Izquierda Unida en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María considera “insostenible” la continuidad del concejal del PP Jesús Garay dentro del actual Gobierno municipal liderado por Germán Beardo; una vez que la Fiscalía pide imputarle el delito de prevaricación omisiva y cooperador en negociaciones prohibidas, investigado en la conocida como trama del trenecito a Puerto Sherry (que estuvo operando unos días en el verano de 2023 sin licencia alguna con su permisividad, presuntamente).
Garay, mano derecha del alcalde derechista y actualmente concejal de Medio Ambiente, Infraestructuras y Policía Local, “debería estar apartado de cualquier responsabilidad pública mientras se aclaran todos los hechos”, para la coalición izquierdista.
Y es que “no estamos hablando de un concejal cualquiera, sino de una de las figuras centrales del núcleo duro del beardismo, alguien que ha participado en las decisiones más relevantes de este gobierno durante años”, afirma el portavoz municipal de IU, José Luis Bueno, al tiempo que le reprocha al propio Beardo que continúe actuando como si nada estuviera ocurriendo.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Bueno remarca que “lo que estamos viendo es la consecuencia de una forma de gobernar basada en los amiguismos, la opacidad y el trato de favores. Durante años se ha construido una red de poder sustentada más en las lealtades personales que en la transparencia y el interés general, y ahora las investigaciones judiciales están poniendo ese modelo bajo el foco”.
Además de a Jesús Garay, la Fiscalía pide al Juzgado que enjuicie a otras personas vinculadas a Beardo y su equipo de Gobierno; considera que la investigación iniciada en 2024 ya ha reunido los indicios suficientes para pasar a la fase de acusación. Así, se señala al ex intendente de la Policía Local, Rafael Muñoz Leonisio (por cohecho, extorsión, negociaciones prohibidas, tráfico de influencias, prevaricación y malversación); a su hijo Rafael Muñoz Martínez; y al técnico municipal José Manuel Camacho (por falsedad documental y cooperador de un delito de negociaciones prohibidas y prevaricación).
“EL ALCALDE TIENE QUE DAR LA CARA”
Esta formación de la oposición insiste en que la ciudadanía merece “explicaciones claras” y que el alcalde no puede seguir eludiendo su responsabilidad: “tiene la obligación de dar la cara. No basta con el silencio o las respuestas evasivas. Cuando las investigaciones afectan de manera reiterada a personas de su máxima confianza, la responsabilidad política alcanza también a quien ha dirigido y amparado ese modelo de gobierno”.
Bueno apostilla que respetará escrupulosamente la actuación de la Justicia, pero recuerda que las responsabilidades políticas no dependen de las sentencias judiciales.
“La ejemplaridad en política exige actuar antes de que los tribunales dicten sentencia. Lo contrario supone trasladar a la ciudadanía el mensaje de que todo vale mientras no exista una condena firme”, asevera; mientras reclama para El Puerto “un gobierno transparente, limpio y comprometido con el interés general, no uno permanentemente rodeado de sospechas”.
BEARDO, CITADO A DECLARAR COMO TESTIGO
En este mismo caso del trenecito, también se acaba de conocer que el alcalde Germán Beardo ha sido citado a declarar como testigo el 17 de julio.
Para IU, esta citación es un paso más que confirma la gravedad de unos hechos que el Gobierno local del PP ha intentado minimizar durante años: “lo que no puede hacer Beardo es esconderse detrás de su mayoría absoluta mientras los tribunales siguen llamando a declarar a miembros de su gobierno y a él mismo”.
De la misma manera, el PSOE pide al alcalde que “se aclare todo lo ocurrido y se asuman responsabilidades”. Y respetando la presunción de inocencia, a juicio del principal partido de la oposición lo que está claro es que “desde la Jefatura de Policía Local bajo la dependencia directa de Beardo como alcalde y Jesús Garay como concejal de Seguridad, se puso en marcha un tren turístico sin las autorizaciones preceptivas”. Además, señala que, “según las escuchas policiales, parece ser que el concejal de Seguridad era conocedor de ello, el entonces jefe de la Policía Local, era quien lo organizó todo y su hijo lo rentabilizaba económicamente”.
Según el principal partido de la oposición, “un chiringuito en toda regla. Los que venían a quitar los supuestos chiringuitos ahora deben dar explicaciones claras a todos los portuenses de qué ha pasado”.
Además, la cuestión no queda en el tren turístico, que gracias a una ciudadana se pudo destapar, sino que también están investigados por cobro de dinero en B a aquellas personas que gestionaban los parkings de la feria, así como por ‘perdonar’ multas de tráfico a personas conocidas.
