La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, asegura que ha vuelto a dirigirse a la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, para pedirle que se trabaje con la mayor celeridad y se tomen medidas para solucionar la situación del personal del servicio de catering del acuartelamiento de Camposoto. Es la segunda carta que la socialista le dirige a Robles, de su mismo partido.
En los últimos días ha trascendido el despido definitivo de las 17 personas que conformaban la plantilla de este comedor militar en La Isla y que prestaba servicio a través de la empresa Dulcinea Nutrición, adjudicataria que ha sido sustituida recientemente por Defensa por otra para hacer el trabajo. Plantilla que lleva meses movilizada y que ha estado trabajando sin cobrar y en condiciones laborales indignas. Una situación que se repite además en otros acuartelamientos gaditanos, como en San Roque, Tarifa, Los Barrios y Algeciras.
Entre otros partidos locales, Podemos ha criticado que desde el Gobierno local no se haya “mediado ni luchado” con más intensidad para intentar que desde Defensa se tome en cuenta la situación del personal que acaba de ser despedido “ni se hayan defendido estos puestos de trabajo” que podían haber seguido con la nueva empresa.
Por su lado, la alcaldesa, con esta segunda carta a la ministra, afirma que ha insistido en que “debe arbitrarse una pronta salida a esta cuestión”, y ha apuntado en que la solución pasa “por que haya cuanto antes una cesión del contrato a otra empresa o agilizar la contratación de una nueva concesionaria”. En ambos casos, Cavada ha dejado claro que “las empresas que lleguen tienen que subrogar a los trabajadores de este servicio, cuya situación se ha agravado ahora que han sido despedidos”.
“Son una plantilla que lleva muchos años en su puesto con profesionalidad, algunos de los empleados con 18 años de antigüedad en su puesto, y hay que tenerlos en cuenta a cada uno de ellos y que puedan recuperar su empleo cuando se reanude el servicio”, ha insistido la primera edil a la ministra.
Según apuntan desde el Ayuntamiento en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Cavada ha recalcado a Robles que “han pasado casi dos meses desde que trasladé esta situación, a todas luces insostenible, y desgraciadamente vuelvo a hacerlo para insistir en la importancia que tiene para mí resolver esta situación”. “Diecisiete familias de mi ciudad, junto a sus familiares, llevan sin poder realizar su trabajo desde el mes de agosto una situación que se ha convertido en crítica toda vez que se les ha notificado su despido oficial”, ha lamentado la regidora en su misiva.
“LA SUBROGACIÓN ES LA ÚNICA SOLUCIÓN QUE HACE JUSTICIA”
De este modo, la alcaldesa ha insistido en que “es necesario que se afronte este problema con urgencia y se planteen las medidas para resolver el conflicto. Necesitamos canalizar todos nuestros esfuerzos para encontrar una solución que pasa por agilizar cuanto antes la cesión del servicio a otra empresa o la adjudicación del servicio a una nueva”. En este sentido, ha insistido en que “la subrogación de la plantilla es la única solución que hace justicia en este conflicto, dado que los trabajadores han sido desprovistos de sus puestos de trabajo por un mal funcionamiento de la empresa adjudicataria no por su labor profesional, que es excelente”.
“Sabemos que jurídicamente no es fácil encontrar una salida, y por eso le pido a la ministra que se implique de forma personal en la búsqueda de la mejor solución para esos 17 trabajadores y sus familias”, ha reiterado la alcaldesa isleña.
Patricia Cavada ha vuelto a reiterar el apoyo a la plantilla, y repite que “como lleva ya estos últimos meses haciendo”, seguirá mediando para buscar soluciones. No en vano, se añade, ha mantenido varios contactos con los responsables del Cefot-2 y el acuartelamiento para trasladarles su preocupación por la situación administrativa creada en el servicio de comedor que se presta a los varios centenares de soldados que se forman en estas instalaciones.
La misma alcaldesa ha contactado también en diversas ocasiones con los representantes del Gobierno central, como el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, y el subdelegado en Cádiz, José Pacheco, para tratar el asunto, al margen de las cartas enviadas a la ministra Robles.
“NOS PARECE UNA INFAMIA Y UNA VERGÜENZA LO QUE HAN HECHO”
Por su lado, la parlamentaria por Cádiz de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha exigido a Defensa y al empresariado una solución “inmediata y definitiva” para los 34 trabajadores de los comedores de los cuarteles de la empresa Dulcinea (entre San Fernando y el Campo de Gibraltar). “Después de seis meses sin cobrar y sin poder acceder a su puesto de trabajo, la esperanza de poder percibir al menos el desempleo que les pertenece, también se desvanece pues según nos han contado las propias trabajadoras ahora, tampoco pueden cobrar el paro”, lamenta.
Al respecto, la coalición de Podemos e IU ha exigido también a la ministra en funciones, Margarita Robles, que Defensa subrogue a esta plantilla que, en muchos casos, acumula años de experiencia: “cuidar a los soldados como ellas lo han hecho, casi sin medios, sí que es de verdad un servicio público y no merecen de ninguna de las maneras el maltrato del Estado español”.
