El Ayuntamiento de Cádiz se está saltando el orden de prelación para nombrar a los funcionarios en los distintos puestos a cubrir. Lo denuncia CSIF, a raíz de las últimas oposiciones para cubrir 16 plazas de personal administrativo, pero no sería la primera vez. Este sindicato advierte de irregularidades que “están perjudicando a las personas aspirantes a dichas plazas”.
Ese principio de prelación garantiza que los aspirantes sean nombrados estrictamente en orden según la puntuación obtenida tras el examen de la oposición, que se hizo el 1 de marzo. Al saltarse este orden, el Consistorio “no solo vulnera los derechos laborales de los opositores que legítimamente se ganaron su puesto, sino que quiebra los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública”.
La lista de candidatos, ordenada por puntuación, ha salido publicada, pero no salen las plazas a cubrir. De esta manera, ha sido el departamento de Personal el que ha designado los puestos “de manera arbitraria, sin dejarles a los aspirantes elegir”, insiste CSIF en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
“UNA PRÁCTICA HABITUAL”
Esta sección sindical en el Ayuntamiento afirma que estas irregularidades se han cometido prácticamente en todos los procesos selectivos de los últimos años.
En febrero de 2025, en los procesos de estabilización, CSIF ya exigió formalmente por vía interna el estricto cumplimiento del orden de prelación. En aquel momento, se reclamó que se hiciera público entre el personal funcionario de carrera nombrado el puesto correspondiente a cada plaza ofertada para que se ocuparan por el orden resultante.
Luego, en julio de 2025 (para siete plazas de auxiliares, volvió a requerir formalmente la aplicación del Real Decreto 364/1995, remarcando que, al no constar nada en contrario en las bases, era obligatorio dar a conocer los puestos a ocupar para que los opositores decidieran según sus resultados.
CSIF añade que ha puesto esta irregularidad en conocimiento de la concejala de Personal, Maite González, pero no ha tenido ninguna respuesta.
En este punto, el sindicato advierte que, de no corregirse de inmediato esta “deriva”, se iniciarán las acciones legales oportunas y exigirá que se depuren responsabilidades políticas y técnicas por esta gestión presuntamente fraudulenta del empleo público.
