El pleno ordinario de noviembre del Ayuntamiento de Jerez ha aprobado, con la abstención del PP, la propuesta que recoge las condiciones económicas y plazos para la reincorporación de los trabajadores municipales despedidos por el ERE -impuesto por el anterior equipo de Gobierno popular- con sentencias improcedentes, “siempre sujeto al futuro plan de ajuste y a la legislación vigente”. Se deja por escrito que debe hacerse efectiva “con la mayor inmediatez posible y siempre antes del 30 de junio de 2016”.
El pleno ordinario del mes de noviembre del Ayuntamiento de Jerez ha aprobado, con los votos favorables de PSOE, Ganemos, IU y Ciudadanos, y la abstención del PP, la propuesta que recoge las condiciones económicas y plazos para la reincorporación de los trabajadores municipales despedidos por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) -impuesto por el anterior equipo de Gobierno popular- con sentencias improcedentes a sus puestos de trabajo en el Consistorio, “siempre sujeto al futuro plan de ajuste y a la legislación vigente”.
La propuesta ha incluido una enmienda del PSOE que propone remitir el acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para su conocimiento, así como al consejero de Presidencia y de Administración Local de la Junta de Andalucía para que en las próximas convocatorias de planes de empleo autonómicos se tenga en cuenta la situación del Ayuntamiento respecto a los despidos improcedentes del ERE, que se subsanará mediante los acuerdos transaccionales a llevar a cabo para reincorporación.
La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha defendido el acuerdo transaccional como procedimiento legal para la reincorporación de los trabajadores afectados que cuentan con sentencia de despido improcedente. “El PP hizo un ERE arbitrario con sentencias improcedentes e intentó dificultar que los trabajadores pudieran volver, pero es posible llevar a cabo acuerdos transaccionales entre Ayuntamiento y trabajadores “porque así se expone en el informe del Gabinete Jurídico Municipal y en otros informes jurídicos y sentencias de varios ayuntamientos que lo avalan”.
Por su parte, la concejala de Empleo y Recursos Humanos, Laura Álvarez, ha señalado que con este acuerdo “se ha dado un paso más para resolver un conflicto que se produjo por criterios arbitrarios e injustos”. El acuerdo aprobado contempla que la reincorporación de todos los afectados con sentencias improcedentes se producirá “con la mayor inmediatez posible y siempre antes del 30 de junio de 2016”. Asimismo, estos trabajadores, cuya relación se incluye en el acuerdo, se incorporarán al puesto base correspondiente a su categoría en la plantilla municipal y conservarán la antigüedad que tenían antes de ser despedidos.
Álvarez ha recordado que “se trata de un ERE arbitrario e injusto como así han reconocido las sentencias legales y que es de justicia la reincorporación de estos trabajadores para acabar con el sufrimiento que han padecido durante estos años”
Según la propuesta, este acuerdo también será de aplicación a los trabajadores mayores de 59 años de edad que puedan obtener sentencias improcedentes en el TSJA. Estas condiciones servirán de marco para los acuerdos transaccionales a suscribir entre el Ayuntamiento y los trabajadores afectados, en los que ambas partes se comprometerán a retirar los respectivos recursos.
OTROS ASUNTOS
Por otro lado, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, entre otros puntos del orden del día del pleno ordinario, se ha ha aprobado por unanimidad a la proposición socialista en la que se muestra el apoyo a las víctimas de la talidomida en España, y en particular a la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España y otras inhabilidades.
Igualmente ha salido adelante la proposición conjunta de PSOE, IU, Ciudadanos y Ganemos en la que se manifiesta el compromiso del Ayuntamiento con los principios éticos, sociales y medioambientales y con el respeto a no ocasionar sufrimiento a los animales.
Y se ha dado luz verde a la proposición conjunta de PSOE y Ganemos para aprobar un recargo de un 50% del IBI a las viviendas desocupadas de personas jurídicas del municipio en función de la definición que reglamentariamente se establezca en su momento, por parte del Gobierno central.
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