El Ayuntamiento de Puerto Real busca desbloquear y modernizar la política de vivienda del municipio. Y para ello, ha empezado refrescando la ordenanza del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, para sustituir un reglamento que data de 2009 “ya ineficaz ante los retos sociales actuales”.
Al respecto, se ha abierto un periodo de consulta pública previa para que la ciudadanía y las asociaciones aporten sus sugerencias al texto.
La nueva norma ha sido redactada por la Empresa Pública de Suelo y Vivienda de Puerto Real (Epsuvi), entidad que gestiona el propio registro municipal, contando además con la implicación del área de Servicios Sociales: “se une la solvencia técnica de la empresa pública con la voluntad política de transformar la vivienda en un derecho real y accesible para todos los vecinos”, se remarca en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
A decir del concejal de Ciudad Sostenible, José Antonio Montilla, “es el momento de dotar a Puerto Real de una herramienta jurídica que garantice el derecho a la vivienda bajo principios de legalidad y eficacia”. “Queremos que esta ordenanza sea el motor de una nueva política de vivienda nacida del diálogo”, incide este edil izquierdista.
“QUE LA ADMINISTRACIÓN DEJE DE SER UN OBSTÁCULO”
Este proyecto de ordenanza introduce cambios estructurales “para que la administración deje de ser un obstáculo y se convierta en una solución”.
Por un lado, la norma dará prioridad para colectivos específicos. Se implementará un sistema de cupos de reserva que blinde el acceso a la vivienda pública y protegida para menores de 35 años, mayores de 65, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y familias en exclusión social.
Además, se apostará por la simplificación administrativa, permitiendo la inscripción inmediata en el registro mediante “declaración responsable”, e integrando los datos entre administraciones.
Y también se buscará regular con mayor rigor el régimen de renuncias, y se valorará el arraigo local para asegurar que las viviendas disponibles se adjudiquen “con transparencia y eficiencia”.
