La economía sumergida en la provincia de Cádiz ha alcanzado su nivel estimado más bajo de las últimas cuatro décadas. Y pese a ello, todavía representa más del 15,5% del Producto Interior Bruto (PIB) provincial, equivalente a unos 4.613 millones de euros de movimiento de dinero negro.
Es la principal conclusión del ‘Análisis de la economía sumergida en la provincia de Cádiz, 1986-2025’, promovido por la Confederación de Empresas de Cádiz (CEC), recurriendo a fondos de la Diputación (del programa Dipuinnova).
Este informe constata una evolución favorable durante los últimos años. En 2012, en los años más duros de la crisis-estafa, la economía sumergida representaba el 25,8% del PIB gaditano, porcentaje que descendió al 19,5% en 2020 y que se sitúa actualmente en el 15,5%.
Según la información trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz, la investigación identifica el desempleo y la inestabilidad laboral (la temporalidad) entre los factores más relacionados con la persistencia de esta economía informal. También destaca la incidencia de las operaciones comerciales no declaradas y de determinadas prácticas de facturación.
SI CONTINUARA RECORTÁNDOSE ESTA ECONOMÍA INFORMAL…
Una de las principales aportaciones del estudio es la estimación de los beneficios que tendría para Cádiz una reducción adicional de este dinero que se declara.
Según las simulaciones realizadas (que no son “previsiones garantizadas”, se aclara), conseguir que la mitad de la actividad actualmente en negro se incorporase progresivamente a la economía formal hasta 2035 permitiría aflorar unos 2.307 millones de euros de producción.
Además de este efecto estadístico, el modelo calcula que la regularización podría favorecer la generación de 520 millones adicionales de PIB real anual en 2035, lo que equivaldría aproximadamente a 400 euros por habitante.
El impacto sobre las cuentas públicas también sería significativo: la recaudación adicional en la provincia podría alcanzar los 988 millones de euros anuales en 2035 para el conjunto de las administraciones.
Los investigadores precisan que se trata de escenarios económicos condicionados al cumplimiento de determinados supuestos y no de previsiones garantizadas.
“ES, ANTE TODO, UNA INJUSTICIA PARA LOS EMPRESARIOS QUE CUMPLEN”
A colación, el presidente de la CEC, José Andrés Santos, valora los resultados del informe como una señal de avance, pero advierte de la necesidad de mantener los esfuerzos para luchar contra esta economía no declarada.
“Estamos avanzando en la buena dirección, pero no podemos conformarnos. Detrás de estas cifras hay oportunidades de empleo, de crecimiento empresarial y de mejora de nuestros servicios públicos que debemos ser capaces de aprovechar”, sostiene.
Por otro lado, Santos pone el foco en las consecuencias que el pagar/cobrar en dinero B tiene para el tejido productivo provincial: “no es solamente un problema de recaudación fiscal. Es, ante todo, una grave injusticia para los miles de empresarios que cumplen con sus obligaciones, generan empleo y compiten respetando las mismas reglas”. “No podemos permitir que cumplir la ley se convierta en una desventaja competitiva”, asevera.
A su vez, defiende que “combatir la economía sumergida exige perseguir con determinación el fraude deliberado, pero también facilitar que las empresas y los autónomos puedan desarrollar su actividad dentro de la legalidad, con menos burocracia, mayor seguridad jurídica y un marco fiscal y administrativo razonable”.
De este modo, el máximo representante de la patronal gaditana cree imprescindible una respuesta coordinada de las administraciones, las empresas y los agentes sociales, que combine el control de los incumplimientos con incentivos y facilidades para quienes desarrollan su actividad legalmente: “necesitamos más apoyo a quienes quieren hacer las cosas bien y mayor firmeza frente a quienes incumplen”.
“UNA ESTRATEGIA COMPARTIDA”
El presente estudio de la CEC identifica diferentes necesidades de intervención según las características económicas y laborales de cada territorio.
Municipios como Barbate, Conil, Chipiona, Vejer, Tarifa y Chiclana presentan condiciones que aconsejan actuaciones específicas de apoyo a la formalización, mientras que Cádiz capital y Jerez requieren estrategias adaptadas a su mayor dimensión empresarial.
Y a la vez, plantea una veintena de propuestas de actuación para el periodo 2026-2030, entre ellas mejorar la información estadística, facilitar la regularización de actividades, reforzar la estabilidad laboral, impulsar la digitalización de la facturación y coordinar las actuaciones de las administraciones.
El trabajo ha sido elaborado por la doctora Izaskun Barba, investigadora de la Universidad Pública de Navarra, bajo la supervisión del profesor Vicente Ríos, de la Universidad de Pisa.
La economía sumergida en la provincia de Cádiz ha alcanzado su nivel estimado más bajo de las últimas cuatro décadas. Y pese a ello, todavía representa más del 15,5% del Producto Interior Bruto (PIB) provincial, equivalente a unos 4.613 millones de euros de movimiento de dinero negro.
Es la principal conclusión del ‘Análisis de la economía sumergida en la provincia de Cádiz, 1986-2025’, promovido por la Confederación de Empresas de Cádiz (CEC), recurriendo a fondos de la Diputación (del programa Dipuinnova).
Este informe constata una evolución favorable durante los últimos años. En 2012, en los años más duros de la crisis-estafa, la economía sumergida representaba el 25,8% del PIB gaditano, porcentaje que descendió al 19,5% en 2020 y que se sitúa actualmente en el 15,5%.
Según la información trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz, la investigación identifica el desempleo y la inestabilidad laboral (la temporalidad) entre los factores más relacionados con la persistencia de esta economía informal. También destaca la incidencia de las operaciones comerciales no declaradas y de determinadas prácticas de facturación.
SI CONTINUARA RECORTÁNDOSE ESTA ECONOMÍA INFORMAL…
Una de las principales aportaciones del estudio es la estimación de los beneficios que tendría para Cádiz una reducción adicional de este dinero que se declara.
Según las simulaciones realizadas (que no son “previsiones garantizadas”, se aclara), conseguir que la mitad de la actividad actualmente en negro se incorporase progresivamente a la economía formal hasta 2035 permitiría aflorar unos 2.307 millones de euros de producción.
Además de este efecto estadístico, el modelo calcula que la regularización podría favorecer la generación de 520 millones adicionales de PIB real anual en 2035, lo que equivaldría aproximadamente a 400 euros por habitante.
El impacto sobre las cuentas públicas también sería significativo: la recaudación adicional en la provincia podría alcanzar los 988 millones de euros anuales en 2035 para el conjunto de las administraciones.
Los investigadores precisan que se trata de escenarios económicos condicionados al cumplimiento de determinados supuestos y no de previsiones garantizadas.
“ES, ANTE TODO, UNA INJUSTICIA PARA LOS EMPRESARIOS QUE CUMPLEN”
A colación, el presidente de la CEC, José Andrés Santos, valora los resultados del informe como una señal de avance, pero advierte de la necesidad de mantener los esfuerzos para luchar contra esta economía no declarada.
“Estamos avanzando en la buena dirección, pero no podemos conformarnos. Detrás de estas cifras hay oportunidades de empleo, de crecimiento empresarial y de mejora de nuestros servicios públicos que debemos ser capaces de aprovechar”, sostiene.
Por otro lado, Santos pone el foco en las consecuencias que el pagar/cobrar en dinero B tiene para el tejido productivo provincial: “no es solamente un problema de recaudación fiscal. Es, ante todo, una grave injusticia para los miles de empresarios que cumplen con sus obligaciones, generan empleo y compiten respetando las mismas reglas”. “No podemos permitir que cumplir la ley se convierta en una desventaja competitiva”, asevera.
A su vez, defiende que “combatir la economía sumergida exige perseguir con determinación el fraude deliberado, pero también facilitar que las empresas y los autónomos puedan desarrollar su actividad dentro de la legalidad, con menos burocracia, mayor seguridad jurídica y un marco fiscal y administrativo razonable”.
De este modo, el máximo representante de la patronal gaditana cree imprescindible una respuesta coordinada de las administraciones, las empresas y los agentes sociales, que combine el control de los incumplimientos con incentivos y facilidades para quienes desarrollan su actividad legalmente: “necesitamos más apoyo a quienes quieren hacer las cosas bien y mayor firmeza frente a quienes incumplen”.
“UNA ESTRATEGIA COMPARTIDA”
El presente estudio de la CEC identifica diferentes necesidades de intervención según las características económicas y laborales de cada territorio.
Municipios como Barbate, Conil, Chipiona, Vejer, Tarifa y Chiclana presentan condiciones que aconsejan actuaciones específicas de apoyo a la formalización, mientras que Cádiz capital y Jerez requieren estrategias adaptadas a su mayor dimensión empresarial.
Y a la vez, plantea una veintena de propuestas de actuación para el periodo 2026-2030, entre ellas mejorar la información estadística, facilitar la regularización de actividades, reforzar la estabilidad laboral, impulsar la digitalización de la facturación y coordinar las actuaciones de las administraciones.
El trabajo ha sido elaborado por la doctora Izaskun Barba, investigadora de la Universidad Pública de Navarra, bajo la supervisión del profesor Vicente Ríos, de la Universidad de Pisa.
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