La plantilla del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) ha apostado por “relajar la tensión inmediata” en el marco del conflicto laboral abierto desde hace semanas, y que amenazaba con huelga desde mediados de agosto. Y es que los acontecimientos se han topado con la reciente dimisión de Víctor Mora (alcalde de Sanlúcar del PSOE) como presidente del ente consorcial tras cinco años en el cargo, quien se iba poniendo en valor su gestión y a la vez culpando de “chantaje” al presidente del comité de empresa.
Los trabajadores, reunidos el pasado viernes día 13 en asamblea general, analizaban la “espantada” de Mora y cómo continuar con sus reivindicaciones (“son justas, legitimas y no vulneran la legalidad; no pedimos nada que no estuviera ya amparado en convenio y en la legalidad laboral”), aunque se es consciente de que quien asume accidentalmente la presidencia del CAZG, Jorge Rodríguez (alcalde de Trebujena de IU), tiene poco margen de maniobra.
De este modo, por parte del presidente del comité, Francisco Sánchez, y de los representantes sindicales en el ámbito (UGT y CCOO), se efectuaba un propuesta a la asamblea para “relajar la tensión inmediata”, no fijando días concretos de huelga, al objeto de trasladar esa “distensión” a las reuniones que deberán celebrarse con la entidad.
Al tiempo, se ha pedido a la asamblea que ésta mandate al comité de empresa para que, en función de la marcha de tales reuniones y los ritmos de un proceso “que no debería alargarse injustificadamente”, sea el propio comité el que, si es necesario, decida el calendario concreto y efectúe el trámite de la convocatoria de huelga acordada en anterior asamblea de la plantilla.
Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, los trabajadores acordaron “por inmensa mayoría” depositar esa confianza en el comité según la propuesta descrita (sólo se contabilizaron cinco votos en contra).
“NUESTRO PROPÓSITO PRINCIPAL ES EVITAR UN CONFLICTO NO DESEADO”
“Esperamos que esta concesión realizada por los trabajadores sea valorada en sus términos y sirva para propiciar un mejor ambiente de cara al entendimiento”, aunque desde la representación de la plantilla del Consorcio de Aguas se insiste en que “en ningún caso supone cejar en nuestras reivindicaciones y en la exigencia de buscar soluciones a las mismas pues somos conscientes de las limitaciones competenciales de una presidencia precaria, atípica estatutariamente, y que, su ejercicio accidental, lo ha de ser para, junto con el comité directivo (órgano que sigue vigente), ir avanzando en los contenidos y promover, a la mayor premura, el proceso electivo para superar la crisis institucional a la que ha llevado la dimisión del, hasta el 30 de julio, presidente del CAZG”.
En este punto añaden desde el comité que “tendría una mala interpretación laboral el que se quisiese aprovechar esta accidentalidad, como ya ocurriera con otros cargos, como una coartada para eternizar las soluciones, dilatar y disolver con el paso del tiempo el conflicto laboral abierto y recrudecido por el poco afortunado tratamiento de destacados miembros de la entidad consorcial”.
“Nuestro propósito principal es evitar un conflicto no deseado; pero, para ello debe abrirse un proceso regulado, basado en la buena fe y en la voluntad de alcanzar acuerdos, premisas sin las cuales no será posible restaurar la paz social en la entidad abastecedora de agua potable en alta a la mayor parte de la provincia”, se advierte.
El CAZG (del que ya no forma parte la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que ha dejado abandonados a los ayuntamientos), está integrado por los siete municipios de la Bahía, y además por: Algar, Arcos, Barbate, Conil, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, San José del Valle, Sanlúcar, Tarifa, Trebujena, Vejer y Benalup. A través del mismo, se abastece de agua potable a una población de entre 800.000 y 1,2 millones de personas. Su objetivo principal es la prestación del ciclo integral del agua de las poblaciones que participan en el mismo, con base en los principios de integración de la gestión, homogeneidad de la calidad del servicio y uniformidad de las tarifas en dicho ámbito territorial.
