El PP de Jerez ha pedido explicaciones al PSOE local tras conocerse que su número dos y actual segundo teniente de alcalde, José Antonio Díaz, ha sido condenado por delito electoral por vulnerar la jornada de reflexión de las pasadas municipales de mayo: se le impone el pago de una multa.
Los socialistas ya han mostrado su respeto a las decisiones judiciales en relación a los pronunciamientos realizados por Díaz a través de su facebook aquel sábado, si bien ha planteado la necesidad de una revisión sobre la vigencia de los actuales límites de la Ley Electoral en la jornada de reflexión.
“Coincidiendo con la opinión que comparten muchos expertos juristas”, esta formación considera un “anacronismo” el actual marco normativo en un contexto de alta exposición mediática tras la irrupción de las redes sociales, y lamenta que no exista “un criterio claro y homogéneo” a la hora de valorar acciones similares.
Al respecto, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, los socialistas consideran una “gran contradicción” que el PP denunciara esa publicación en facebook de José Antonio Díaz “en la que no se realizaba ninguna apelación directa al voto”, y sin embargo “de forma incomprensible defendiera diferentes publicaciones de Antonio Saldaña a través de sus redes en las que hacía una clara promoción de la marca del PP y una acción directa de propaganda electoral y apelación al voto”.
La Junta Electoral provincial ya analizó las publicaciones del portavoz del PP jerezano “y estimó que incumplían la ley”. En ellas se apreció que Saldaña estaba haciendo campaña coincidiendo con el día de reflexión al participar en un evento deportivo con una camiseta de propaganda electoral del PP que incluía el lema de campaña “y tratando de condicionar el voto con referencias a la preferencia de su entorno familiar”.
La Junta Electoral trasladó ese caso al Juzgado ante la posibilidad de haber incurrido en infracción penal. Hasta el momento, el PSOE dice no haber recibido ningún tipo de notificación sobre el resultado de este procedimiento contra el que fuera alcaldable de dicha formación de derechas.
“Se trata de dos situaciones muy parecidas que, de tener pronunciamientos diferentes, provocarían una duda razonable sobre el trato que se da a casos originados en circunstancias muy similares”, dejan caer desde el PSOE local.
EL PP HABLA DE “EPISODIO ESCANDALOSO”
El concejal del PP, Jaime Espinar, obviando en todo momento lo hecho por Saldaña en la misma jornada electoral, sí exige a la alcaldesa, Mamen Sánchez, que diga si va a mantener como teniente de alcalde a “un concejal condenador por la justicia, teniendo en cuenta además que Díaz no es la primera vez que protagoniza un episodio escandaloso, sino que es el mismo que ya rozó la ilegalidad con el uso privado de un coche municipal”.
Para Espinar, “la prepotencia y la chulería tienen un precio”, en referencia a la “habitual actitud” del número dos del PSOE jerezano.
Del mismo modo, este edil conservador se pregunta “de qué clase de personas se ha rodeado Mamen Sánchez” para formar su gobierno, ya que “no es el primer concejal que tiene cuentas con la justicia además de otro implicado en el enchufismo del PSOE en la Faffe”.
“Sánchez tiene que dar la cara. En Jerez las cosas tienen que tener un precio y no parecer que nunca pasa nada”, añade Espinar, quien lamenta que la actitud “habitual” de la ahora alcadesa “en estos ya demasiados casos sea poner el modo avión y dejar pasar las polémicas como si con ella no fuera”.
Y eso se dice desde un partido que tiene a su presidenta local y exalcaldesa, María José García Pelayo, bajo la sospecha de la corrupción, investigada por su presunta implicación en el caso Gürtel. En plena reciente campaña electoral de cara al 10-N, salía a la luz que la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que reabra el caso contra la popular (y número uno del PP al Congreso por la provincia), tras las declaraciones de una encarcelada por entender que sí estuvo implicada en la pieza de esta trama relativa al Ayuntamiento jerezano al aparecer “nuevos y relevantes elementos probatorios”. En 2016, se archivó el caso por entender que García Pelayo no tenía que estar al corriente de las irregularidades; sin embargo, ahora la Fiscalía pide que se vuelva a investigar.
