Un nuevo giro alrededor de controvertida tasa consorcial de tratamientos de residuos, después de que en los últimos días vecinos de San Fernando (también afecta a Chiclana y Puerto Real) estén recibiendo recibos de años atrás. La alcaldesa isleña, Patricia Cavada, acaba de anunciar que ha solicitado al Consorcio Bahía de Cádiz y al servicio de Recaudación Provincial de la Diputación, la “paralización inmediata” de estos cobros.
Además, y al margen del informe ya encargado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que confirmen la legalidad de la mencionada tasa (que confirmaba un día antes el concejal de Presidencia Conrado Rodríguez), Cavada también asegura que se ha dado inicio a un expediente para valorar la posición de San Fernando dentro de este Consorcio provincial “y evaluar el tratamiento más eficiente de los residuos urbanos y de su financiación”.
Lo anterior, aclara la alcaldesa del PSOE en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, ha venido motivado, afirma, por la “deficiente” gestión por parte del Consorcio Bahía de Cádiz (ahora con presidencia también socialista) y del servicio de Recaudación Provincial en relación a la falta de información previa de las comunicaciones telemáticas que han ido llegado a los vecinos de la localidad anunciando el cobro de la tasa, y también debido “al retraso en el pago de esos recibos que, además, fueron acordados en 2014 por José Loaiza (del PP), cuando era presidente de la Diputación, del Consocio, y también alcalde de San Fernando”. Un Loaiza que, paradójicamente, en los últimos días ha estado usando este tema para desgastar al actual bipartito de PSOE y PA
En 2014 se acordó el establecimiento de esta tasa que “en primer lugar, se iba a cobrar a tres municipios, aunque a día de hoy, no sabemos si el resto de municipios que forman parte del Consorcio están dispuestos a asumir ese compromiso del 2014”, apunta Cavada. “Por otro lado -continúa- hay otros municipios que están hablando de afrontar el pago de 2016, sin ni siquiera afrontar el pago anterior de 2015 y, además, con la PIE embargada para hacer frente a esas deudas; mientras que hay otros que directamente no están asumiendo sus responsabilidades”.
“El Ayuntamiento de San Fernando ha venido cumpliendo en tiempo y forma cada una de sus obligaciones. Es un ayuntamiento serio y, por eso, no puedo permitir que a los isleños, y a este ayuntamiento, se le cargue con determinados cortes debidos al incumplimiento por parte de otros”, enfatiza la primera edil.
Insiste también la alcaldesa en aclarar que siempre han apostado por una modificación de esta tasa para evitar los efectos negativos que puedan ocasionar a la ciudadanía, “especialmente en el caso de determinadas actividades económicas”. Por otro lado, resalta que también es necesario que incorpore consideraciones de carácter social “y su pago se adaptase a las condiciones particulares, poniendo en marcha el pago fraccionado y sin que en ningún caso suponga intereses en el cobro de la misma”.
