CSIF ha lamentado que la “improvisación” de la administración de justicia y la “falta de personal” ha logrado en año y medio que el juzgado encargado en Cádiz de tramitar las demandas de condiciones generales de contratación de préstamos con bancos (denominados ‘cláusulas suelo’, por ser una de las condiciones más demandadas) está sufriendo una creciente sobrecarga de trabajo, perjudicando tanto los usuarios como a los funcionarios.
Así, mientras el juzgado recibe unos 600 asuntos al mes de toda la provincia gaditana, cada juez sólo consigue tramitar unos 50 en el mismo periodo de tiempo, “con lo que la ‘montaña’ de expedientes no deja de crecer, desmotivando a la plantilla de forma exponencial”, expone este sindicato en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Ante esta situación, CSIF reclama que como mínimo se duplique la plantilla de funcionarios de este juzgado (primera instancia, número 2 de Cádiz), para evitar, por ejemplo, “que se señalen juicios para el año 2020, como está ocurriendo ahora”.
Aun así, recuerda que lo recomendable para cada 1.000 asuntos es una plantilla de ocho funcionarios, más juez y secretario; “por lo que, verdaderamente, harían falta muchos más funcionarios para atender tal volumen de trabajo”.
Actualmente, en el juzgado número 2 y el 2bis (que se encuentra en otro edificio cercano) cuenta con cuatro jueces, tres secretarios y 14 funcionarios (entre tramitadores, gestores y auxilios judiciales), para abordar unos 10.000 asuntos pendientes de trámite y otros 1.200 en ejecución de sentencia, “cuando lo normal de un juzgado de primera instancia es que tramite unos 1.000 asuntos al año”, se apunta.
Este sindicato entiende además que esta situación perjudica, al mismo tiempo, al resto de juzgados, pues tienen que asumir la carga de trabajo de otros casos que podría absorber el juzgado número 2 si no se le hubiera dado la exclusividad para los casos de cláusulas suelo y demás temas hipotecarios de toda la provincia. De hecho, este aún arrastra la tramitación de otros pleitos no relacionados con su exclusividad (como ejecución de sentencias anteriores a 2018 y otros casos en materia civil). Esta bola de nieve alcanza incluso a la Audiencia Provincial, pues es la encargada de atender la gran cantidad de recursos (tanto de bancos como de usuarios) que se interponen tras las sentencias de primera instancia. Según datos que maneja CSIF, un 75% de las sentencias se recurren, generando un volumen enorme de asuntos que tiene que asumir la plantilla de la Audiencia Provincial, con el mismo personal.
Ante esta situación, se espera que la administración de justicia adopte, “cuanto antes”, las medidas “adecuadas” para revertir esta situación que “perjudica a los trabajadores y al mismo tiempo a los usuarios de toda la provincia”.
