros están parados y malviven de la caridad y de la solidaridad”. Se pide que se revierta esta injusticia y se actualicen los requisitos para considerar a alguien en situación de exclusión. Sobre ellos una orden de desalojo desde mayo tras la denuncia de Esisa.
Podemos en San Fernando ha denunciado que el Ayuntamiento ha denegado reconocer la situación de exclusión social a la familia de tres adultos y una menor de ocho años que lleva desde diciembre okupando una vivienda en el número 49 de la calle San Nicolás –tras la muerte del inquilino-, “y ello a pesar de que todos sus miembros están parados y malviven de la caridad y de la solidaridad”. La propiedad del piso recae en la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, si bien su administración está al cargo de Esisa.
Los argumentos para declinar el reconocimiento a favor de conceder el informe de exclusión social a este caso, para este partido-movimiento son “absurdos”, sobre todo “si tenemos en cuenta que este rechazo supone añadir más sufrimiento a esta familia, a la que una resolución positiva, le hubiera supuesto un gran balón de oxigeno para evitar el verse sin un techo”, ya que como resultado de que la Empresa del Suelo Isleña (Esisa) los denunciara judicialmente, pesa sobre ellos una orden de desalojo desde el mes de mayo.
Esos argumentos hacen referencia al hecho de que uno de sus miembros, en el pasado pudo trabajar durante tres años en el sector de la construcción, a pesar de que actualmente no disponen de ingresos de ningún tipo que sustenten a la familia. “Los requisitos para considerar a alguien en situación de exclusión social están caducos y no responde a las condiciones reales de la gente que se encuentra en verdadera exclusión social en tiempos de crisis”, se agrega.
Podemos entiende que una empresa municipal “debe buscar soluciones que garanticen los derechos de todos los ciudadanos a una vivienda digna y no convertir a estos en delincuentes por luchar por su supervivencia y evitar que su niña de ocho años se quedara sin techo”.
“Se demuestra una vez más que Esisa -cuyo máximo responsable es Francisco Romero, del PA-, da la espalda a los que más necesitan de una voluntad política que ponga por delante de cualquier otra cuestión a las personas, y también se pone de manifiesto que las leyes actuales están hechas a la medida y al servicio de los más pudientes en detrimento de los que más necesitarían. En situaciones de este calado, es inaceptable que se abandone a su suerte a la gente que peor lo está pasando por culpa de estas políticas de austeridad”, afirman desde el círculo local de Podemos en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz; en el que se añade que los Servicios Sociales del Ayuntamiento, al igual que las empresas municipales, “deben estar a la altura de las circunstancias, y no dar la espalda a ciudadanos cuyo delito no es otro que el vivir en un país que rescata a los bancos y les martiriza con las medidas que toman una casta de privilegiados”.
Por todo ello, desde Podemos se condena esta decisión tomada por el Consistorio (gobernado por PP-PA), e insta a que se reconsidere la decisión tomada y se revierta esta injusticia y actualice o inste a actualizar los requisitos para considerar a alguien en situación de exclusión social.
