La plantilla de profesionales técnicos de integración social (PTIS) que atiende al alumnado con necesidades especiales (NEAE) ha estado este martes llamada a movilizarse una vez más con concentraciones que se han celebrado en distintas capitales andaluzas, también en Cádiz, con el propósito de reclamar mejores condiciones laborales.
Este personal desempeña su labor en centros públicos competencia de la consejería de Desarrollo Educativo y FP de la Junta, pero forma parte de plantillas de empresas privadas externalizadas, y se está viendo sometido a continuos incumplimientos de convenio, impagos de nóminas durante meses, cambios de contratos indefinidos a fijos discontinuos e incluso reducciones horarias con recorte de salario.
Los PTIS y los Intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSE) que forman parte de las plantillas de contratas que trabajan para la administración andaluza sufren desde hace años una situación de precarización y discriminación laboral frente a sus compañeros que forman parte del personal laboral de la Junta, “que realizan sus mismas tareas en los mismos centros públicos y con unas mejores condiciones laborales y salariales”.
Después del “masivo seguimiento” de la huelga del pasado 27 de octubre, ni la empresa Osventos Innovación en Servizos SL (concesionaria ahora del servicio, con sede en Galicia), ni la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) se han puesto en contacto con CCOO, sindicato mayoritario del sector, para iniciar la negociación “que acabe revirtiendo la situación de precariedad de la plantilla de esta contrata, no sólo respecto al abono de la totalidad de las horas que por convenio le corresponde, sino también a la situación que venimos denunciando desde hace años en relación a los contratos, las tablas salariales, los atrasos, el impago de nóminas, y que, son extensibles, al resto de empresas del sector”.
“ESTOS TRABAJADORES SE VEN SOMETIDOS A INCUMPLIMIENTOS DE CONVENIO, IMPAGOS DE NÓMINAS, CAMBIOS DE CONTRATOS E INCLUSO REDUCCIONES HORARIAS”
Por ello, este sindicato ha vuelto a llamar a la plantilla de PTIS e ILSE de la empresa Osventos, con servicio en toda Andalucía, compuesta por unas 1.150 personas, a secundar una nueva huelga este 7 de noviembre. En Cádiz, la movilización ha tenido su reflejo en una protesta frente a la delegación territorial de Desarrollo Educativo en la capital, en la plaza Mina, con el apoyo entre otro de partidos como el PSOE y Adelante Andalucía (y también de Adelante Izquierda Gaditana).
CCOO ha dejado claro que no parará en esta lucha “hasta que se cumpla con lo legalmente establecido en las normas laborales vigentes, en el XV convenio colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, y las trabajadoras y los trabajadores del sector tengan por cumplimentados todos sus derechos laborales, lo que a su vez facilitará una atención totalmente digna al alumnado más vulnerable de los centros educativos públicos y a sus familias”. De hecho, ya se baraja incluso la convocatoria de una huelga indefinida.
Este personal viene siendo subrogado por diferentes empresas que disponen de la adjudicación del servicio mediante licitaciones públicas de la Junta, siendo actualmente Osventos “la que ha precarizado aún más las condiciones laborales, llevando a cabo una regularización salarial basada en el abono sólo de las horas de trabajo efectivas, hecho que se ve acrecentado por el impago reiterado de los salarios en la fecha estipulada por convenio”, se reitera.
PSOE Y ADELANTE APOYAN AL COLECTIVO Y SUS REIVINDICACIONES
Al hilo de esta concentración en Cádiz, la parlamentaria andaluza del PSOE, Irene García, ha anunciado que su formación realizará una pregunta a la consejera responsable el próximo pleno para que aclare por qué el Gobierno andaluz está fallando “a un sector que está reclamando dignidad e igualdad en nuestras escuelas”. Y ha criticado “la indolencia de la Junta por no cumplir el contrato con los PTIS” lo que, a su juicio, demuestra “la receta del PP siempre que gobierna, ahora a sus anchas con su mayoría absoluta, sueltos de mano, precarizando el trabajo, privatizando este tipo de atención especial a los niños generando desigualdad en las aulas”.
Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Óscar Torres, ha destacado la labor tan importante que realizan estas trabajadoras y ha lamentado que “la precarización en el sector de los PTIS llegue al extremo de tener que reivindicar el pago de sus salarios lo que limita su proyecto de vida”. Ha defendido la necesidad de “una atención adecuada a los alumnos con necesidades especiales” frente al “desmantelamiento progresivo” de los servicios públicos por parte de la Junta de derechas, tanto en la educación como en la sanidad.
Mientras, el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha denunciado el “enorme recorte del 13%” en los presupuestos de la Junta a la Agencia Pública de Educación Andaluza, que “afecta directamente a los PTIS, a los ILSE, a las actividades extraescolares, comedores, autobuses escolares, obras o bioclimatización en centros educativos”.
“Es un recorte de 100 millones de euros, pero casualmente la partida destinada a la remuneración de altos cargos de la APAE sí sube; hay que tener muy poca vergüenza para hacer lo que le están haciendo a las trabajadoras”, ha criticado García, que ha adelantado para anunciar que presentará una enmienda a las cuentas de 2024 reclamando “subrogar a todo el personal que nunca debió de ser privatizado”.
“La Junta está jugando con el derecho a la educación de los niños más vulnerables del sistema educativo y con los derechos laborales de las precarias de este sistema educativo que casualmente son mayoría mujeres”, ha lamentado este representante de Adelante.
Y en la misma línea, el portavoz municipal de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha lamentado la falta de recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales y que los presupuestos “refuercen esa realidad y mantengan la precariedad”. Y ha señalado “la paradoja dolorosa” de que “quienes se dedican a los cuidados no son cuidadas, son maltratadas sin cobrar y en condiciones de precariedad absoluta”.
