Unos doscientos trabajadores de los centros penitenciarios gaditanos se concentraban días atrás a la entrada de la prisión de Puerto III, en El Puerto, como medida de protesta y repulsa por las continuas agresiones que vienen sufriendo en los últimos meses por parte de internos peligrosos. La dirección del centro como la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias siguen haciendo caso omiso a las denuncias y reclamaciones sindicales.
Unos doscientos trabajadores de los centros penitenciarios de la provincia de Cádiz (Puerto I, II, III y Algeciras) se concentraban días atrás a la entrada de la prisión de Puerto III, en El Puerto, a partir de una convocatoria de los sindicatos de prisiones CSIF, Acaip, APFP y UGT de dicho centro, como medida de protesta y repulsa por las continuas agresiones que vienen sufriendo en los últimos meses, sobre todo la del pasado 21 de julio, donde un interno de primer grado (el más peligroso), con condenas de asesinato a sus espaldas, propinó varias puñaladas a los funcionarios que le trasladaban al patio de su galería.
Como consecuencia de esta brutal agresión, cinco de ellos han sufrido baja laboral con graves lesiones, y otro buen número de funcionarios sufrieron también diversas contusiones y golpes de este preso “de una envergadura y potencial agresividad inusitada que bien pudo provocar una gran tragedia”, subrayan los sindicatos en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
CSIF, Acaip, APFP y UGT ya alertaron de este tipo de internos y la conflictividad del módulo del departamento especial tanto a la dirección del centro portuense como a la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP), pues este departamento “alberga el 30% de los calificados más peligrosos de primer grado de toda España y concentra una variedad muy explosiva de internos”: FIES, islamistas, bandas organizadas y sobre todo los internos muy peligrosos clasificados en artículos 91.2 y 91.3 del Reglamento Penitenciario, “e hicieron caso omiso a las advertencias de las condiciones de trabajo de dicho departamento especial”.
Igualmente, los sindicatos de prisiones llevan tiempo demandando la impunidad que en algunos casos se reflejan en este tipo de incidentes, debido a la gran cantidad de presos destinados al departamento de Régimen Especial de Puerto III y una serie de medidas para poder paliar o minimizar los riesgos inherentes a este tipo de situaciones.
Para ello, con esta concentración, estos funcionario han vuelto a exigir: medios coercitivos adecuados (estudio de la pistola Táser para la inmovilización de internos peligrosos), así como un protocolo de actuación para los traslados dentro de dicho módulo, tal y como lo hacen en el exterior las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; rebajar la alta concentración e internos conflictivos existentes en la actualidad en Puerto III; el aumento de personal suficiente para este tipo de departamentos en las Relación de Puestos de Trabajo (RPT), debido a la falta de Oferta de Empleo y Concurso de Traslados existente en los últimos años que han mermado las plantillas de todos los centros; la cualificación de los trabajadores de estos departamentos o la creación de un cuerpo especial para una adecuada intervención sobre este tipo de presos peligrosos; así como la inclusión en el programa de actuación contra la violencia en el trabajo para Instituciones Penitenciarias, al igual que se ha llevado a cabo con los empleados de la Administración General del Estado.
Los representantes y los propios trabajadores de Instituciones Penitenciarias aseguran sentirse “totalmente desprotegidos” ante los actos violentos de estos internos y demandan a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, “que de una vez por todas pongan todos los medios suficientes para evitar este tipo de agresiones y que no tengan que lamentar la muerte de ningún trabajador penitenciario”.
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