A primera hora de la mañana de este jueves, cuando el IES Elena García Armada de Jerez, en la barriada de San José Obrero, acababa de abrir sus puertas como un día más, un alumno de 14 años de edad de tercero de ESO ha sacado de la mochila dos cuchillos y ha empezado a agredir a los compañeros, siendo reducido por varios profesores.
Han resultado heridos tres docentes (uno de ellos en el párpado del ojo) y dos estudiantes, todos ellos derivados a diferentes centros sanitarios de la ciudad. A raíz del incidente, y ante la situación de alarma, se evacuaba el edificio. La intervención policial se inició a las 8.25 horas tras la llamada recibida en el 091.
El menor fue rápidamente localizado y trasladado a la Comisaría de Jerez donde permanece custodiado a efectos de protección hasta la finalización del atestado y su puesta a disposición de la Fiscalía de Menores.
Diferentes sindicatos han expresado a lo largo de la mañana su “consternación, apoyo inquebrantable, cariño y solidaridad” ante los sucesos sufridos por el profesorado y alumnado de este instituto público gaditano, al tiempo que han empezado a reclamar medidas. Además, CCOO ha llegado a revelar en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que “según ha podido conocer”, el adolescente agresor “se sentía insultado y estaba diagnosticado como alumno con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)”.
“NO HABÍA HABIDO CON ANTERIORIDAD NINGÚN PROBLEMA DE FALTA DE CONVIVENCIA EN EL INSTITUTO”
Horas después del incidente, ya estaba en el centro la consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, para mostrar su apoyo a la comunidad educativa y para visitar a los heridos. Además, ha aseverado que en este instituto joven, que atiende a cerca de 700 alumnos de Secundaria y Bachillerato, “no había habido con anterioridad ningún problema de falta de convivencia, de conflictividad, nada, absolutamente nada”, ni protocolo de acoso abierto.
“Es un hecho muy grave que nos obligará a todos a reflexionar”, ha apuntado por su lado la alcaldesa, María José García-Pelayo, quien además ha instado a que “no se tomen decisiones en caliente; tenemos es tener serenidad para abordar la situación, siempre pensando en lo mejor para los niños que han sufrido y para sus familias”.
“NO DEBEMOS CAER EN LA SIMPLEZA DE PENSAR QUE UNA LEY DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO PODRÍA LLEVARNOS A SOLUCIONAR ESTAS SITUACIONES”
Desde el sindicato Ustea, se ha mostrado públicamente su apoyo a la comunidad educativa del IES Elena García Armada y su disposición “para colaborar en cualquier iniciativa que promueva la salud mental y el bienestar de nuestros estudiantes y el profesorado”, tras este episodio.
“Hacemos un llamamiento a la reflexión y la solidaridad en este momento difícil para la comunidad educativa del centro, en particular, y la andaluza en general. Con la implicación decidida de las administraciones y de la comunidad educativa en la adopción de medidas preventivas, junto al aumento de recursos que para llevarla a cabo son necesarios, podremos superar esta adversidad y comprometernos a crear un ambiente educativo donde todo el profesorado, personal no docente y el alumnado se sientan seguros, respetados y apoyados en su labor profesional y su desarrollo integral”, se considera.
Así, para Ustea, la situación sufrida en este instituto jerezano “es fruto de una sociedad que utiliza la violencia tanto verbal, física como psicológicamente, cada vez más frecuentemente y que tiene su reflejo natural en los centros escolares”; y en este punto, se cuestiona que “programas de éxito como Escuelas Espacio de Paz y No violencia han sido adelgazados hasta desaparecer por falta de apoyo y recursos fruto de decisiones políticas”.
Se reflexiona además que el problema de la violencia en las aulas “es complejo: no debemos caer en la simpleza de pensar que una Ley de Autoridad del Profesorado y la normativa sancionadora que la desarrolle, podría llevarnos a solucionar estas situaciones, u otras de menor intensidad en la escuela. No en vano, está demostrado que esta herramienta no servirá para detener a una persona que está decidida a cometer un hecho como el que han sufrido en Jerez. El ejemplo más clarificador de que las medidas coercitivas y represivas no funcionan lo tenemos en USA, donde la pena capital no influye en la disminución de los delitos. Las soluciones han de venir por otro lado: el lado de la prevención”.
Y se señala a la salud mental de los adolescentes: “ha de convertirse en una línea de actuación prioritaria. Para ello es necesario el aumento de recursos materiales y profesionales en nuestras instituciones educativas. Necesitamos más personal de orientación escolares, psicología y trabajo social que puedan proporcionar el apoyo necesario a nuestros estudiantes”. En paralelo, “es necesario adoptar medidas asumibles de forma inmediata si hay voluntad política, hablamos de la bajada de la ratio en las aulas, se revelan como esenciales para mejorar la atención educativa del estudiantado en los centros. También debemos invertir en programas de prevención y detección temprana de problemas de salud mental, así como en capacitación para el personal docente en la identificación de señales de alerta”.
Del mismo modo, en el ámbito sociocomunitario, Ustea reclama a la administración que garantice que todos los miembros de la comunidad escolar “tengan acceso a los recursos y el apoyo necesarios para cuidar de su salud mental y emocional”.
“Los programas de prevención, transversales a todas las áreas del currículo, que eduquen en valores no violentos, que permiten dotar de herramientas de gestión de la rabia, ira y odio, al alumnado en su vida diaria; se revelan como imprescindibles ahora, ante hechos como el que se ha sufrido, y siempre como garantía de una sociedad menos violenta”, subraya este sindicato.
“ES NECESARIO TRABAJAR LA SALUD MENTAL Y EL BIENESTAR DEL ALUMNADO”
De la misma manera, CCOO ha trasladado su “apoyo y solidaridad” con la comunidad educativa de este IES jerezano y señala que este hecho “evidencia la necesidad de que el sistema educativo cuente con los medios necesarios, especialmente humanos, para avanzar en la mejora de la convivencia en los centros educativos, especialmente en aspectos relacionados con la salud mental, el bienestar escolar y la atención a la diversidad”.
“Es necesario trabajar la salud mental y el bienestar del alumnado pues medios como las redes sociales, entre otros, están generando tensiones entre menores y adolescentes que no en todos los casos se canalizan adecuadamente”, apunta el secretario general del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Cádiz, Sebastián Alcón; quien recuerda que el suicidio es la segunda causa de muerte entre adolescentes en Espala, y que “los centros educativos no viven ajenos a la realidad social en que nos vemos inmersos día a día”.
“Aunque este tipo de hechos es fruto de diferentes condicionantes, no puede obviarse que la falta de recursos de atención para el alumnado con necesidades educativas especiales es una de las razones que subyacen en lo ocurrido”, añade este sindicato.
CCOO se ofrece a prestar apoyo a la comunidad educativa del IES Elena García Armada y a cuantas acciones reivindicativas se lleven desde el mismo, y exige que lo ocurrido “sirva de revulsivo para que la administración educativa refuerce las medidas que en relación al bienestar escolar y en la atención a la diversidad deben desarrollarse en los centros educativos, entre otros, los recursos con que deben contar los escolares NEAE”.
“LOS CENTROS EDUCATIVOS DEBEN SER ESPACIOS DE CONVIVENCIA”
Y también ha mostrado su consternación CSIF, primera fuerza sindical en la educación pública andaluza: “estamos conmocionados y lamentamos profundamente el suceso”.
La presidenta del sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, ha destacado que “precisamente este jueves constaba en el orden del día de la Mesa Sectorial de Educación prevista un punto sobre el desarrollo normativo de la Ley de la Autoridad Pública del Profesorado”, al tiempo que ha subrayado que “incidentes como este ponen de manifiesto la vulnerabilidad del profesorado y que es necesario tomar más medidas para garantizar que los centros educativos sean siempre espacios seguros”.
En este punto, García reclama “más recursos, tanto de seguridad en los centros cuando así se considere necesario, como recursos preventivos”. Y ello conlleva “la necesaria ampliación de plantillas docentes, de forma que se minore el número de alumnos a los que atender, lo que redundaría claramente en una mejora del clima de convivencia, así como el incremento de los profesionales de Orientación Educativa”.
“El profesorado tiene derecho a realizar su trabajo y alumnado a tener un proceso de enseñanza-aprendizaje que se realice con seguridad y los centros educativos deben ser espacios de convivencia en los que no tengan cabida este tipo de situaciones”, sentencian desde CSIF.
